Los funcionarios habrían cobrado hasta $400 mil por ingresar teléfonos celulares al recinto penitenciario. La investigación de la PDI apunta a una red que involucraría a funcionarios de Gendarmería, internos y personas externas al penal. Diez personas serán formalizadas este martes.
Lo que debía ingresar a la cárcel bajo estrictos controles de seguridad entraba, aparentemente, por la puerta de quienes tenían precisamente la responsabilidad de impedirlo.
Cuatro funcionarios de Gendarmería fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una investigación por tráfico de drogas, cohecho, asociación ilícita e ingreso de elementos prohibidos al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Collipulli.
Los gendarmes serán formalizados durante esta tarde junto a otras diez personas, entre ellas cuatro internos del propio recinto. La investigación busca establecer el funcionamiento y alcance de una presunta red que habría convertido el ingreso irregular de encomiendas y teléfonos celulares en un negocio lucrativo dentro de la cárcel.
Y las cifras reveladas hasta ahora son elocuentes: por ingresar un teléfono celular se habrían cobrado entre $200 mil y $400 mil, dependiendo del caso.
El negocio de las encomiendas.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal Carlos Bustos, la investigación comenzó a tomar forma en mayo de 2025, cuando se detectó un brusco incremento en el ingreso de encomiendas al recinto penitenciario de Collipulli.
La alerta no era menor. Las encomiendas tenían como origen la comuna de Paine, en la Región Metropolitana, y eran enviadas mediante empresas formales hasta Collipulli. Allí, una persona las recibía y posteriormente las entregaba a funcionarios de Gendarmería.
El paso decisivo, según la investigación, se producía dentro del propio sistema penitenciario: eran los funcionarios quienes ingresaban las encomiendas al recinto para hacerlas llegar posteriormente a los internos.
Es decir, una cadena que comenzaba fuera de la cárcel terminaba atravesando los controles penitenciarios con la presunta colaboración de quienes debían garantizar que esos controles funcionaran.
Hasta $400 mil por un celular.
Los teléfonos celulares aparecen como uno de los negocios más rentables de esta presunta estructura.
El fiscal Bustos señaló que la investigación permitió establecer distintos pagos por el ingreso de aparatos telefónicos: $200 mil en algunos casos, $350 mil en otros y hasta $400 mil aproximadamente.
No se trataría, por tanto, de episodios aislados o de una operación improvisada. La existencia de distintos pagos, sumada al aumento de las encomiendas detectado desde mayo del año pasado, es parte de los antecedentes que sustentan la investigación.
Según el fiscal, además, existen pagos que han podido ser documentados mediante el levantamiento del secreto bancario.
“Hay bastantes pagos dentro de la investigación”, explicó Bustos, dando cuenta de que la indagatoria no se sostiene únicamente en testimonios, sino también en antecedentes financieros que ahora deberán ser examinados durante el proceso judicial.
Cuando el control se convierte en negocio.
El caso vuelve a poner bajo escrutinio uno de los puntos más sensibles del sistema penitenciario: los controles destinados a impedir que drogas, teléfonos y otros elementos prohibidos ingresen a las cárceles.
La particular gravedad de la investigación radica precisamente en que los acusados serían funcionarios pertenecientes a la institución encargada de ejercer ese control.
Si los antecedentes son acreditados ante los tribunales, el problema no sería solamente el ingreso clandestino de celulares o encomiendas. Lo que quedaría expuesto sería algo más profundo: la eventual utilización de una estructura institucional para facilitar un negocio ilícito al interior de un recinto penitenciario.
Los celulares, además, no son elementos inocuos dentro de una cárcel. Su ingreso permite mantener comunicaciones que escapan a los mecanismos oficiales de control y puede facilitar otras actividades ilícitas. Por eso, cada aparato que logra atravesar las barreras de seguridad no representa solamente una infracción al reglamento: puede convertirse en una herramienta para mantener y ampliar redes delictivas.
La formalización de los 14 imputados permitirá conocer con mayor precisión qué rol habría cumplido cada uno, cuánto dinero habría circulado y hasta dónde llegaba la estructura investigada.
Por ahora, una cosa aparece con claridad: la investigación no apunta únicamente a quienes intentaban introducir elementos prohibidos a la cárcel, sino también a quienes, desde dentro, presuntamente habrían abierto la puerta.
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