Señor Director:
Resulta ofensivo escuchar, una vez más, discursos que llaman a la “prudencia” y al “sentido común” para justificar el retiro del Plan de Descontaminación del Lago Villarrica.
Ofensivo, porque quienes hoy piden revisar y postergar, han sido parte —directa o indirectamente— del modelo que permitió el deterioro del lago.
No estamos frente a una discusión técnica. Estamos frente a una crisis ambiental provocada por decisiones políticas, omisiones deliberadas y la presión constante de intereses económicos que han operado durante años con una impunidad casi naturalizada.
El Lago Villarrica no se contaminó solo. No se eutrofizó por accidente. No perdió humedales por obra del destino. Se contaminó porque se permitió construir sin límites.
Porque se transformaron playas públicas en extensiones privadas del lujo inmobiliario. Porque se rellenaron ecosistemas esenciales para maximizar la rentabilidad del suelo. Porque se descargaron aguas servidas mientras las autoridades miraban hacia otro lado o relativizaban el daño.
Hoy, cuando la evidencia científica y la experiencia cotidiana de los habitantes confirman el deterioro del lago, aparece el discurso tranquilizador de quienes hablan de “hacer las cosas bien”. Pero la pregunta es inevitable:
¿Dónde estaba esa preocupación cuando se autorizaban proyectos que hoy sabemos fueron parte del problema?
La historia local está llena de señales de este desprecio por el patrimonio común. Basta recordar decisiones absurdas y dañinas, como la extracción de arenas de las playas durante la dictadura para abaratar costos urbanos.
Ese tipo de lógica —la lógica del ahorro inmediato y la ganancia rápida— es la misma que hoy pretende disfrazarse de responsabilidad institucional.
Lo que se intenta instalar es peligroso: La idea de que actuar con decisión frente a una emergencia ambiental sería apresurado, mientras que postergar indefinidamente sería un gesto de gobernanza madura. No. Eso no es prudencia. Eso es protección política de intereses económicos.
Cuando un diputado minimiza la urgencia ecológica de su propio territorio, no está defendiendo el desarrollo. Está defendiendo un modelo que concentra beneficios privados y socializa los costos ambientales. Porque la contaminación del lago no la pagan las inmobiliarias.
La pagan los habitantes. La pagan los pequeños emprendedores turísticos. La pagan las futuras generaciones que heredarán un ecosistema degradado. Aquí no hay neutralidad posible.
O se está del lado de la recuperación efectiva del lago, con medidas firmes y oportunas, o se está del lado de quienes han lucrado con su deterioro.
El Lago Villarrica no necesita discursos tranquilizadores. Necesita decisiones valientes. Y sobre todo, necesita que el poder deje de relativizar lo que para la ciudadanía ya es una emergencia evidente.
Carlos Alberto Masciocchi