Las dificultades para obtener muestras genéticas aptas mantienen pendiente la identificación de dos fallecidos en el siniestro que destruyó un hogar de ancianos que operaba ilegalmente en el sector de Comuy. En paralelo, la Fiscalía continúa reuniendo antecedentes para determinar eventuales responsabilidades penales por una tragedia en la que otras 10 personas lograron sobrevivir.
A 46 días del incendio que terminó con la vida de 16 adultos mayores en el sector rural de Comuy, en la comuna de Pitrufquén, dos de las víctimas todavía permanecen sin identificar. Mientras los equipos especializados continúan trabajando para establecer sus identidades mediante pruebas de ADN, la investigación penal sigue a la espera de nuevos antecedentes que permitan esclarecer las circunstancias de la tragedia y determinar quiénes podrían responder ante la justicia.
El incendio ocurrió la noche del 11 de septiembre y destruyó un hogar de ancianos que funcionaba de manera ilegal. El saldo fue devastador: 16 personas fallecidas y otras 10 rescatadas con vida.
Pese al trabajo desplegado desde la emergencia, la identificación de dos de los cuerpos continúa pendiente. La seremi de Justicia, Stephanie Caminondo, confirmó que las diligencias todavía no han permitido establecer sus identidades, debido a dificultades relacionadas con la calidad de las muestras disponibles para los análisis genéticos.
La situación mantiene abierto un proceso especialmente complejo para las autoridades forenses y prolonga la incertidumbre respecto de la identidad de las dos personas fallecidas.
Identificación pendiente y análisis genéticos.
La Policía de Investigaciones (PDI) continúa examinando las muestras para intentar confirmar la identidad de ambas víctimas mediante pruebas de ADN. La calidad del material disponible constituye una dificultad para avanzar en el procedimiento, por lo que aún no existe una confirmación definitiva.
La identificación de los fallecidos es una de las tareas que permanecen pendientes tras el incendio. Sin embargo, el esclarecimiento de la tragedia también exige establecer cómo se produjo la emergencia, cuáles eran las condiciones en que funcionaba el establecimiento y qué responsabilidades podrían derivarse de los hechos.
Fiscalía espera nuevos antecedentes para definir responsabilidades.
En el ámbito penal, el fiscal César Schibart señaló que el Ministerio Público se encuentra a la espera de informes de instituciones públicas para incorporarlos a la carpeta investigativa.
Estos antecedentes forman parte de las diligencias destinadas a reconstruir lo ocurrido y reunir elementos que permitan adoptar decisiones respecto de los eventuales delitos y de las personas que podrían ser responsables.
Hasta ahora, la investigación continúa en desarrollo y no se ha informado una determinación definitiva sobre las imputaciones que podrían formularse. La Fiscalía deberá evaluar los antecedentes reunidos antes de resolver los pasos procesales correspondientes.
Un establecimiento ilegal bajo el foco de la investigación.
La tragedia también mantiene bajo escrutinio las circunstancias en que operaba el hogar de ancianos destruido por las llamas. El hecho de que el recinto funcionara ilegalmente plantea interrogantes sobre las condiciones de seguridad del establecimiento, los controles que pudieron haberse realizado y la eventual existencia de responsabilidades por su funcionamiento.
Esos aspectos requieren ser esclarecidos mediante antecedentes verificables y diligencias oficiales. La condición irregular del recinto, por sí sola, no permite establecer responsabilidades penales específicas, pero constituye un elemento relevante para comprender el contexto en que ocurrió el incendio.
A 46 días de la emergencia, el caso mantiene dos tareas fundamentales pendientes: identificar a todas las víctimas y esclarecer las eventuales responsabilidades por una tragedia que costó la vida a 16 adultos mayores. El avance de las pericias y la incorporación de nuevos antecedentes a la investigación serán determinantes para establecer qué ocurrió aquella noche y si hubo conductas penalmente responsables.
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