La exalcaldesa y excandidata presidencial aportará antecedentes sobre el acoso digital que denunció durante la campaña de 2025. La investigación parlamentaria busca esclarecer el eventual uso de cuentas automatizadas y la influencia de mecanismos digitales en la discusión política, en medio de cuestionamientos sobre posibles operaciones coordinadas en redes sociales y vínculos políticos que han sido objeto de controversia.
La exalcaldesa de Providencia y excandidata presidencial Evelyn Matthei participará en la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que indaga el eventual uso de bots y algoritmos para influir en procesos electorales. Su testimonio se centrará en los ataques y episodios de acoso digital que denunció durante su candidatura presidencial, además de los posibles efectos de las campañas de desinformación sobre la competencia política.
La información fue confirmada por el diputado Hotuiti Teao, integrante de la instancia, quien señaló que Matthei entregará un relato escrito y responderá un cuestionario elaborado para recabar antecedentes sobre los hechos que denunció públicamente.
«La exalcaldesa Evelyn Matthei me acaba de confirmar que va a participar en la comisión especial investigadora de la influencia de bots y algoritmos en procesos electorales», afirmó el parlamentario.
Según explicó Teao, la excandidata dará cuenta de cómo experimentó el acoso a través de redes sociales durante la campaña y responderá preguntas sobre los ataques y las eventuales influencias indebidas de algoritmos que denunció en ese período.
El diputado calificó las respuestas como un insumo relevante para el trabajo legislativo. Su importancia, sin embargo, dependerá de la posibilidad de contrastar los antecedentes aportados con evidencia técnica, registros digitales y otros testimonios que permitan establecer el origen, la coordinación y el alcance de las acciones denunciadas.
Más allá del acoso: la capacidad de intervenir la conversación pública.
La comparecencia de Matthei abre una dimensión que va más allá de su experiencia personal: la eventual utilización de herramientas digitales para condicionar la conversación pública durante una elección presidencial.
El problema no se limita a la existencia de cuentas automatizadas. La cuestión central es determinar si hubo operaciones coordinadas destinadas a amplificar mensajes, instalar tendencias, desacreditar candidaturas o alterar artificialmente la percepción de apoyo ciudadano a determinadas posiciones políticas.
Para establecerlo, no basta con identificar publicaciones agresivas o contenidos que alcanzaron una alta difusión. Se requiere determinar si existieron patrones de coordinación, quiénes pudieron organizarlos, qué recursos se utilizaron y si hay evidencia que permita vincular esas acciones con actores políticos específicos.
En sus primeras sesiones, la comisión acordó escuchar a autoridades, especialistas, periodistas y representantes de plataformas digitales como Google, Meta y X. La amplitud de las comparecencias refleja la complejidad de una investigación que debe abordar tanto el funcionamiento de las herramientas digitales como la respuesta de las instituciones frente a posibles usos destinados a distorsionar el debate democrático.
El desafío parlamentario será distinguir entre la actividad legítima de militantes y simpatizantes, la difusión coordinada de contenidos y las operaciones que eventualmente puedan constituir manipulación informativa. Son fenómenos diferentes y requieren antecedentes verificables para evitar conclusiones anticipadas.
Caso Cerimedo: los antecedentes que rodean la investigación.
El caso adquirió relevancia pública tras conocerse antecedentes sobre Fernando Cerimedo, consultor político argentino, en cuyo domicilio se habría encontrado una instalación descrita como una «mini granja de bots» durante diligencias vinculadas a una investigación penal por femicidio frustrado de su expareja.
La existencia de esos equipos, por sí sola, no acredita una intervención electoral ni permite atribuir responsabilidades políticas. Para establecer una conexión se necesitan pruebas sobre su funcionamiento, sus eventuales usuarios, las campañas en que habrían participado y las relaciones entre quienes los operaban y los actores políticos involucrados.
La controversia también ha alcanzado al entorno político vinculado a José Antonio Kast, a raíz de antecedentes difundidos sobre la capacidad de determinados equipos para posicionar contenidos y mantener temas entre las tendencias más visibles de las redes sociales durante la campaña presidencial de 2025.
De acuerdo con fuentes que conocieron esa campaña, el equipo político cercano a Martín Arrau habría sostenido que tenía capacidad para mantener un tema en tendencia durante uno o dos días. El alcance de esa afirmación y las herramientas utilizadas para conseguirlo son materias que requieren corroboración independiente.
Arrau, actual ministro de Seguridad según los antecedentes proporcionados, ha negado tajantemente cualquier vínculo con Cerimedo. Asimismo, sostuvo que el posicionamiento de contenidos durante la campaña respondió al trabajo de un equipo político que movilizaba personas reales y planificaba sus publicaciones.
Esa explicación plantea una cuestión relevante para la investigación: ¿Se trató de una estrategia convencional de comunicación política o existieron mecanismos de amplificación artificial que pudieran modificar la percepción de la conversación pública? La respuesta no puede desprenderse únicamente de las declaraciones de los involucrados; requiere evidencia técnica y documental.
Una prueba para la fiscalización parlamentaria.
La participación de Matthei puede contribuir a precisar la naturaleza y el alcance de los ataques que denunció. No obstante, el valor de su testimonio dependerá de que sus antecedentes puedan contrastarse con registros de publicaciones, patrones de actividad, información de las plataformas y otros elementos que permitan reconstruir los hechos.
La comisión enfrenta, por tanto, una tarea que exige rigor y transparencia. Debe esclarecer si existieron operaciones coordinadas, establecer qué capacidad tuvieron para incidir en el debate electoral y determinar si las instituciones competentes actuaron de manera adecuada ante las denuncias.
En un escenario en que las redes sociales constituyen una plataforma central de la discusión política, la utilización de cuentas automatizadas para simular respaldo, amplificar ataques o instalar artificialmente determinadas narrativas puede afectar la calidad del debate público. Pero la gravedad de esa posibilidad obliga, precisamente, a investigar con pruebas y no mediante inferencias apresuradas.
El testimonio de Matthei será un nuevo antecedente en ese proceso. La pregunta de fondo, sin embargo, sigue pendiente: si hubo mecanismos de manipulación digital durante la campaña presidencial de 2025, ¿Quiénes los utilizaron, con qué objetivos y qué evidencia permitirá establecer responsabilidades?
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