Por: Marco Antonio Vásquez Ulloa, Contador Público y Auditor de la Universidad de la Frontera es además Ingeniero Comercial, Licenciado en Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Chile, Magister en Gestión mención Gestión Empresarial Posgrado de la Universidad de la Frontera en alianza con la Write State University de Ohio de U.S.A..
Mi padre fue gasfíter. Mi madre, dueña de casa. Con esfuerzo y sacrificio nos dieron algo que ellos nunca tuvieron: la oportunidad de estudiar. No hablaban de movilidad social ni de teorías económicas. Su convicción era más simple: que una buena educación permitiría a sus hijos vivir mejor.
Y durante años esa promesa se cumplió. Muchos de nuestra generación accedimos a la educación superior, obtuvimos profesiones, empleos y mejores ingresos. La educación fue el principal motor de movilidad social para miles de familias chilenas.
Sin embargo, hoy observamos una realidad que genera preocupación. Nuestros hijos e hijas terminan sus estudios, se titulan en universidades públicas o privadas, cumplen con las exigencias académicas y salen al mercado laboral con expectativas razonables. Pero el paso siguiente ya no resulta tan evidente.
Comienza la búsqueda del primer empleo, muchas veces prolongada. Luego aparecen trabajos temporales, empleos a honorarios o posiciones que exigen experiencia previa para quienes recién comienzan. La educación sigue teniendo valor y continúa siendo una ventaja importante en términos de empleo e ingresos. Lo que parece haberse vuelto más difícil es transformar ese esfuerzo educativo en autonomía económica.
Esta situación se refleja con fuerza en el acceso a la vivienda. Muchos jóvenes trabajan, ahorran y cumplen con aquello que como padres les enseñamos: estudiar y prepararse. Sin embargo, les cuesta acceder a una vivienda propia y comenzar a construir patrimonio.
La secuencia que funcionó para generaciones anteriores parece haberse ralentizado: educación → empleo → ahorro → vivienda → patrimonio. Para muchos jóvenes, hoy el recorrido es más largo: educación → búsqueda de empleo → trabajo precario → experiencia laboral → mejor empleo → ahorro insuficiente → arriendo → postergación de la vivienda.
No se trata sólo de un problema habitacional o laboral. Se trata de movilidad social. Porque ésta no consiste únicamente en acumular años de estudio, sino en poder convertir ese conocimiento en una mejor calidad de vida.
Además, quienes cuentan con apoyo familiar para financiar un pie, enfrentar períodos de desempleo o recibir ayuda económica parten desde una posición distinta a la de quienes deben construir todo desde cero. Así, la desigualdad puede reproducirse no sólo por las diferencias en educación, sino también por las brechas patrimoniales heredadas.
¿Qué hacer? No se trata de eliminar la evaluación de riesgo ni de prometer que todo título garantice un determinado salario. El desafío es reconstruir el puente entre educación, empleo y patrimonio: facilitar la transición entre universidad y trabajo, fortalecer el primer empleo profesional, promover empleos formales, incentivar el ahorro temprano y generar mecanismos responsables de acceso a la primera vivienda.
Mis padres no tenían una teoría económica. Tenían una esperanza. Trabajaron para que sus hijos pudieran estudiar y vivir mejor. Hoy muchos estamos haciendo exactamente lo mismo con nuestros hijos.
La pregunta es si como sociedad estamos creando las condiciones para que esa esperanza vuelva a cumplirse. Porque la verdadera movilidad social no termina cuando un joven recibe su título. En realidad, allí recién comienza.

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