La incorporación de Perú a la iniciativa impulsada por Estados Unidos fue presentada por el Gobierno de Keiko Fujimori como una herramienta para combatir el crimen organizado transnacional. Sin embargo, especialistas peruanos cuestionan la falta de debate previo y advierten que la declaración aborda materias que van más allá de la seguridad, incluyendo inteligencia, inversiones, minerales críticos y coordinación multilateral.
La decisión de Perú de incorporarse al denominado “Escudo de las Américas” comenzó a abrir un debate que va mucho más allá de la lucha contra el crimen organizado.
La presidenta Keiko Fujimori anunció el 10 de septiembre, tras reunirse en Lima con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que Perú se incorporaría a esta iniciativa regional. El Gobierno peruano presentó la decisión como una herramienta para enfrentar de manera conjunta la criminalidad transnacional, el narcotráfico y las amenazas que operan más allá de las fronteras.
Sin embargo, el contenido de la declaración conjunta posteriormente suscrita por los países participantes muestra un alcance más amplio.
El documento establece tres pilares de cooperación: economía, seguridad y coordinación multilateral. Entre las materias contempladas aparecen el intercambio de información de inteligencia, la cooperación en seguridad, las inversiones, la protección de las cadenas de suministro de minerales críticos y la coordinación de posiciones en organismos internacionales.
Ese alcance abrió interrogantes en Perú sobre cómo se tomó la decisión, qué obligaciones concretas podrían derivarse posteriormente y cuánto margen de autonomía conservará Lima frente a Washington.
Una decisión que llegó rápido.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al proceso político que antecedió a la incorporación.
Ramiro Escobar, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sostiene que, aunque la declaración no tenga necesariamente la naturaleza jurídica de un tratado, sus alcances justifican un debate institucional.
“A mí me parece que aunque el Escudo de las Américas no implique un tratado, sí creo que tiene que pasar por control político”, afirma.
Desde su perspectiva, el mecanismo no debería ser entendido únicamente como una alianza destinada a combatir delitos transnacionales, sino también como un instrumento de coordinación política.
Una crítica similar plantea Juan Carlos Ladines, profesor de Negocios Internacionales de la Universidad del Pacífico, quien cuestiona la rapidez con que se produjo el proceso y la ausencia de una discusión previa en instancias políticas relacionadas con defensa y seguridad.
“En las comisiones de Seguridad, en la Comisión de Defensa, no ha habido una discusión previa”, sostiene.
Para Ladines, el Ejecutivo debería explicar con mayor detalle cómo se produjo la adhesión y cuáles son los intereses que llevaron a Perú a incorporarse.
La jurista Susana Mosquera Monelos, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura, introduce una diferencia relevante. A su juicio, si la declaración inicial no constituye un tratado, no necesariamente debía ser sometida al Congreso. Sin embargo, plantea que las obligaciones concretas que eventualmente surjan a partir de la iniciativa sí deberán ser examinadas desde el punto de vista jurídico.
La distinción resulta clave: una declaración de intenciones no necesariamente equivale a un tratado internacional, pero las decisiones posteriores que impliquen obligaciones jurídicas pueden quedar sujetas a las normas internas de cada país.
El contenido que amplió la discusión.
Parte de la controversia se explica porque el documento va más allá de la cooperación policial.
La declaración contempla mecanismos para reforzar el intercambio de inteligencia, facilitar el acceso a tecnologías y capacidades de seguridad, promover capacitación y profundizar la coordinación económica.
También incorpora una dimensión económica que ha llamado especialmente la atención: cooperación en inversiones, control de determinadas inversiones y protección de las cadenas de suministro de minerales críticos.
El documento también plantea la posibilidad de solicitar al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos una reunión de consulta para evaluar la creación de un Órgano de Consulta conforme al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, conocido como Tratado de Río.
Por eso, la discusión peruana ya no se limita a determinar si el país debe cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. También comienza a girar en torno a los alcances estratégicos de esa cooperación.
El factor China.
El debate adquiere otra dimensión debido a la relación económica entre Perú y China.
China es uno de los principales socios comerciales de Perú y mantiene una fuerte presencia en sectores estratégicos de la economía peruana. Al mismo tiempo, Estados Unidos busca fortalecer su influencia regional y la declaración del Escudo de las Américas incorpora explícitamente materias vinculadas con minerales críticos, inversiones e infraestructura digital.
Para Susana Mosquera, Perú debe evitar quedar atrapado entre las dos grandes potencias.
