Autoridad regional afirmó que la desvinculación del cabo primero Sebastián Zárate responde a una decisión del mando policial basada en los antecedentes conocidos y en la existencia de una formalización con prisión preventiva.
El delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, valoró la decisión de Carabineros de dar de baja al cabo primero Sebastián Zárate Palma, uniformado imputado por la muerte de Gabriel Utreras Sanhueza durante un procedimiento policial ocurrido en Padre Las Casas.
La autoridad regional sostuvo que la determinación corresponde exclusivamente al mando institucional y que fue adoptada considerando los antecedentes disponibles hasta ahora, además de la situación procesal del funcionario, quien permanece formalizado y bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
«En general, estas son decisiones del mando policial y acorde a los antecedentes que hemos conocido, y además se encuentra con una formalización realizada y con una medida cautelar intensa, de modo entonces que corresponde a las atribuciones propias del mando policial», afirmó Ljubetic.
Un caso que mantiene abierta la discusión sobre el actuar policial.
La baja del funcionario fue confirmada por Carabineros luego de que la justicia imputara al cabo primero Zárate como presunto autor del homicidio de Gabriel Utreras, de 37 años.
El hecho ocurrió el pasado 17 de agosto en Padre Las Casas, cuando Utreras falleció tras recibir un impacto de bala en el tórax durante un procedimiento policial. Según los antecedentes conocidos de la investigación, el episodio se inició luego de que el vehículo que conducía habría evadido una fiscalización, dando paso a una persecución.
La investigación deberá establecer las circunstancias exactas en que se produjo el disparo y determinar eventuales responsabilidades penales del funcionario policial.
Persisten cuestionamientos sobre la respuesta institucional.
Mientras Carabineros adoptó una medida administrativa respecto del funcionario involucrado, continúan pendientes interrogantes sobre otros aspectos derivados del caso.
Entre ellos se encuentra el requerimiento realizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) respecto de los fundamentos que llevaron a decretar el funeral de Gabriel Utreras como de «alto riesgo», solicitud que hasta ahora no ha sido respondida por la autoridad de Gobierno.
El caso vuelve a situar en el centro del debate el equilibrio entre el uso de la fuerza policial, los procedimientos de control vehicular y los mecanismos de supervisión institucional cuando estos terminan con consecuencias fatales.
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