Un estudio de Corporación Ciudades, basado en información de Senapred actualizada a julio de 2026, revela una preocupante brecha en la planificación preventiva. A nivel nacional, 127 municipios tampoco cuentan con un Plan Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres formalizado.
La prevención frente a terremotos, incendios forestales, inundaciones y otras amenazas sigue siendo una tarea pendiente para buena parte de los municipios del país. En la Región del Biobío, la situación adquiere especial relevancia: solo 3 de sus 33 comunas cuentan con un Plan Comunal de Reducción del Riesgo de Desastres (PCRRD) formalizado mediante decreto municipal.
El dato forma parte de un estudio elaborado por Corporación Ciudades a partir de información proporcionada por Senapred y actualizada a julio de 2026, y deja en evidencia una brecha que resulta particularmente significativa en una región expuesta a múltiples amenazas naturales y antrópicas.
Los PCRRD constituyen instrumentos destinados a fortalecer la prevención y preparación de los territorios. Incluyen medidas de mitigación, identificación de vulnerabilidades, actualización de estudios de riesgo, catastros, protección de infraestructura crítica, sistemas de alerta temprana y acciones de información y participación de la comunidad.
La lógica detrás de estos instrumentos es sencilla, pero decisiva: la gestión de una emergencia no debiera comenzar cuando ocurre la tragedia, sino mucho antes.
“La gestión del riesgo tiene una dimensión eminentemente territorial. Cada comuna presenta amenazas, condiciones urbanas y vulnerabilidades distintas, por lo que disponer de estos instrumentos permite pasar de un diagnóstico general a acciones concretas de prevención y preparación acordes con la realidad local”, explica Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades.
Una región expuesta, pero con una baja cobertura preventiva.
El contraste resulta especialmente llamativo al comparar el Biobío con otras regiones del país.
De acuerdo con el estudio, Magallanes, La Araucanía, Maule, Metropolitana, Los Ríos y Ñuble presentan más del 80% de sus comunas con PCRRD formalizados. En cambio, la situación es considerablemente más rezagada en otras zonas del país.
En las regiones del norte, por ejemplo, 34 de 44 comunas —equivalentes al 77%— todavía no cuentan con un plan formalizado mediante decreto municipal.
Para Andrade, las diferencias regionales reflejan que la implementación de estos instrumentos ha avanzado a velocidades muy distintas.
“El desafío es reducir esas brechas y fortalecer las capacidades municipales para incorporar la reducción del riesgo dentro de la planificación y gestión cotidiana del territorio”, sostiene.
127 comunas siguen sin un plan formalizado.
La situación tampoco es homogénea a nivel nacional. El estudio establece que 218 comunas, equivalentes al 63% del país, cuentan con un PCRRD formalizado mediante decreto alcaldicio, mientras otras 127 —el 37%— todavía no disponen del instrumento formalizado.
Sin embargo, detrás de esta cifra existe una realidad más compleja. No todas las comunas que aparecen sin un plan decretado se encuentran en el mismo punto de partida.
De las 127 comunas pendientes, 76 cuentan con planes que no han sido revisados; 30 poseen planes nuevos que aún no han recibido recomendación técnica; 14 tienen planes nuevos actualmente en revisión y siete cuentan con documentos que ya fueron recomendados técnicamente, pero que todavía se encuentran en proceso de formalización.
Es decir, en varios municipios el problema no necesariamente es la inexistencia absoluta de trabajo, sino la distancia entre tener un documento y convertirlo en un instrumento oficialmente vigente y operativo.
“Acelerar esos procesos es relevante porque el valor del plan está en que pueda convertirse efectivamente en una herramienta para orientar decisiones, inversiones y acciones de prevención en el territorio”, advierte Andrade.
La prevención que todavía espera convertirse en política municipal.
El dato abre una discusión que va mucho más allá de la existencia de un documento administrativo.
Un plan de reducción del riesgo solo adquiere verdadero sentido cuando sus diagnósticos se traducen en decisiones concretas: dónde se permite construir, qué infraestructura debe ser reforzada, qué zonas requieren medidas de mitigación, cómo se protege a la población más vulnerable y qué inversiones deben priorizarse antes de que ocurra una emergencia.
“La reducción del riesgo no comienza cuando ocurre una emergencia. Comienza mucho antes, cuando las ciudades identifican dónde están sus vulnerabilidades, incorporan esa información en su planificación y toman decisiones para disminuir la exposición de las personas y de la infraestructura”, plantea Andrade.
En una región y un país acostumbrados a convivir con terremotos, incendios forestales, inundaciones y otros eventos extremos, la pregunta inevitable es cuánto de la prevención está realmente incorporado en la planificación cotidiana de los municipios.
Porque cuando llega la emergencia, ya suele ser demasiado tarde para comenzar a planificar.
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