Por: Bastián Jul Silva – Vicepresidente Partido Socialista
El Gobierno presentó su primera Ley de Presupuesto con una frase elegida con pinza: “expansión mesurada”. Pero basta conocer las partidas para descubrir otra cosa: un ajuste presupuestario y rebaja impositiva que no se paga en los barrios acomodados, sino que en la educación pública y en la Salud.
El primer truco está en la base de comparación. El 1,5% de crecimiento del gasto se calcula sobre la ejecución de 2026, es decir, sobre un presupuesto que el propio Ejecutivo ya recortó por decreto en marzo, sin pasar por el Congreso.
En educación, el Mineduc sube 3,9% nominal, pero apenas 0,78% real. Y dentro de esa cifra está la letra chica: se elimina “Yo elijo mi PC”, que el año pasado entregó casi 100 mil computadores a estudiantes de 7° básico; los Liceos Bicentenario caen 46,7% real; la infraestructura de la educación pública, casi 20%; el fondo de reactivación educativa, 55%; los SLEP pierden unas 83 mil horas docentes, y el aporte institucional a las universidades estatales baja 12,4% real. El alza para jardines infantiles es bienvenida, pero no compensa el tijeratazo al emparejamiento de la cancha de las oportunidades: es desvestir a un santo para vestir a otro.
En salud ocurre lo mismo. La ministra Chomali celebra un aumento de 4,7%, pero omite que en marzo se le quitaron $413 mil millones al sector. Como advierte la FENATS, más que expansión es una reposición parcial de lo perdido. El per cápita de la atención primaria, congelado hace dos años en $12.250, sube apenas $604: menos de lo que piden los funcionarios que estuvieron en paro esta semana.
Los hospitales siguen operando con un déficit de 16% de sus costos y el Colegio Médico ya advirtió que los recursos no alcanzan para todo el año. Menos presupuesto significa menos insumos, menos personal y listas de espera más largas para los más de 15 millones de personas que se atienden en el sistema público.
¿Quién paga la cuenta del ajuste de impuesto? La clase media y los sectores populares, que no tienen colchón. Cuando el consultorio no da hora, pagan la consulta particular, si alcanza. Cuando el colegio no entrega computador, compran uno en cuotas, si alcanza. Cada peso que el Estado retira termina en el presupuesto familiar, y eso en un país con 9,6% de desempleo, el nivel más alto en más de cinco años y cerca de 990 mil personas sin trabajo.
Lo que más indigna es la comparación. El mismo proyecto que aumenta en 9,1% el gasto en seguridad, hasta $7 billones, no encontró los $35 mil millones que costaba entregar computadores a los niños de la educación pública, en un mundo digital. No es falta de plata: es una decisión sobre a quién se le pide el esfuerzo. Es inevitable recordar la no aplicación del MEPCO, es la misma racionalidad.
El Presidente dice que los programas con malos resultados no recibirán más recursos “hasta que ordenemos la casa”. Pero la casa no se ordena quitándole el computador a un niño ni la hora médica a un paciente. Tanto es así que hasta parlamentarios oficialistas y alcaldes de distintos signos ya anunciaron que buscarán revertir los recortes.
El Congreso tiene 60 días para corregir este proyecto. Desde el socialismo no vamos a validar un presupuesto que se equilibra sobre las espaldas de las familias trabajadoras. Un presupuesto es la declaración de principios más honesta de un gobierno. Y este dice con claridad a quién está dispuesto a dejar atrás.
&-Fcc
Para cualquier comunicación, entrega de antecedentes de forma privada o denuncia,
a través del teléfono +56 9 9841 47462, WhatsApp +56 9 6419 5500, o al correo contacto@noticiascomunitarias.cl
"Para pensar, comentar y compartir"