El Juzgado de Garantía de Los Lagos rechazó la solicitud para devolver a la familia la vivienda ubicada en Huichaco, Máfil, que permanece bajo control de la Fiscalía. La defensa sostiene que ya no existen diligencias de terreno pendientes y que solo restan peritajes de laboratorio. Durante la audiencia, además, observadores de Global Witness y Escazú Ahora denunciaron que no se les permitió ingresar.
La investigación por la desaparición de Julia Chuñil volvió a poner el foco sobre la vivienda familiar de Huichaco, en la comuna de Máfil. El Juzgado de Garantía de Los Lagos rechazó la solicitud presentada por la defensa para levantar la medida que mantiene el inmueble bajo control de la Fiscalía, pese a que la familia sostiene que el lugar lleva meses sin nuevas diligencias de terreno.
La audiencia de cautela de garantías se realizó en el marco de la causa RIT O-1849-2024 / RUC 2401369250-1. La abogada Karina Riquelme, en representación de los nietos de Julia Chuñil, solicitó que la vivienda pudiera ser nuevamente utilizada por la familia.
La petición fue rechazada por el tribunal.
La decisión deja abierta una interrogante que la defensa considera central: ¿cuánto tiempo puede permanecer una vivienda familiar bajo control de una investigación penal cuando las diligencias materiales en el lugar ya habrían concluido?
Ocho meses bajo control de la investigación.
La vivienda ubicada en el sector rural de Huichaco fue objeto de diversas diligencias dentro de la investigación por la desaparición de Julia Chuñil. La familia sostiene que las intervenciones realizadas en el predio provocaron un deterioro importante de la propiedad y que sus moradores han permanecido privados de utilizarla.
Según la defensa, las diligencias de terreno ya habrían concluido y las actuaciones que permanecen pendientes corresponden principalmente a peritajes de laboratorio relacionados con restos óseos levantados en enero de 2026.
La abogada Karina Riquelme cuestionó que esos análisis continúen siendo utilizados como fundamento para mantener clausurado el inmueble.
“Las únicas diligencias que la Fiscalía invocó como pendientes son exactamente las mismas pericias de laboratorio que se arrastran desde el 16 de enero de 2026”, señaló la profesional.
Riquelme sostuvo además que las restantes actuaciones corresponderían a reconstrucciones de la hipótesis investigativa y que resultaría desproporcionado mantener cerrado un hogar completo mientras se esperan resultados de análisis realizados fuera de la región.
La controversia, por tanto, no se limita a una discusión sobre la propiedad del inmueble. También plantea una pregunta respecto de la proporcionalidad de mantener una vivienda familiar bajo control de una investigación penal durante un período prolongado.
El tribunal reconoció afectaciones, pero mantuvo la medida.
Según la defensa, durante la audiencia el magistrado reconoció la existencia de afectaciones para la familia y los niños vinculados al inmueble. Sin embargo, resolvió que esas consecuencias no constituían una vulneración de las garantías procesales que permitiera acoger la cautela solicitada.
El criterio adoptado por el tribunal se habría centrado en que no se acreditó una afectación a los derechos procesales de los imputados ni un nivel de desamparo que justificara modificar la medida.
La defensa sostiene una interpretación diferente.
Para Riquelme, el análisis debió considerar también el impacto que la permanencia de la medida tiene sobre terceros y, particularmente, sobre los niños que habitaban la vivienda.
La abogada argumenta que el juez de Garantía cuenta con facultades para tutelar derechos fundamentales que puedan verse afectados durante una investigación penal, incluso cuando esas personas no tengan la calidad de imputados.
La resolución deja así planteada una tensión que excede la situación puntual de esta familia: cómo equilibrar la preservación de eventuales evidencias con el derecho de terceros a disponer de una vivienda que permanece cerrada mientras una investigación continúa abierta.
Observadores de derechos humanos denuncian que no pudieron ingresar.
Otro episodio marcó la audiencia.
