El concejal de Villarrica Ronal Seiffert afirmó que Raúl Jara, actual director regional de la Subdere y exadministrador municipal, habría recibido una carpeta con antecedentes relacionados con la grave denuncia formulada por el senador Rodolfo Carter. La Fiscalía Regional abrió una investigación de oficio para esclarecer los hechos.
La grave denuncia formulada por el Ssenador Rodolfo Carter sobre un eventual caso de explotación o abuso sexual de menores al interior de un hogar de la comuna de Villarrica abrió una nueva arista luego de que el Concejal de la comuna Ronal Seiffert asegurara que antecedentes sobre la situación habrían llegado años atrás a manos de un entonces alto funcionario municipal.
Según afirmó el concejal, el exadministrador municipal durante la gestión del exalcalde Germán Vergara, Raúl Jara, actual Director Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), habría recibido una carpeta con información relacionada con estos hechos y, pese a ello, no habría adoptado medidas para esclarecer o denunciar la situación.
La acusación es particularmente delicada, no sólo por la naturaleza de los hechos denunciados, sino también porque involucra eventualmente a autoridades y funcionarios que, de haber conocido antecedentes sobre delitos contra menores, podrían haber tenido obligaciones de actuar que deberán ser determinadas por la investigación correspondiente.
La denuncia que encendió las alarmas.
El caso tomó notoriedad luego de las declaraciones del senador Carter, quien afirmó públicamente que en Villarrica existiría un hogar de menores donde niñas estarían siendo víctimas de explotación sexual por parte de personas con alto poder adquisitivo de la región.
«En Villarrica hay un hogar donde están acosados por narcotraficantes y delincuentes. Niñitas que son explotadas sexualmente por gente de la región con alto poder adquisitivo», sostuvo el parlamentario.
Carter agregó que la sociedad estaría incurriendo en una forma de complicidad si no se adoptaban medidas para impedir que niños y niñas fueran víctimas de vulneraciones de carácter sexual.
Sin embargo, hasta ahora, el senador no ha hecho públicos mayores antecedentes que permitan establecer quiénes serían los responsables, cuándo habrían ocurrido los hechos denunciados o cuáles serían las víctimas.
Es precisamente ese vacío de información el que deberá comenzar a despejar la investigación iniciada por el Ministerio Público.
La acusación contra el exadministrador municipal.
En este escenario, el Concejal Seiffert afirmó que existirían antecedentes que vincularían la denuncia actual con información que habría sido entregada anteriormente a la Municipalidad de Villarrica.
«Yo tengo antecedentes de que en su oportunidad el exadministrador de la Municipalidad de Villarrica, Raúl Jara, actual URS, jefe de la Subdere a nivel regional, recibió una carpeta con antecedentes y desechó esta información», afirmó el concejal, según declaraciones difundidas por Canal Udol de Villarrica.
Seiffert calificó como positiva la decisión del senador Carter de visibilizar públicamente el caso y sostuvo que, a su juicio, se debe investigar hasta establecer todas las responsabilidades.
«A nosotros nos parece que es de extrema gravedad y aquí se tiene que llegar al fondo de esto, caiga quien caiga», señaló.
Hasta ahora, estas afirmaciones corresponden a una denuncia formulada públicamente por el concejal y no constituyen, por sí mismas, una acreditación de que Jara haya recibido efectivamente dicha carpeta ni de que haya desechado antecedentes sobre delitos.
Una denuncia que abre nuevas interrogantes.
La intervención de Seiffert agrega una pregunta central a la investigación: si efectivamente existieron antecedentes sobre eventuales delitos contra menores entregados con anterioridad a autoridades municipales, quién los recibió, qué información contenían y qué medidas se adoptaron posteriormente.
El concejal también aseguró disponer de información extraoficial que apuntaría a la eventual participación de ciudadanos extranjeros y personas vinculadas a organismos policiales y al Ministerio Público.
No obstante, el propio Seiffert reconoció que esos antecedentes no han podido ser verificados.
«Tenemos información extraoficial de que hay ciudadanos extranjeros en esto, que hay personas vinculadas a temas de las fuerzas policiales también, de la misma Fiscalía, lo cual nosotros no tenemos cómo verificar esa información, pero de ser así, sería de extrema gravedad», afirmó.
Por tratarse de información no corroborada, su eventual participación deberá ser establecida exclusivamente mediante una investigación formal y antecedentes verificables.
Fiscalía investigará los hechos.
La Fiscalía Regional inició una investigación de oficio a partir de las declaraciones realizadas públicamente por el senador Carter.
Ahora será el Ministerio Público el encargado de determinar si existen antecedentes que permitan acreditar la existencia de delitos, identificar eventuales víctimas y responsables, establecer cuándo y dónde habrían ocurrido los hechos y, especialmente, determinar si alguna autoridad o funcionario recibió previamente información que pudiera haber permitido activar mecanismos de protección o denuncia.
La investigación también deberá esclarecer una cuestión que, por ahora, permanece abierta: si los graves hechos denunciados corresponden a una situación efectivamente ocurrida y, en caso de ser así, cuánto tiempo pudo haber transcurrido desde que eventuales antecedentes llegaron al conocimiento de terceros hasta que se adoptaron acciones para investigarlos.
Mientras no existan resultados de la investigación, las acusaciones formuladas públicamente deben entenderse como denuncias pendientes de verificación, especialmente aquellas que apuntan a personas determinadas o a eventuales integrantes de instituciones públicas.
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