La decisión de la Casa Blanca de restringir el acceso de periodistas de CNN, MS NOW y POLITICO volvió a tensionar la relación entre el gobierno de Donald Trump y los medios de comunicación. Las organizaciones afectadas anunciaron acciones legales y la Sociedad Interamericana de Prensa advirtió sobre las consecuencias que podría tener este precedente para el ejercicio periodístico.
La relación entre el poder político y la prensa vuelve a estar en el centro del debate en Estados Unidos.
Esta vez, el conflicto no se limita a las críticas públicas del presidente Donald Trump contra determinados medios. La disputa llegó directamente al acceso de periodistas a la Casa Blanca y, desde allí, a los tribunales.
El 18 de septiembre se anunció la decisión de restringir el acceso de periodistas de CNN, MS NOW y POLITICO. Al día siguiente, la medida comenzó a aplicarse con la revocación y confiscación de credenciales de prensa.
Los tres medios anunciaron acciones legales para impugnar la decisión y defender sus derechos bajo la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege las libertades de expresión y de prensa.
El episodio abrió así una discusión que trasciende a los tres medios involucrados.
¿Quién decide quién puede informar?
La pregunta de fondo no es si un Gobierno puede criticar a un medio de comunicación. Puede hacerlo, al igual que cualquier ciudadano o institución.
La controversia aparece cuando esa crítica se transforma en una medida que afecta directamente las condiciones en que los periodistas pueden desarrollar su trabajo.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) cuestionó la decisión y advirtió que utilizar el acceso a instalaciones públicas como mecanismo de presión frente a determinados medios plantea un problema para el ejercicio independiente del periodismo.
Su presidente, Pierre Manigault, sostuvo que el acceso institucional no debería utilizarse como una herramienta de castigo hacia medios cuya cobertura resulte incómoda para el Gobierno.
La presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Martha Ramos, apuntó en la misma dirección y señaló que excluir periodistas por su cobertura genera un conflicto con las garantías constitucionales estadounidenses.
Más allá de las posiciones de la SIP, existe un hecho concreto que explica la dimensión del conflicto: medios afectados por una decisión presidencial consideran que sus derechos fueron vulnerados y decidieron llevar la controversia ante los tribunales.
Ahora serán las instituciones judiciales las que deberán pronunciarse sobre los límites de la decisión.
Una disputa que puede ampliarse.
El episodio tampoco quedó circunscrito a CNN, MS NOW y POLITICO.
Trump ha cuestionado públicamente la cobertura de otros medios, entre ellos The New York Times y The Washington Post, aunque no ha anunciado su exclusión de la Casa Blanca.
Esa posibilidad explica parte de la preocupación expresada por la SIP.
Si el acceso de los periodistas puede modificarse en función de la cobertura que realizan, el debate deja de ser exclusivamente sobre tres organizaciones de prensa. Pasa a involucrar los criterios con los que una administración pública determina quién puede acceder a sus fuentes y desarrollar su trabajo.
Y allí aparece una cuestión especialmente sensible para cualquier democracia: la información sobre el ejercicio del poder no puede depender exclusivamente de la voluntad del propio poder.
El caso CNN y la dimensión internacional.
La tensión tuvo además otra expresión.
La Casa Blanca retiró a CNN de la cobertura del grupo de medios que acompaña al presidente durante su desplazamiento a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas, interrumpiendo la participación de la cadena en una rotación que permite distribuir entre distintos medios la cobertura televisiva de las actividades presidenciales.
Es una decisión concreta, pero revela nuevamente el punto de fondo: quién determina las condiciones de acceso de los medios a la actividad presidencial.
No se trata de sostener que los periodistas o los medios estén por encima de las críticas. Tampoco de asumir que toda cobertura periodística es necesariamente correcta.
La discusión es otra.
En una sociedad democrática, los medios pueden ser cuestionados por sus errores, sus enfoques o sus decisiones editoriales. Lo que está en disputa es si esas diferencias pueden traducirse en restricciones institucionales que dificulten su acceso a la información pública.
La pregunta que queda abierta.
La controversia todavía no termina.
Las acciones judiciales de los medios deberán establecer hasta dónde puede llegar la administración presidencial en la regulación del acceso a la Casa Blanca y cuáles son los límites que impone la Primera Enmienda.
Trump, por su parte, ha defendido su posición y ha cuestionado reiteradamente la cobertura de los medios involucrados.
El escenario obliga a mirar más allá de las simpatías o antipatías que pueda generar el presidente estadounidense o cualquiera de los medios involucrados.
Porque el problema de fondo no es determinar qué medio tiene la razón en cada disputa editorial.
El verdadero debate es qué ocurre cuando el poder político tiene la capacidad de decidir quién puede estar presente para observarlo, preguntarle y contar lo que hace.
La prensa no es un actor infalible. Puede equivocarse y debe responder por sus errores. Pero precisamente por eso existen mecanismos de rectificación, tribunales, normas profesionales y debate público.
La pregunta más delicada aparece cuando la respuesta del poder frente a una cobertura que considera adversa deja de ser una crítica y comienza a convertirse en una restricción al acceso.
Ahí la discusión deja de ser solamente entre Trump y CNN, MS NOW o POLITICO.
Pasa a ser una discusión sobre los límites del poder y las condiciones necesarias para que la sociedad pueda conocer cómo ese poder se ejerce.
&Fcc
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