La Corte de Apelaciones de Temuco dejó sin efecto la resolución que puso término a la contrata de Ricardo Monsalves Millar y determinó que su desvinculación vulneró la igualdad ante la ley. El Gobierno Regional deberá reincorporarlo y pagarle remuneraciones y cotizaciones por todo el período en que permaneció fuera de sus funciones. El fallo aún puede ser recurrido ante la Corte Suprema.
Un nuevo frente judicial se abre para el Gobierno Regional de La Araucanía. La Corte de Apelaciones de Temuco ordenó reincorporar a un funcionario que había sido desvinculado por la administración y estableció que la decisión de poner término a su contrata vulneró la garantía constitucional de igualdad ante la ley.
Se trata de Ricardo Sebastián Monsalves Millar, quien recurrió de protección ante el tribunal de alzada luego de su desvinculación. La Corte acogió su presentación y dejó sin efecto la Resolución Exenta N°331, de fecha 11 de marzo de 2026, mediante la cual se había dispuesto su salida del Gobierno Regional.
El fallo no cuestiona simplemente el término de la relación laboral, sino el fundamento utilizado para establecer un trato diferente respecto de otros funcionarios a contrata que continuaron desempeñándose en la estructura reorganizada del GORE.
La Corte fue explícita al señalar que la decisión administrativa otorgó al funcionario “un trato carente de una justificación objetiva comprobable respecto de los funcionarios a contrata que continuaron prestando servicios en la estructura reorganizada”.
Para el tribunal, esa diferencia de trato vulneró la garantía establecida en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.
El GORE deberá reincorporarlo.
Las consecuencias del fallo son concretas.
La Corte ordenó al Gobierno Regional reincorporar a Monsalves “inmediatamente” a sus funciones o a otras equivalentes, correspondientes a su calidad y grado.
La medida deberá mantenerse hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha de término de su contrata, “sin perjuicio de las facultades que la autoridad pueda ejercer de conformidad con la ley”.
Pero la reincorporación no será la única consecuencia para el GORE.
El tribunal también ordenó pagar al funcionario las remuneraciones y cotizaciones previsionales correspondientes al período durante el cual permaneció separado de sus funciones, junto con los reajustes legales que correspondan.
En otras palabras, la decisión judicial obliga a la administración regional no solo a revertir la desvinculación, sino también a asumir económicamente las consecuencias del período durante el cual Monsalves permaneció fuera de su puesto.
La “confianza legítima” entra en escena.
Otro elemento relevante considerado por la Corte fue la denominada confianza legítima.
El tribunal tuvo presente que Monsalves había trabajado durante más de cinco años consecutivos en el Gobierno Regional, antecedente que fue considerado al momento de analizar la legalidad de su desvinculación.
Sobre esa base, la Corte determinó que la resolución que puso término a su contrata debía quedar sin efecto.
El concepto adquiere especial importancia porque el fallo no analiza el caso únicamente desde la existencia de una reorganización administrativa, sino también desde la situación particular de un funcionario que acumulaba años de permanencia en el organismo y que, según estableció el tribunal, recibió un trato que no contó con una justificación objetiva comprobable frente a otros funcionarios que sí continuaron en sus cargos.
El precedente que queda para el GORE.
La resolución representa un antecedente relevante para las decisiones que adopte el Gobierno Regional en materia de desvinculación de funcionarios a contrata.
El punto central fijado por la Corte es que una reorganización de la estructura administrativa no basta, por sí sola, para justificar cualquier diferencia de trato entre funcionarios. En este caso, el tribunal exigió una justificación objetiva y comprobable para explicar por qué Monsalves fue desvinculado mientras otros funcionarios a contrata continuaron prestando servicios.
La sentencia, por tanto, introduce un elemento que deberá ser considerado en futuras decisiones administrativas: la forma en que se fundamentan las desvinculaciones y la diferencia de trato entre funcionarios que se encuentran en situaciones comparables.
No significa, sin embargo, que la Corte haya establecido una prohibición general para que el GORE pueda poner término a futuras contratas. El propio fallo señala que la reincorporación se dispone hasta el 31 de diciembre de 2026, “sin perjuicio de las facultades que la autoridad pueda ejercer de conformidad con la ley”.
El último capítulo todavía no está escrito.
Pese a la contundencia de la resolución, el caso todavía puede continuar en tribunales.
El Gobierno Regional de La Araucanía tiene la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema para solicitar la revisión del fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco.
Por ahora, la decisión del tribunal de alzada es clara: la desvinculación quedó sin efecto, Monsalves deberá ser reincorporado y el GORE deberá pagar las remuneraciones y cotizaciones correspondientes al período en que permaneció separado de sus funciones.
El alcance definitivo del caso, sin embargo, dependerá de las acciones que adopte el Gobierno Regional y, eventualmente, de lo que determine el máximo tribunal si la resolución es recurrida.
Más allá de su resultado final, el fallo vuelve a poner bajo la lupa las decisiones administrativas adoptadas durante procesos de reorganización del Gobierno Regional y establece un antecedente judicial sobre los límites que deben observarse al momento de desvincular a funcionarios a contrata.
&Fcc
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