Por: Marco Antonio Vásquez Ulloa, Contador Público y Auditor de la Universidad de la Frontera, Ingeniero Comercial de la Universidad Autónoma de Chile, Magister en Gestión Empresarial de la Universidad de la Frontera en alianza con la Write State University de Ohio de U.S.A., Gerencia Social y Políticas Públicas en la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) Chile, y en Entrepreneurship Education Babson College U.S.A.
El sistema previsional chileno exhibe una contradicción que merece una discusión seria: mientras las administradoras de fondos de pensiones han construido un negocio altamente rentable, una parte importante de quienes trabajaron durante décadas llega a la jubilación con ingresos insuficientes.
En 2025, las AFP registraron utilidades por $691.498 millones, un 22% más que el año anterior. La rentabilidad sobre el patrimonio de la industria alcanzó 23,21%, según la Superintendencia de Pensiones. Son resultados empresariales relevantes, que muestran la capacidad del negocio para generar ganancias para sus propietarios.
Pero ¿qué ocurre con los trabajadores? Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en 2025 la mitad de las personas ocupadas recibió ingresos líquidos iguales o inferiores a $680.000 mensuales. Sobre esa realidad laboral se construye buena parte del ahorro previsional: salarios bajos, cotizaciones intermitentes y lagunas laborales terminan convirtiéndose en pensiones reducidas.
Los datos de jubilación son elocuentes. Durante 2024, la mediana de la primera pensión autofinanciada de los nuevos pensionados de vejez fue de apenas $100.140 mensuales. En las mujeres alcanzó $50.134, mientras que en los hombres llegó a $160.902. Son cifras que no incluyen la PGU y que evidencian las profundas desigualdades acumuladas durante la vida laboral.
Es necesario transparentar el modelo. Las utilidades de las AFP no significan que hayan retirado directamente los ahorros de las cuentas individuales: esos recursos pertenecen a los afiliados y están separados del patrimonio de las administradoras. Sus ingresos provienen principalmente de las comisiones y del resultado de sus inversiones, incluido el encaje obligatorio. Sin embargo, administrar un ahorro obligatorio y obtener altas rentabilidades no puede ser el único indicador de éxito de un sistema previsional.
Tampoco sería serio responsabilizar exclusivamente a las AFP. Los bajos salarios, la informalidad, las lagunas de cotización, la desigualdad de género y una tasa de ahorro insuficiente forman parte del problema. Pero precisamente ahí está la crítica al diseño original: hizo descansar excesivamente la seguridad de la vejez en la capacidad individual de ahorro, sin reconocer suficientemente las desigualdades del mercado laboral ni garantizar un componente solidario robusto.
La PGU y la reforma previsional avanzan en corregir parte de esas debilidades. Es un paso necesario, aunque sus resultados deberán evaluarse.
La pregunta de fondo es económica y también ética: ¿Puede considerarse exitoso un sistema que genera importantes ganancias para sus administradoras, pero no asegura pensiones suficientes a quienes lo financiaron con su trabajo?
La previsión no debiera medirse por la rentabilidad de las empresas que administran los ahorros, sino por la seguridad económica que entrega a las personas al terminar su vida laboral. El propósito de un sistema de pensiones no es producir buenos negocios; es garantizar una vejez digna.
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