El máximo tribunal del país desestimó de forma definitiva los recursos de la administración comunal tras acreditarse el hostigamiento sistemático contra una jefa de UTP. El fallo obliga al pago de indemnizaciones, una intervención al clima laboral del recinto y disculpas públicas del agresor Pedro Jara Ulloa bajo pena de reclusión.
La Corte Suprema ratificó un lapidario fallo contra la Municipalidad de Temuco por vulneración de derechos fundamentales, tras acreditarse el acoso y hostigamiento laboral ejercido por el director de la Escuela Armando Dufey, Pedro Jara Ulloa, en contra de una profesora del establecimiento. El máximo tribunal del país desestimó de forma definitiva los recursos presentados por la administración municipal, cerrando un litigio de dos años y dejando al descubierto las graves falencias en la protección de los trabajadores de la educación comunal.
La afectada, quien se desempeñaba como jefa de la Unidad Técnica Pedagógica (UTP) del prestigioso recinto, debió abandonar sus funciones producto del maltrato sistemático de su superior. La batalla judicial comenzó ante los tribunales laborales, instancia donde el municipio inició un persistente blindaje institucional que fracasó sucesivamente en el Juzgado del Trabajo, la Corte de Apelaciones y, finalmente, en la Corte Suprema.
El costo de la impunidad municipal: Condena y reubicación.
El dictamen de la Suprema no solo ratifica la culpabilidad de la contraparte, sino que impone una serie de medidas reparatorias obligatorias que ponen en jaque la gestión del Departamento de Educación Municipal (DAEM):
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- Indemnización y costas: El municipio deberá desembolsar $5 millones de pesos (monto reajustable) por concepto de indemnización a la víctima, sumado a $1 millón por las costas del proceso.
- Intervención interna: La sentencia exige la realización obligatoria de un estudio de clima laboral y capacitaciones de concientización al personal de la Escuela Armando Dufey.
- Reubicación protegida: La docente será restituida en su cargo de jefa de UTP, pero en otro establecimiento municipal de Temuco para garantizar su integridad.
Disculpas obligatorias bajo amenaza de arresto.
El aspecto más crítico y punzante de la resolución apunta directamente al agresor. El director Pedro Jara Ulloa está obligado por ley a emitir una carta formal de disculpas por escrito a la afectada.
Según confirmó el abogado demandante, Andrés Anticoy, el cúmplase de la sentencia ya fue notificado formalmente al municipio. De existir cualquier desacato o tardanza en la ejecución de los puntos anteriores, la Municipalidad de Temuco arriesga nuevas multas en el Juzgado Laboral. En el caso del director Jara, la negativa a redactar las disculpas correspondientes podría activar de inmediato una orden de detención en su contra por desacato judicial, transformando el escándalo administrativo en una inminente orden de reclusión.
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