“Sería muy equivocado decantarnos por uno de ellos cuando la verdad es que son dos actores con los que el Perú tiene que ser capaz de trabajar”, sostiene.
La especialista advierte que la competencia entre Washington y Beijing puede aumentar la presión sobre países latinoamericanos para que adopten posiciones más definidas.
La preocupación no es exclusiva del ámbito económico. Los minerales críticos, las cadenas de suministro y la infraestructura tecnológica se han convertido en componentes centrales de la competencia estratégica entre ambas potencias.
En ese escenario, una mayor cooperación de seguridad con Estados Unidos puede ser interpretada por Beijing como un cambio en el posicionamiento estratégico de Lima, aunque la declaración peruana no implique formalmente una ruptura de sus relaciones con China.
¿Cooperación o pérdida de margen de maniobra?.
La cuestión de la soberanía aparece como uno de los puntos más sensibles del debate.
Escobar sostiene que el problema no necesariamente radica en una cesión formal de soberanía, sino en el margen de decisión que Perú pueda conservar frente a una potencia considerablemente más poderosa.
Ladines plantea una preocupación similar, aunque prefiere hablar de autonomía de decisión antes que de una pérdida directa de soberanía.
Mosquera utiliza una metáfora para explicar la asimetría existente entre ambos países: “Un David y un Goliat nunca se relacionan exactamente igual”.
La académica sostiene que la diferencia de poder económico y político obliga a Perú a evaluar cuidadosamente cada compromiso que asuma.
El punto central, por tanto, no es únicamente si Estados Unidos y Perú son formalmente iguales en el plano jurídico. La pregunta es cuánto margen efectivo tendrá Lima para definir sus políticas cuando los intereses de ambos países diverjan.
La dimensión militar que todavía genera interrogantes.
Otro de los puntos que despierta preguntas es hasta dónde podría llegar la cooperación en seguridad.
Escobar considera posible que la iniciativa pueda derivar en una presencia más directa de personal militar estadounidense, aunque ese escenario no está establecido en la declaración como una obligación automática.
El documento sí contempla cooperación en seguridad, intercambio de inteligencia, acceso a capacidades y tecnologías, además de la posibilidad de avanzar hacia mecanismos de acción colectiva en el marco del Tratado de Río.
Por eso, cualquier eventual presencia militar estadounidense en Perú dependería de decisiones posteriores y de los respectivos marcos jurídicos nacionales e internacionales.
El debate que recién comienza.
La incorporación de Perú al Escudo de las Américas deja, por ahora, más preguntas abiertas que respuestas definitivas.
El Gobierno de Fujimori presenta la iniciativa como una herramienta para mejorar la cooperación frente al crimen organizado transnacional. Esa dimensión constituye el argumento central de la adhesión peruana.
Pero el contenido de la declaración muestra que el mecanismo también abarca asuntos económicos, tecnológicos, de inteligencia y coordinación multilateral.
La discusión peruana se concentra ahora en determinar qué compromisos concretos surgirán de esa declaración, qué decisiones requerirán controles institucionales y cómo evitar que la creciente competencia entre Estados Unidos y China termine reduciendo el margen de maniobra de Perú.
La incorporación al Escudo de las Américas no significa, por sí sola, que Perú haya abandonado su relación estratégica con China ni que haya cedido formalmente soberanía. Pero sí abre una nueva etapa en la política exterior peruana, en la que seguridad, comercio, minerales críticos e influencia geopolítica comienzan a quedar cada vez más vinculados.
Y esa es, precisamente, la discusión que especialistas peruanos consideran que ahora debe darse con mayor transparencia.
Esta versión me parece más sólida porque no adopta la tesis de los críticos como conclusión propia. Presenta la preocupación por la soberanía, la autonomía y China, pero también deja establecido qué dice realmente el documento y qué cosas no se desprenden automáticamente de él.
Además, hice una distinción que considero fundamental para una nota de este tipo: “posible presencia militar” no equivale a “el acuerdo permite tropas estadounidenses”. El texto original saltaba demasiado rápido de una cosa a la otra. Aquí queda como una posibilidad planteada por un experto y se contrasta con el contenido efectivo de la declaración.
&-Fcc
Para cualquier comunicación, entrega de antecedentes de forma privada o denuncia,
a través del teléfono +56 9 9841 47462, WhatsApp +56 9 6419 5500, o al correo contacto@noticiascomunitarias.cl
"Para pensar, comentar y compartir"