Tomás Rivero, uno de los colaboradores cuya desvinculación cuestionó la subsecretaria de Ciencias, enfrenta un sumario administrativo por la presunta sustracción de un objeto durante una actividad oficial. El caso se suma a la denuncia por Ley Karin que enfrenta la propia Rossi y profundiza las interrogantes sobre sus decisiones, sus vínculos con colaboradores y la crisis interna que afecta al Ministerio de Ciencia.
La crisis al interior del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación suma nuevos antecedentes y vuelve a poner bajo escrutinio a la subsecretaria Carolina Rossi, quien ha cuestionado las decisiones de la ministra Ximena Lincolao respecto de la salida de funcionarios de la repartición.
Esta vez, el foco está puesto en Tomás Rivero, uno de los colaboradores cuya desvinculación provocó la reacción de Rossi y que, según antecedentes recogidos por este medio, enfrenta un sumario administrativo por una presunta sustracción de especies durante una actividad oficial.
El episodio abre interrogantes sobre los motivos de la defensa que la subsecretaria ha hecho de determinados integrantes de su equipo, especialmente considerando los antecedentes administrativos que rodearían a uno de ellos.
La controversia adquiere mayor dimensión porque la propia Rossi enfrenta una denuncia por presunto maltrato laboral en el marco de la Ley Karin, cuya gravedad y tramitación también han generado cuestionamientos dentro del ministerio.
La denuncia por Ley Karin que compromete a Rossi.
El 30 de octubre, T13 dio a conocer una denuncia presentada contra Carolina Rossi, en la que una funcionaria describe una serie de episodios que atribuye a malos tratos y conductas impropias en el ejercicio de sus funciones.
El relato incluye un supuesto episodio de agresión física ocurrido el 28 de octubre, cuando la denunciante habría acudido a la oficina de la subsecretaria para comunicarle antecedentes confidenciales sobre un eventual caso de acoso sexual que afectaría a una funcionaria del ministerio.
«Al intentar plantearle la situación, la subsecretaria me empujó físicamente hacia fuera de su oficina y cerró la puerta frente a mí», señala el documento citado por T13.
La presentación también describe otros episodios ocurridos entre agosto y octubre, incluyendo reuniones en las que Rossi habría levantado la voz y tratado de manera inadecuada a funcionarios de su dependencia.
En uno de esos pasajes, la denunciante sostiene que la subsecretaria se habría referido en malos términos a los asistentes y que sus expresiones provocaron una fuerte afectación emocional entre los trabajadores presentes.
Se trata de acusaciones graves que requieren una investigación y una respuesta institucional. Desde el entorno de Rossi, sin embargo, se rechazó la existencia del supuesto empujón y se descartaron los malos tratos descritos. El Ministerio, por su parte, señaló que no había recibido formalmente la denuncia al momento de conocerse públicamente.
La situación plantea otra interrogante: ¿qué medidas se han adoptado para garantizar una investigación oportuna, independiente y transparente?
Tomás Rivero: el funcionario que Rossi salió a defender.
Uno de los nombres que aparece en el centro de la controversia es el de Tomás Rivero, bioquímico que se desempeñaba en el Ministerio de Ciencia mediante un contrato a honorarios y que formaba parte del equipo de colaboradores de Carolina Rossi.
Según los registros de transparencia citados en los antecedentes de esta investigación, Rivero percibía honorarios mensuales por $4.166.667.
Entre sus funciones figuraban la articulación de relaciones con actores científicos, tecnológicos y estratégicos; la coordinación de agendas transversales; la implementación de la Estrategia Nacional de Biotecnología y el desarrollo de iniciativas de transferencia científico-tecnológica.
Sin embargo, su paso por la cartera también quedó marcado por un episodio que habría ocurrido hace aproximadamente tres meses, durante un viaje oficial al sur del país.
De acuerdo con antecedentes entregados a este medio, Rivero habría sido acusado por otros funcionarios de sustraer un objeto que formaba parte de una exposición visitada por la comitiva ministerial. El hecho habría sido presenciado por integrantes de la delegación, quienes posteriormente lo habrían confrontado y puesto los antecedentes en conocimiento de las instancias correspondientes.
