Brandon Judd había asegurado que la inteligencia estadounidense contaba con antecedentes que vinculaban a organizaciones de izquierda con los hechos de violencia del estallido social. Tras ser citado por Cancillería, reconoció que la Embajada no realizó una investigación independiente, que no envió investigadores a Chile y que su conclusión se basó en información recopilada en fuentes abiertas.
Lo que inicialmente fue presentado como información de inteligencia estadounidense terminó, después de una citación de la Cancillería chilena, convertido en una revisión de antecedentes disponibles públicamente en Chile.
El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, debió concurrir este miércoles a una reunión con el canciller Francisco Pérez, luego de afirmar públicamente que la inteligencia de su país disponía de información que vinculaba a organizaciones de izquierda con los hechos de violencia registrados durante el estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019.
La reunión buscaba precisamente que el diplomático entregara los antecedentes específicos que, según sus primeras declaraciones, sustentaban esa afirmación.
Pero tras el encuentro, el propio Judd introdujo una diferencia sustancial respecto de lo que había planteado inicialmente.
“La Embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación; no tenemos ningún documento en la Embajada que hable sobre el estallido en 2019”, afirmó.
Y fue todavía más explícito: Estados Unidos no envió investigadores a Chile para realizar una investigación sobre el estallido social.
“No enviamos ningún investigador a Chile a realizar una investigación”, señaló, agregando que durante su gestión tampoco se enviarán investigadores estadounidenses al país sin una invitación previa del Gobierno chileno.
La pregunta que queda planteada es inevitable: si no existió una investigación estadounidense independiente ni un documento propio de la Embajada, ¿en qué antecedentes se sustentó originalmente la afirmación de que la inteligencia de Estados Unidos había determinado que organizaciones de izquierda estuvieron detrás del estallido?
De “inteligencia” a fuentes abiertas.
La explicación entregada posteriormente por el embajador modifica sustancialmente el alcance de sus declaraciones iniciales.
Judd señaló que Estados Unidos no realizó una investigación independiente, sino que revisó información producida en Chile.
“Nosotros no realizamos una investigación independiente. Lo que hicimos fue revisar e investigar la información que salía de Chile”, explicó.
Según su nueva versión, los antecedentes provenían de información recopilada mediante fuentes abiertas, además de datos procedentes de políticos, policías y académicos chilenos.
“No tenemos nada específico sobre personas individuales específicas; no tenemos nada específico sobre grupos”, reconoció.
La precisión resulta especialmente relevante porque sus declaraciones anteriores habían generado la impresión de que existían antecedentes de inteligencia estadounidense capaces de identificar a organizaciones responsables de los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social.
Ahora, en cambio, el embajador sostiene que Estados Unidos utilizó información que ya había sido recopilada en Chile.
La afirmación que provocó la controversia.
La controversia comenzó luego de una entrevista concedida por Judd a CNN Chile, en la que fue consultado por las declaraciones de la subsecretaria de Diplomacia de Estados Unidos, Sara Rogers, quien durante el Foro Madrid sostuvo que los incidentes ocurridos durante el estallido social de 2019 habían sido producidos por fuerzas de izquierda.
Judd respaldó esa afirmación y sostuvo que se trataba de una declaración “basada en hechos”.
Según explicó inicialmente, existiría un análisis realizado a partir de información proveniente de distintas fuentes, incluyendo organismos políticos y de inteligencia.
Consultado específicamente sobre si Estados Unidos disponía de información que sustentara esa conclusión, el embajador habló de “inteligencia recopilada”.
Incluso sostuvo que la inteligencia estadounidense indicaba “categóricamente” que el movimiento provenía de organizaciones de izquierda o de esa ideología.
También afirmó que existía “un análisis específico” sobre los acontecimientos ocurridos en Chile.
Sin embargo, cuando se le preguntó si esos antecedentes habían sido entregados a los tribunales chilenos, su respuesta fue clara: él no había proporcionado esa información a la justicia chilena.
También señaló que, hasta donde tenía conocimiento, el Gobierno chileno no habría solicitado formalmente esos antecedentes.
La reacción de Cancillería fue inmediata y el diplomático fue citado para explicar y precisar sus declaraciones.
¿Qué información tiene realmente Estados Unidos?.
Ese es ahora uno de los puntos centrales de la controversia.
Tras reunirse con el canciller, Judd sostuvo que la Embajada no posee una investigación propia sobre el estallido social, que no existe un documento de la representación diplomática dedicado a esos hechos y que Estados Unidos no envió investigadores al país para estudiar el fenómeno.
Su explicación posterior fue que la conclusión sobre la participación de grupos de izquierda se construyó a partir de información proveniente de Chile y disponible mediante fuentes abiertas.
