El organismo presentó un recurso de protección contra la decisión municipal de cerrar las escuelas Botrolhue y Tromen Alto, ambas ubicadas al interior de comunidades mapuche. El INDH advierte que los estudiantes podrían ser trasladados a establecimientos situados a casi una hora de distancia y cuestiona que no se haya realizado una consulta previa a las comunidades afectadas.
El cierre de dos escuelas rurales de Temuco abrió una disputa que ahora deberá resolver la justicia.
La sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco para intentar revertir la decisión de cerrar las escuelas Botrolhue y Tromen Alto, establecimientos que en conjunto atienden a 28 niños y niñas.
Ambas escuelas se encuentran al interior de comunidades mapuche y cumplen un papel relevante para estudiantes de sectores rurales que, según los antecedentes entregados por el organismo, podrían verse obligados a trasladarse hasta otro establecimiento ubicado a casi una hora de distancia, mediante caminos que presentarían condiciones deficientes.
Para el INDH, el problema no se limita al cierre de dos establecimientos educacionales. El organismo sostiene que la medida podría afectar las condiciones en que los niños y niñas ejercen su derecho a la educación, especialmente por las dificultades de traslado, las características del establecimiento de destino y las necesidades educativas particulares de algunos estudiantes.
El impacto sobre los estudiantes.
El jefe regional del INDH, Federico Aguirre, manifestó la preocupación del organismo por garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación.
“Para el INDH es motivo de preocupación el ejercicio del derecho a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación”, señaló Aguirre, apuntando especialmente a los niños y niñas de sectores rurales de Temuco.
De acuerdo con el organismo, el eventual traslado implicaría llevar a los estudiantes a un establecimiento con características distintas y que no contaría con las mismas adecuaciones para quienes presentan necesidades educativas permanentes.
El recurso busca que la justicia evalúe estos antecedentes y determine si la decisión cuestionada afecta los derechos invocados por el INDH.
Dos escuelas, una realidad rural.
La Escuela Botrolhue fue fundada en 1941 y funciona en la Comunidad Indígena Venancio Huenulao.
Actualmente cuenta con 18 estudiantes, 12 niños y 6 niñas, desde primero a sexto básico. El establecimiento funciona con jornada escolar completa, dispone de Programa de Integración Escolar (PIE) y entrega tres raciones diarias de alimentación.
Según los antecedentes proporcionados por el INDH, la comunidad fue informada en junio sobre el cierre mediante una carta que no habría detallado las razones de la decisión, las alternativas educacionales disponibles ni las medidas destinadas a reducir sus efectos sobre los estudiantes.
La Escuela Tromen Alto, en tanto, fue creada en 1963 y funciona en un terreno donado por la Comunidad Indígena Jerónimo Melillán.
Tiene una matrícula de 10 estudiantes, también de primero a sexto básico, y funciona bajo un sistema multigrado y unidocente, además de jornada escolar completa y alimentación diaria.
En este caso, el INDH señala que la comunidad fue informada del cierre durante una reunión, oportunidad en que se habría señalado que la decisión respondía a “problemas económicos”. Según el organismo, hasta ahora no se habría entregado una comunicación escrita explicando los motivos de la medida.
La consulta previa entra al debate.
Uno de los principales argumentos planteados por el INDH ante la Corte de Apelaciones se relaciona con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, vigente en Chile desde 2009.
El organismo sostiene que, debido a que las escuelas se encuentran vinculadas directamente con comunidades indígenas, la decisión municipal debió considerar las obligaciones asociadas a la consulta previa.
No obstante, este punto forma parte precisamente de la controversia que deberá analizar el tribunal. El recurso presentado por el INDH no significa que la eventual vulneración de este derecho se encuentre judicialmente establecida.
La discusión adquiere especial relevancia porque el cierre no afecta únicamente a una infraestructura educacional, sino a establecimientos insertos en comunidades que durante décadas han desarrollado allí sus procesos educativos.
El argumento económico frente al costo del traslado.
En el caso de Tromen Alto, el motivo informado a la comunidad habría sido de carácter económico.
Sin embargo, el INDH pone el foco en una dimensión distinta: cuál es el costo que una decisión administrativa puede trasladar directamente a las familias y a los estudiantes.
El cierre supone, según los antecedentes entregados por el organismo, modificar las condiciones en que los niños acceden diariamente a la educación, incluyendo mayores tiempos de desplazamiento y un cambio de entorno educativo.
La controversia plantea así una tensión entre la administración de los recursos municipales y la obligación de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de derechos fundamentales, particularmente cuando quienes resultan afectados son niños y niñas de sectores rurales.
El INDH pide medidas si el cierre se mantiene.
El organismo solicitó a la Corte de Apelaciones que deje sin efecto la decisión de cerrar ambos establecimientos.
Pero también planteó medidas alternativas para el caso de que la justicia no ordene mantener abiertas las escuelas.
Entre ellas, pidió garantizar el traslado de los estudiantes al establecimiento de destino, asegurar sus respectivas matrículas e implementar un programa de acompañamiento psicosocial y de transición para los niños, sus familias y las comunidades educativas.
La presentación judicial se produjo luego de una reunión sostenida a mediados de agosto entre representantes del INDH en La Araucanía y el alcalde de Temuco, Roberto Neira, instancia en la que se abordó la situación de ambos establecimientos.
Una decisión que trasciende el cierre de dos escuelas.
El caso pone nuevamente en discusión las dificultades que enfrenta la educación rural y el desafío de garantizar igualdad de acceso cuando las comunidades se encuentran alejadas de los centros urbanos.
En establecimientos como Botrolhue y Tromen Alto, la baja matrícula, las condiciones de aislamiento y los costos de mantener infraestructura educacional pueden convertirse en argumentos para evaluar un cierre. Pero, al mismo tiempo, la distancia, el transporte, las características culturales del territorio y las necesidades específicas de los estudiantes forman parte de los factores que deben ser considerados al evaluar sus consecuencias.
El propio INDH ya había abordado estas brechas en su Informe Anual 2018 sobre derechos humanos en sectores rurales, donde identificó el aislamiento y la falta de equipamiento como factores que pueden profundizar las desigualdades y afectar especialmente a niños, niñas y adolescentes.
Ahora la discusión está en manos de la justicia.
La Corte de Apelaciones deberá determinar si los argumentos planteados por el INDH son suficientes para acoger el recurso y, eventualmente, ordenar medidas respecto del cierre de las escuelas.
Mientras ese pronunciamiento no exista, el conflicto permanece abierto: para el municipio, se trata de una decisión vinculada a la administración de la educación comunal; para el INDH y las comunidades afectadas, está en juego algo más amplio, relacionado con el derecho a la educación, las condiciones de acceso y la participación de comunidades mapuche en decisiones que las afectan directamente.
&Fcc
Para cualquier comunicación, entrega de antecedentes de forma privada o denuncia,
a través del teléfono +56 9 9841 47462, WhatsApp +56 9 6419 5500, o al correo contacto@noticiascomunitarias.cl
"Para pensar, comentar y compartir"