A raíz de esta situación se habría iniciado un sumario administrativo para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.
Es importante precisar que la existencia de un sumario no equivale a una condena ni acredita por sí sola la comisión de un delito. Sin embargo, constituye un antecedente relevante que debe ser aclarado, especialmente cuando se trata de funcionarios que desempeñan labores financiadas con recursos públicos.
También corresponde establecer en qué estado se encuentra esa investigación administrativa, qué diligencias se han realizado y si existen antecedentes que respalden la denuncia.
La defensa de Rossi y el enfrentamiento con Lincolao.
Pese a estos antecedentes, Carolina Rossi manifestó su desacuerdo con la decisión de la ministra Ximena Lincolao de desvincular a Rivero y a otros colaboradores.
En un correo electrónico difundido por Radio Bío Bío, la subsecretaria cuestionó que las decisiones se hubieran adoptado sin informarle previamente.
«El día de hoy me enteré en el mismo momento de la desvinculación de Agustina Gonzáles, Tomás Rivero y Magdalena Calcagni. Si bien estoy hoy como ministra (s), me hubiese gustado que me lo hubiesen informado, comunicado anteriormente», escribió Rossi.
En el mismo mensaje agregó:
«Dejo aquí escrito que no estoy de acuerdo con esta decisión por varias razones que podemos conversar el lunes. Además de ello, considero que la forma fue poco ética y creo que hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de personas».
La comunicación dejó en evidencia el profundo desacuerdo entre ambas autoridades y volvió a tensionar la relación jerárquica dentro del ministerio.
Pero hay una cuestión adicional que merece ser aclarada: ¿conocía Rossi los antecedentes del sumario administrativo que involucraba a Rivero cuando salió públicamente a cuestionar su desvinculación? ¿Qué razones concretas tuvo para defender su continuidad?
Son preguntas legítimas que deberían tener respuesta, considerando que se trata de decisiones administrativas que involucran recursos públicos y responsabilidades institucionales.
Los vínculos políticos y las dudas sobre la conducción del ministerio.
Otro aspecto que ha llamado la atención de funcionarios de la repartición es la supuesta cercanía de Carolina Rossi con integrantes del Segundo Piso de La Moneda.
Fuentes consultadas sostienen que la subsecretaria habría manifestado confianza en su continuidad debido a su relación personal con Alejandro Irarrázaval, jefe de asesores de la Presidencia.
Hasta ahora, no existen antecedentes públicos suficientes para establecer que esa supuesta relación haya influido en las decisiones del Gobierno o en la permanencia de Rossi en el cargo. No obstante, la versión merece ser contrastada con la propia autoridad y con La Moneda, especialmente en medio de las diferencias que mantiene con la ministra.
La controversia tampoco se limita a Rivero. Funcionarios del ministerio han mencionado otros nombres y antecedentes relacionados con denuncias laborales, entre ellos el de Sebastián Díaz, cuya situación también requiere ser aclarada documentalmente antes de establecer cualquier responsabilidad.
Lo que resulta evidente es que el Ministerio de Ciencia enfrenta una crisis que ya no puede explicarse únicamente como una diferencia de estilos entre dos autoridades.
Las denuncias laborales, los sumarios administrativos, las desvinculaciones y los cuestionamientos cruzados han instalado un escenario que exige respuestas concretas.
La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se utilizan los recursos públicos, cuáles son los antecedentes que justifican la permanencia o salida de los colaboradores del Estado y si las autoridades están actuando conforme a las obligaciones que les impone la ley.
Porque en un ministerio público no deberían existir funcionarios intocables ni defensas personales que estén por encima de los procedimientos administrativos.
La ciencia, la tecnología y el conocimiento necesitan instituciones que funcionen, no reparticiones paralizadas por conflictos internos. Y esa responsabilidad corresponde, en primer lugar, a quienes tienen el mandato de conducirlas.
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