El actual fiscal jefe de Victoria fue designado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, y asumirá el próximo 14 de septiembre. Tendrá por delante un período de ocho años al frente del Ministerio Público regional, en un escenario marcado por investigaciones de alta complejidad y por la necesidad de recuperar la confianza ciudadana.
El abogado Héctor Antonio Leiva Martínez fue designado como nuevo fiscal regional de La Araucanía por el fiscal nacional, Ángel Valencia Vásquez, y asumirá formalmente sus funciones el próximo 14 de septiembre.
Leiva llega al máximo cargo del Ministerio Público en la región después de una trayectoria de más de dos décadas dentro de la institución, iniciada en septiembre de 2000 como fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Victoria.
Abogado egresado de la Universidad de Concepción y con estudios de postgrado en Derecho Penal, posteriormente ejerció como fiscal jefe en Victoria. En marzo de 2014 asumió la jefatura de la Fiscalía Local de Collipulli y, en 2018, pasó a encabezar la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía.
Desde 2022 se desempeña nuevamente como fiscal jefe de Victoria, responsabilidad que mantiene hasta su próximo nombramiento.
Su designación se produjo en el marco del concurso público convocado por la Corte de Apelaciones de Temuco. El Pleno del tribunal elaboró la terna que posteriormente fue remitida al fiscal nacional, de acuerdo con el procedimiento establecido por la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.
Ocho años y una alta responsabilidad.
Leiva asumirá por un período de ocho años, plazo que establece un horizonte suficientemente amplio para implementar una política regional de persecución penal y evaluar sus resultados.
Pero precisamente esa extensión del mandato plantea una primera expectativa: que el nuevo fiscal regional cumpla íntegramente el período para el cual fue designado y que su gestión esté marcada por la continuidad, la independencia y la transparencia.
La Fiscalía Regional de La Araucanía enfrenta, además, investigaciones particularmente sensibles y de alta complejidad. El nuevo jefe del Ministerio Público tendrá que administrar no solo los recursos y prioridades de persecución penal, sino también situaciones capaces de poner a prueba la credibilidad institucional.
Y aquí aparece un asunto que no puede ser soslayado: los eventuales conflictos de interés y la necesidad de que las inhabilidades sean aplicadas con el máximo rigor.
Durante los últimos años, distintas actuaciones de fiscales regionales han generado cuestionamientos públicos respecto de eventuales vínculos o circunstancias que podían comprometer —o hacer necesario revisar— su participación en determinadas investigaciones.
Entre los casos mencionados en el debate regional se encuentran las investigaciones relacionadas con la Universidad Autónoma de Chile y con el asesinato de la psicóloga estadounidense Erica Hagan. En torno a estos procesos se han planteado cuestionamientos respecto de la eventual necesidad de inhabilitación de autoridades del Ministerio Público.
Más allá de las responsabilidades específicas que correspondan determinar en cada caso, el nuevo fiscal regional tendrá una oportunidad para establecer un estándar inequívoco: cuando exista una circunstancia que pueda generar dudas razonables sobre la imparcialidad de una investigación, la transparencia debe estar por encima de cualquier consideración interna.
No basta con investigar. También es necesario que la ciudadanía tenga confianza en que quien investiga está en condiciones de hacerlo con absoluta independencia.
El desafío de recuperar la confianza.
La llegada de Héctor Leiva abre una nueva etapa para la Fiscalía Regional de La Araucanía.
Su experiencia dentro del Ministerio Público puede ser una fortaleza para enfrentar los complejos escenarios que presenta la región. Pero esa experiencia también elevará las expectativas respecto de su gestión.
El desafío no será solamente perseguir los delitos y encabezar investigaciones complejas. También deberá demostrar que la Fiscalía regional puede actuar con independencia, transparencia, coherencia y estricto apego a las reglas de inhabilitación cuando corresponda.
El nuevo fiscal tendrá ocho años para hacerlo.
Y desde el 14 de septiembre comenzará a correr el reloj.
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