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Por: Cristian Vives Palacios. Ing. Administración Pública, Análisis Geopolítico, Directiva de la Asociación Chilena de Administración Público (ACAP).

Chile, como uno de los 12 signatarios originales del Tratado Antártico de 1959, Chile ha sostenido una presencia continua de casi un siglo en el continente blanco. En un contexto global marcado por crecientes tensiones geopolíticas, disputas estratégicas por recursos naturales y los efectos acelerados del cambio climático, el compromiso del país con el carácter no militar, pacífico y científico de la región sigue siendo el pilar central de su política exterior y su ejercicio de soberanía.

Sin embargo, hoy este escenario esta cambiando, la creciente presión internacional por el control de los recursos estratégicos, las rutas de comercio, han provocado fricciones diplomáticas. Para Chile, responder a esta dinámica ha exigido de pasar de una presencia testimonial a un plan integral de modernización logística e infraestructura científica, civil y militar en el extremo sur del país. No solamente desde el ámbito estructural, también debe ser desde el ámbito demográfico, la ciudadanía también debe ejercer soberanía, poblar el extremo del sur, generar escuelas, supermercados, fuentes de trabajo y turismo, siempre respetando la naturaleza y las condiciones culturales de la zona, sin raptar su modo de vida, la soberanía es trabajo de todos y de todas.

En paralelo, la Región de Magallanes ha terminado de afianzarse como la principal puerta de entrada continental al territorio polar, por lo que su posición geográfica la transformara en la zona más importante del continente. Hoy en día, 22 naciones utilizan la ciudad de Punta Arenas como centro de apoyo operativo, médico y logístico para sus campañas antárticas. Este ecosistema de servicios —que abarca tanto la logística estatal como el turismo de exploración y la investigación universitaria agrupada en el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN)— representa un movimiento económico proyectado en más de 500 millones de dólares para la economía regional.

A nivel estratégico, la actualización de las bases chilenas —como los proyectos en la Base Eduardo Frei Montalva y la Base Profesor Julio Escudero— busca no solo optimizar las operaciones científicas, sino asegurar que las instalaciones nacionales cumplan con los estándares medioambientales más exigentes de la actualidad, esto posiciona a nuestro país como enlace de ciencia, conocimiento e innovación en el área antártica.

El hito más relevante de este esfuerzo es la reciente entrada en operaciones del nuevo rompehielos A.G.B. 46 ‘Almirante Viel’. Diseñado y construido localmente por los astilleros de ASMAR en Talcahuano, la embarcación cuenta con un desplazamiento de 10.500 toneladas y la capacidad de operar en capas de hielo de hasta un metro de espesor. Más que un despliegue naval, este buque funciona como un laboratorio oceanográfico e hidrográfico móvil capaz de albergar a más de 30 científicos en misiones prolongadas, fortaleciendo la capacidad operativa propia en el Océano Austral, Demostrando la capacidad de ingeniería de Chile y la oportunidad de liderar el mercado de rompehielos en las zonas australes del mundo.

Por otro lado, el verdadero reto de fondo para la diplomacia chilena se proyecta hacia mediados de siglo. La reclamación territorial de Chile se superpone históricamente con las de Argentina y el Reino Unido, dentro de un marco donde el Tratado Antártico mantiene ‘congeladas’ las aspiraciones soberanas. El año 2048 marcará una fecha clave: a partir de ese momento, los Estados parte podrán solicitar la revisión del Protocolo de Madrid sobre Protección Medioambiental, el cual prohíbe de forma explícita la explotación minera y extractiva. Ante la eventualidad de que algunas potencias intenten reinterpretar o modificar el estatus de los recursos naturales en la Antártida, Chile debe sostener una postura clara y anticipada. La mejor defensa de los intereses nacionales y de la reclamación histórica no dependerá únicamente de los antecedentes jurídicos, sino del liderazgo efectivo en la investigación del cambio climático, la preservación medioambiental y el respeto irrestricto al carácter pacífico del continente.

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