El inmueble que representó a Chile en la Expo Milán 2015 lleva más de dos años sin uso y enfrenta un deterioro que podría requerir cerca de $2.000 millones para su recuperación. Durante la administración de Gabriel Boric, Bienes Nacionales descartó entregar su administración al Gobierno Regional, que había ofrecido asumir las reparaciones. Hoy, el Estado busca una salida distinta: licitar el recinto.
Hay algo profundamente contradictorio en la historia del Pabellón Araucanía: una infraestructura que fue construida para representar a Chile en el mundo y que incluso obtuvo una medalla en la Expo Milán 2015, hoy se encuentra cerrada, deteriorándose y a las puertas de ser entregada a un privado mediante una licitación.
¿Cómo se llegó hasta aquí?
La respuesta pasa, en buena medida, por una cadena de decisiones administrativas en las que no faltaron las diferencias políticas, pero sí parece haber faltado algo bastante más elemental: capacidad para ponerse de acuerdo en beneficio de la ciudadanía.
Una propuesta que no prosperó.
Durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, Ámbar Castro, militante del Partido Comunista, ejerció como seremi de Bienes Nacionales entre enero de 2023 y marzo de 2026. Fue durante su gestión que el inmueble regresó a manos de esa cartera, después de haber estado bajo la administración de la Corporación de Desarrollo, vinculada al Gobierno Regional de La Araucanía, encabezado entonces por Luciano Rivas.
Antes de concretarse la devolución, el Gobierno Regional había negociado durante meses una alternativa: mantener la administración del Pabellón Araucanía durante varios años, asumir las reparaciones y mantenciones necesarias y devolverle el uso público.
La propuesta no prosperó.
Las diferencias políticas entre el Gobierno central y el Gobierno Regional eran conocidas. Mientras La Moneda estaba encabezada por una coalición de izquierda, el Gobierno Regional tenía una conducción de centroderecha.
Pero el Pabellón Araucanía no era patrimonio de ninguna de esas posiciones políticas.
Era —y sigue siendo— un inmueble fiscal, perteneciente a todos los chilenos.
Por eso, la pregunta resulta inevitable: ¿por qué no fue posible alcanzar un acuerdo que permitiera que el Gobierno Regional asumiera el costo de recuperar y mantener una infraestructura que, de otro modo, requeriría recursos públicos para volver a funcionar?
Las diferencias políticas pueden explicar un desacuerdo. Lo que resulta más difícil de justificar es que esas diferencias terminen perjudicando a quienes no tienen ninguna responsabilidad en ellas: los ciudadanos.
Dos años cerrado y deteriorándose.
El resultado está a la vista.
El Pabellón Araucanía lleva más de dos años sin funcionamiento regular y expuesto a las condiciones climáticas. En una infraestructura cuyo principal elemento constructivo es la madera, la humedad y la falta de mantención constituyen una amenaza evidente.
Y no se trata de cualquier construcción.
Bajo el nombre de “El Amor de Chile”, el pabellón representó al país en la Expo Milán 2015, donde obtuvo medalla de plata en la categoría de Mejor Arquitectura y Paisaje.
La estructura, construida aproximadamente en un 80% con madera laminada, llegó posteriormente a La Araucanía. Un año después de la exposición internacional fue adjudicada a la entonces Intendencia Regional y posteriormente instalada a los pies del cerro Ñielol, con la intención de transformarla en un espacio cultural y de encuentro para la comunidad.
Una obra que alguna vez fue vitrina de Chile terminó convertida en un inmueble cerrado.
Y mientras permanece cerrado, el tiempo sigue corriendo.
Del Gobierno Regional al municipio y del municipio a Bienes Nacionales.
Tras no concretarse el traspaso al Gobierno Regional, en mayo de 2025 el Pabellón Araucanía fue entregado en comodato a la Municipalidad de Temuco.
La solución duró poco.
En mayo de 2026, el municipio puso término al comodato debido, entre otras razones, al elevado costo que implicaría recuperar la infraestructura: cerca de $2.000 millones.
El inmueble volvió entonces a Bienes Nacionales.
Y aquí aparece la paradoja final: después de años de discusiones y de distintas alternativas de administración pública, la solución que hoy se plantea es licitarlo.
El primer inmueble en la nueva estrategia de Bienes Nacionales.
El Pabellón Araucanía será el primer inmueble incluido en el plan de Bienes Nacionales destinado a ofrecer al mercado edificios fiscales que no han sido asignados a entidades públicas y que permanecen sin uso o presentan condiciones de deterioro.
La infraestructura cuenta con aproximadamente 1.720 metros cuadrados y se encuentra emplazada en un terreno de unos 15 mil metros cuadrados.
Pero tampoco se trata de un terreno que pueda utilizarse sin restricciones.
El inmueble colinda con el Monumento Nacional Cerro Ñielol, un área protegida, por lo que cualquier proyecto que vaya más allá de la reparación y recuperación de la estructura deberá someterse a las exigencias ambientales correspondientes y, eventualmente, a evaluación ante el Servicio de Evaluación Ambiental.
En otras palabras, el futuro concesionario o adquirente no solo deberá enfrentar una millonaria recuperación de la infraestructura, sino también las restricciones propias de su ubicación.
La pregunta que queda pendiente.
La discusión no debiera centrarse exclusivamente en si el Pabellón Araucanía debe ser administrado por el Estado, el municipio, el Gobierno Regional o un privado.
La pregunta de fondo es otra.
¿Por qué se permitió que una infraestructura de alto valor arquitectónico y cultural llegara a este nivel de deterioro cuando existió, al menos, una propuesta para que el Gobierno Regional asumiera su recuperación?
Nadie puede asegurar hoy que, de haberse concretado aquel acuerdo, el pabellón estaría necesariamente funcionando. Pero sí es posible constatar la secuencia: hubo una alternativa de administración regional que no prosperó; el inmueble permaneció sin una solución definitiva; posteriormente pasó al municipio; el municipio desistió ante el costo de recuperación y finalmente el recinto volvió a Bienes Nacionales.
El resultado es concreto: más tiempo perdido, mayor deterioro y una cuenta de reparación que ahora bordea los $2.000 millones.
Cuando la política termina pagando la ciudadanía.
La historia del Pabellón Araucanía deja una lección que debiera trascender a los protagonistas de turno.
Las autoridades pasan. Los partidos cambian. Los gobiernos terminan. Pero los bienes públicos permanecen y, cuando se deterioran por falta de decisiones oportunas, la factura termina pagándola la ciudadanía.
El Pabellón Araucanía fue concebido como una carta de presentación de Chile ante el mundo. Hoy es el símbolo de algo bastante menos alentador: la incapacidad de distintas administraciones para encontrar una solución a tiempo.
Si las diferencias políticas efectivamente pesaron más que la posibilidad de alcanzar un acuerdo, el costo de esa decisión no lo pagó el Partido Comunista ni la centroderecha.
Lo pagó —y lo sigue pagando— la ciudadanía.
Y ahora, paradójicamente, el Estado que durante años no consiguió ponerse de acuerdo sobre qué hacer con el inmueble busca una salida en el mercado privado.
Quizás la pregunta más incómoda sea precisamente esa: ¿Cuánto le terminó costando a los habitantes de La Araucanía una decisión que pudo haberse resuelto con voluntad política y sentido común?
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