La investigación apunta a una organización que habría comercializado señales televisivas sin autorización desde 2018 mediante las plataformas Ultra IPTV y Mega IPTV. El operativo incluyó allanamientos en la Región Metropolitana y La Araucanía, la detención de 16 personas en el marco de la investigación y la incautación de vehículos de alta gama y una avioneta.
Una investigación por presuntos delitos vinculados a la retransmisión ilegal de señales de televisión por internet dejó al descubierto una operación comercial que, según los antecedentes entregados por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público, habría generado más de $4.000 millones y alcanzado a cientos de miles de usuarios.
El procedimiento, desarrollado por la Brigada Investigadora de Delitos de Propiedad Intelectual (BRIDEPI) y la Brigada Investigadora de Lavado de Activos Metropolitana (BRILAC), en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Oriente y equipos policiales de La Araucanía, permitió avanzar en la investigación de una presunta estructura dedicada a comercializar suscripciones a través de las plataformas Ultra IPTV y Mega IPTV.
De acuerdo con los antecedentes difundidos por las autoridades, la operación habría funcionado desde 2018 y ofrecido acceso a señales televisivas sin contar con las autorizaciones correspondientes. Las diligencias incluyeron allanamientos en inmuebles de la Región Metropolitana y La Araucanía, además del análisis de más de 150 cuentas bancarias.
La investigación también derivó en el congelamiento de 117 cuentas vinculadas a 11 entidades bancarias y en la incautación de cuatro vehículos de alta gama y una avioneta, bienes que las autoridades relacionan con el patrimonio investigado.
Un negocio bajo investigación por millones de pesos.
La magnitud económica es uno de los aspectos centrales del caso. Según la fiscal regional Metropolitana Oriente, Lorena Parra, el perjuicio asociado a la operación superaría los $4.000 millones.
La persecutora sostuvo que la organización habría obtenido ingresos mediante la comercialización de señales sustraídas y decodificadas, distribuidas a través de empresas que, según la investigación, serían falsas o habrían operado como fachadas.
“Este grupo, al sustraer esta señal y al decodificar, la comercializaba a las distintas víctimas a través de empresas fachadas, falsas, inexistentes”, señaló Parra.
La fiscal agregó que alrededor de 400.000 personas habrían contratado estos servicios desde 2018. Esa cifra dimensiona el alcance comercial que las autoridades atribuyen a la operación, aunque no significa que todos esos usuarios hayan participado de los presuntos delitos investigados.
La distinción es relevante: la investigación apunta a quienes habrían organizado y lucrado con la distribución no autorizada de contenidos, mientras que la situación de los usuarios no puede equipararse automáticamente a la de los responsables de la presunta estructura.
Lavado de activos y otros delitos.
Según la Fiscalía, entre los delitos que se buscaría formalizar figuran infracciones a la legislación sobre propiedad intelectual y telecomunicaciones, asociación ilícita, lavado de activos y delitos tributarios.
La investigación financiera habría sido clave para reconstruir el flujo de los recursos y determinar cómo se administraban los ingresos obtenidos mediante las suscripciones. El congelamiento de las cuentas bancarias y la incautación de bienes forman parte de las diligencias destinadas a resguardar activos relacionados con la causa.
El director general de la PDI, Eduardo Cerna, destacó la coordinación entre la policía civil y el Ministerio Público, y describió la presunta estructura como una red integrada por familiares, amigos y conocidos que habría utilizado terceros para comercializar las conexiones.
Las autoridades sostienen que el análisis patrimonial permitió identificar recursos y bienes de valor considerable. Sin embargo, la vinculación definitiva de cada activo con los delitos investigados deberá establecerse mediante los antecedentes de la causa y las decisiones judiciales correspondientes.
La Araucanía, parte del operativo.
La investigación tuvo repercusiones en La Araucanía, donde también se realizaron allanamientos y detenciones como parte de las diligencias coordinadas con los equipos especializados de la PDI.
En total, las autoridades informaron inicialmente de 15 detenciones y posteriormente de un nuevo imputado, con lo que el número de personas aprehendidas en el marco de la investigación llegó a 16.
Los antecedentes disponibles no precisan cuántas de esas personas fueron detenidas específicamente en La Araucanía ni cuál habría sido la función atribuida a cada una dentro de la presunta organización. Esa información resulta relevante para dimensionar el alcance regional del caso y distinguir entre quienes habrían tenido responsabilidades de dirección, administración o comercialización.
Por ahora, la investigación busca establecer la estructura de funcionamiento de la red, el destino de los recursos obtenidos y las responsabilidades penales individuales.
Una precisión sobre la televisión por internet.
El caso también pone en evidencia la importancia de distinguir entre la tecnología IPTV —un sistema legítimo de transmisión de contenidos audiovisuales mediante redes de internet— y su utilización para distribuir señales protegidas sin autorización.
La eventual ilegalidad no radica en la tecnología en sí misma, sino en las conductas específicas investigadas, como la retransmisión no autorizada de contenidos, el eventual uso de estructuras empresariales para ocultar operaciones y el posible lavado de activos.
La investigación deberá determinar ahora la participación de los imputados y acreditar los delitos que correspondan. Hasta que exista una sentencia condenatoria, las personas involucradas mantienen su presunción de inocencia.
Diario Noticias Comunitarias
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