El cambio de énfasis es significativo.
Una cosa es afirmar que los servicios de inteligencia estadounidenses realizaron una investigación y concluyeron que determinadas organizaciones estuvieron detrás de un fenómeno político y social de enorme magnitud.
Otra muy distinta es señalar que funcionarios estadounidenses revisaron información pública, antecedentes policiales, opiniones de políticos y trabajos académicos producidos en Chile, y a partir de ese material elaboraron un análisis.
La diferencia no es semántica. Tiene que ver directamente con la naturaleza, origen y nivel de respaldo de la información.
Y, hasta ahora, el embajador no ha presentado públicamente un documento específico que permita conocer cuáles fueron los antecedentes concretos utilizados para llegar a esa conclusión.
La tesis sobre la izquierda.
Pese a reconocer que no existen antecedentes específicos sobre personas o grupos determinados, Judd mantuvo su afirmación de fondo.
El embajador sostuvo que, basándose en la información revisada por el Gobierno estadounidense, se había determinado que los hechos fueron perpetrados por grupos de izquierda.
También amplió sus declaraciones hacia un diagnóstico político más general.
Judd afirmó que existe un supuesto aumento de la violencia de izquierda destinada a intentar derrocar gobiernos y mencionó específicamente el caso de Bolivia.
“Cuando se elige a un gobierno, ese gobierno permanece ahí hasta una nueva elección”, planteó, defendiendo la idea de que ningún sector político debería recurrir a la violencia para intentar remover a un gobierno elegido democráticamente.
La declaración introduce un componente político que excede la discusión sobre los antecedentes del estallido social chileno.
Porque una cosa es analizar quiénes participaron en episodios concretos de violencia ocurridos durante 2019 y otra es formular una interpretación política general sobre el comportamiento de la izquierda en distintos países de la región.
El problema de las pruebas.
El punto más delicado de la controversia no es si existieron grupos de izquierda entre quienes participaron en las movilizaciones de 2019. La presencia de organizaciones y militantes de distintas tendencias políticas durante el estallido social es un hecho ampliamente conocido.
La cuestión planteada por las declaraciones del embajador es mucho más específica: si existe evidencia que permita atribuir a organizaciones de izquierda la responsabilidad por los disturbios y hechos de violencia del período como fenómeno organizado y, particularmente, si esa evidencia proviene efectivamente de inteligencia estadounidense.
Hasta ahora, la propia explicación de Judd parece acotar considerablemente esa afirmación.
No habla de una investigación estadounidense realizada en territorio chileno. No menciona un documento secreto o informe propio de la Embajada. Tampoco identifica personas u organizaciones específicas.
Habla de información proveniente de fuentes abiertas, recopilada en Chile y posteriormente revisada por Estados Unidos.
Y esa diferencia deja abierta una interrogante que la citación de Cancillería buscaba precisamente aclarar: ¿qué antecedentes concretos llevaron al Gobierno estadounidense a formular una conclusión tan categórica sobre uno de los episodios políticos y sociales más relevantes de la historia reciente de Chile?
Una polémica que ahora exige precisión.
La controversia deja al descubierto una situación poco habitual en la relación diplomática entre ambos países.
Un embajador estadounidense realizó una afirmación de alto impacto político sobre acontecimientos internos de Chile, invocando inicialmente información de inteligencia y un análisis específico.
Tras ser citado por la Cancillería para explicar esos antecedentes, reconoció que no existe una investigación propia de la Embajada sobre el estallido social, que no se enviaron investigadores estadounidenses y que los antecedentes utilizados corresponden a información recopilada en Chile mediante fuentes abiertas.
La diferencia entre ambas versiones es precisamente el elemento que ahora requiere explicación.
Si la información estaba disponible públicamente, cabe preguntar por qué inicialmente fue presentada como producto de inteligencia estadounidense. Y si existía un análisis más profundo, resulta igualmente legítimo preguntar cuáles fueron las fuentes utilizadas, qué metodología se aplicó y qué evidencia permitió pasar desde antecedentes generales a una conclusión categórica sobre la responsabilidad de organizaciones de izquierda.
Hasta que esos antecedentes sean conocidos, la afirmación permanece en el terreno de una conclusión atribuida al Gobierno estadounidense, pero sin que se haya exhibido públicamente la evidencia específica que la sustenta.
El episodio, además, deja una lección básica para cualquier democracia: cuando una acusación compromete la responsabilidad de actores políticos en hechos de extrema gravedad, la fuerza de la afirmación no reemplaza la necesidad de mostrar las pruebas.
Y en este caso, después de la citación de Cancillería, la pregunta sigue abierta: ¿Dónde está la investigación estadounidense que originalmente se dijo que existía?
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