Integrantes de Global Witness y de Escazú Ahora denunciaron que no pudieron ingresar como observadores a la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Los Lagos.
Ambas organizaciones han seguido públicamente el caso de Julia Chuñil y han manifestado preocupación por la situación de la defensora mapuche desaparecida.
El impedimento de ingreso adquiere especial relevancia debido al carácter público de la audiencia y al interés nacional e internacional que ha generado la investigación.
Sin embargo, más allá de la denuncia formulada por los observadores y la defensa, existe una pregunta concreta que requiere una respuesta institucional:
¿Cuál fue el fundamento utilizado por el tribunal para impedir el ingreso de los representantes de estas organizaciones a una audiencia pública?
La explicación del tribunal resulta particularmente relevante para despejar si se trató de una restricción fundada en razones procesales, de capacidad, seguridad u otra circunstancia específica.
Los restos óseos y las diligencias pendientes.
Otro de los puntos sensibles corresponde a los restos óseos levantados durante las diligencias realizadas en el predio.
Según los antecedentes expuestos por la defensa, las pericias de laboratorio asociadas a esos restos permanecen pendientes. Ha trascendido que parte de los restos correspondería a huesos de animales y que existiría otro fragmento cuyo origen humano debía ser determinado mediante análisis especializados.
La relevancia de estos peritajes es evidente dentro de una investigación destinada a esclarecer qué ocurrió con Julia Chuñil. Sin embargo, la defensa cuestiona que la espera de esos resultados justifique mantener completamente restringido el acceso a la vivienda.
La Fiscalía, por su parte, deberá precisar cuáles son exactamente las diligencias que permanecen pendientes, desde cuándo están en curso y de qué manera la eventual devolución del inmueble podría afectar su realización.
Una vivienda atrapada en una investigación que no termina.
La discusión sobre el inmueble ocurre en un contexto mucho más amplio. La investigación por la desaparición de Julia Chuñil continúa abierta y ha incluido registros, excavaciones y distintos peritajes destinados a establecer qué ocurrió con la mujer mapuche.
Para su familia, el tiempo transcurrido agrega un segundo problema al dolor provocado por su desaparición: la imposibilidad de utilizar normalmente una vivienda que forma parte de su patrimonio familiar.
La casa que Julia Chuñil construyó para sus nietos permanece bajo control de la investigación. Sus familiares sostienen que el inmueble se deteriora con el paso del tiempo y que la situación ha provocado el desplazamiento de quienes residían allí.
La controversia judicial plantea entonces dos necesidades que deben ser conciliadas: la obligación del Estado de investigar una desaparición que todavía no ha sido esclarecida y la obligación de evitar que las medidas adoptadas durante esa investigación provoquen afectaciones innecesarias o desproporcionadas a personas que no son objeto de persecución penal.
Las respuestas que faltan.
Antes de cerrar este capítulo, este medio considera necesario solicitar al Juzgado de Garantía de Los Lagos una explicación formal respecto de las razones por las cuales se impidió el ingreso de observadores de derechos humanos a una audiencia de carácter público.
Del mismo modo, corresponde requerir a la Fiscalía que precise cuáles son exactamente las diligencias que permanecen pendientes en el inmueble de Huichaco, desde cuándo se encuentran pendientes, qué diligencias de terreno se han realizado desde enero y cuáles son los fundamentos que justifican mantener la vivienda bajo control de la investigación.
Las respuestas a ambas interrogantes resultan relevantes para determinar si las restricciones que afectan actualmente a la familia de Julia Chuñil responden exclusivamente a necesidades investigativas todavía vigentes o si existen otros elementos que expliquen la prolongación de la medida.
Mientras esas respuestas no lleguen, la situación permanece en un punto incómodo: una investigación que busca esclarecer la desaparición de una mujer mantiene cerrada la vivienda de su familia, mientras quienes esperan respuestas también reclaman el derecho a recuperar su hogar.
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