Gobernador René Saffirio informó que el órgano contralor determinó que el acuerdo adoptado por el Consejo Regional el 25 de agosto “no se ajustó a derecho”. El Ejecutivo regional deberá reingresar la propuesta y el Core tendrá que pronunciarse nuevamente sobre los proyectos que superaron la evaluación técnica.
Una nueva controversia se instala en torno al concurso del 8% del Gobierno Regional de La Araucanía. A través de un comunicado público y un video difundido por la propia Gobernación Regional, el gobernador René Saffirio informó que la Contraloría General de la República se pronunció favorablemente respecto de la presentación que realizó para cuestionar el procedimiento seguido en la aprobación de los proyectos.
Según explicó Saffirio, el pronunciamiento del órgano contralor reafirma que los concursos públicos deben someterse estrictamente a las bases que los regulan y garantizar la igualdad entre quienes participan.
El punto central del dictamen, de acuerdo con la interpretación entregada por el gobernador, estaría en la modificación de la nómina de proyectos durante la etapa de aprobación. Saffirio sostuvo que se intentó sustituir iniciativas que habían sido validadas técnicamente por otras que no respetaban el orden de prelación establecido.
“Alterar la nómina definitiva en la etapa de aprobación (…) vulnera los principios que rigen los actos administrativos”, afirmó el gobernador, quien agregó que la Contraloría determinó que el Acuerdo N° 582, adoptado el 25 de agosto, “no se ajustó a derecho”.
Un proceso que involucra a 1.271 organizaciones.
El alcance del episodio no es menor. De acuerdo con los antecedentes entregados por la Gobernación, el proceso contempla una nómina de 1.271 organizaciones sociales seleccionadas en las 32 comunas de La Araucanía.
La controversia, por tanto, no se reduce a una disputa administrativa entre autoridades. Detrás de la discusión sobre la nómina y el procedimiento existen organizaciones comunitarias que esperan la definición de recursos públicos para ejecutar sus respectivos proyectos.
Precisamente por ello, la determinación del órgano contralor vuelve a poner el foco sobre una cuestión particularmente sensible en este tipo de concursos: si una vez concluida la evaluación técnica pueden modificarse los resultados durante la etapa política de aprobación y bajo qué condiciones puede hacerlo el órgano colegiado.
La respuesta de la Contraloría, según lo informado por el Gobierno Regional, apunta a que las reglas del concurso deben mantenerse durante todo el procedimiento y que la decisión administrativa debe respetar las bases y el orden resultante de la evaluación.
El Consejo Regional deberá volver a pronunciarse.
El pronunciamiento contralor no significa, según lo anunciado por la Gobernación, que los recursos sean entregados automáticamente a las organizaciones que aparecen en la nómina técnica.
Lo que viene ahora es un nuevo trámite. El gobernador deberá reingresar al Consejo Regional el mensaje correspondiente y el cuerpo colegiado tendrá que ejercer nuevamente sus atribuciones respecto de la nómina de proyectos que superaron la evaluación técnica.
Desde la Gobernación precisaron que los consejeros deberán aprobar o rechazar la propuesta “de manera fundada”, en concordancia con lo determinado por la entidad de control.
El escenario deja así al Consejo Regional nuevamente en el centro de una decisión que afecta directamente la distribución de recursos públicos destinados a organizaciones sociales de toda la región.
Transparencia, legalidad y certezas.
Saffirio presentó el dictamen como un respaldo a la necesidad de resguardar la transparencia y la legalidad del concurso. “Seguiremos trabajando con absoluta transparencia y apego a la ley para resguardar la probidad en el uso de los fondos públicos”, señaló.
Pero el episodio también deja expuesta una dificultad institucional que trasciende la disputa puntual: la necesidad de que los concursos financiados con recursos públicos cuenten con reglas claras y que esas reglas sean respetadas desde la evaluación hasta la decisión final.
Para las organizaciones participantes, el problema es concreto. Mientras las autoridades vuelven a discutir la nómina, persiste la incertidumbre respecto de cuándo y bajo qué resolución definitiva podrán acceder a los recursos.
El próximo paso estará ahora en manos del Consejo Regional. Deberá pronunciarse nuevamente sobre los proyectos que superaron la evaluación técnica, esta vez bajo el escrutinio de un dictamen de Contraloría que, según informó el propio Gobierno Regional, cuestionó la legalidad del acuerdo adoptado el 25 de agosto.
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