La Araucanía recibirá casi $8 mil millones del FAEP 2026 para fortalecer la educación municipal. El problema es que miles de estudiantes que asisten gratuitamente a establecimientos particulares subvencionados, también financiados con recursos fiscales, quedan fuera de este fondo. La diferencia abre un debate incómodo sobre igualdad de oportunidades y el destino de los recursos públicos.
La educación pública de La Araucanía recibirá una inyección de casi $8 mil millones durante 2026. En concreto, la Secretaría Regional Ministerial de Educación informó la adjudicación de $7.986.566.644 correspondientes al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP), recursos distribuidos por la Dirección de Educación Pública para fortalecer la gestión educativa, apoyar el funcionamiento de los establecimientos municipales y financiar iniciativas de infraestructura, equipamiento y procesos pedagógicos.
Los recursos serán distribuidos entre distintas comunas de la región. Temuco concentra el mayor monto, con $1.315.614.292, seguida por Angol, con $572.019.823; Lautaro, con $499.786.485; Victoria, con $413.860.563, y Villarrica, con $382.176.595.
Según la autoridad educacional, estos fondos permitirán a los sostenedores avanzar en proyectos destinados a mejorar las condiciones en que se desarrolla la actividad educativa y fortalecer las trayectorias de los estudiantes.
El seremi de Educación, Aaron Ríos Morales, destacó la asignación y señaló que La Araucanía recibirá este año recursos superiores a los de 2025. A su juicio, ello permitirá avanzar con mayor fuerza en proyectos de infraestructura, equipamiento y gestión educativa, beneficiando directamente a más de 66 mil estudiantes y 383 establecimientos educacionales.
Hasta aquí, poco que objetar: mejorar la infraestructura, el equipamiento y la gestión de las escuelas públicas es una necesidad evidente, particularmente en una región que enfrenta importantes brechas sociales y territoriales.
Pero existe una pregunta que el anuncio oficial no responde: ¿Qué ocurre con los miles de estudiantes que asisten gratuitamente a establecimientos particulares subvencionados?
Un mismo financiamiento fiscal, pero distinto acceso a recursos.
Los colegios particulares subvencionados gratuitos también forman parte del sistema financiado con recursos públicos. Sus estudiantes, al igual que quienes concurren a establecimientos municipales o administrados por los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), son beneficiarios de un sistema de subvención estatal.
Sin embargo, cuando se distribuyen recursos extraordinarios para infraestructura, equipamiento o fortalecimiento institucional, el acceso no necesariamente es el mismo.
Ese es precisamente el punto que merece una discusión más profunda.
Mientras el Estado destina miles de millones de pesos adicionales para fortalecer establecimientos públicos, los colegios particulares subvencionados gratuitos deben financiar sus necesidades fundamentalmente con la subvención que reciben por alumno, sin acceder a este fondo específico.
La pregunta, entonces, no es si debe fortalecerse la educación pública. Por supuesto que sí. La verdadera discusión es si resulta razonable que estudiantes que también asisten gratuitamente a establecimientos financiados por el Estado queden sistemáticamente fuera de determinados programas de apoyo simplemente por el tipo de administración del establecimiento al que concurren.
El debate cobra todavía mayor relevancia si se considera que la educación particular subvencionada representa una parte significativa de la matrícula escolar del país. Es decir, no estamos hablando de una realidad marginal ni de un pequeño grupo de familias.
La desigualdad que se esconde detrás del modelo.
La diferencia de trato tampoco se limita al FAEP. Desde hace años existe una discusión respecto de la forma en que se distribuyen determinados beneficios y programas estatales entre establecimientos municipales, públicos y particulares subvencionados.
Computadores, útiles escolares, programas de apoyo, infraestructura y otras iniciativas financiadas con recursos fiscales han tenido históricamente distintos criterios de acceso dependiendo de la dependencia administrativa del establecimiento.
Y aquí aparece una paradoja difícil de ignorar.
El Estado sostiene que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Sin embargo, en la práctica, el acceso a determinados recursos públicos puede depender del establecimiento al que asisten.
¿Debe el Estado financiar establecimientos en función de quién los administra o en función de las necesidades de los estudiantes?
La pregunta no pretende desconocer la responsabilidad del Estado con su educación pública. Tampoco busca enfrentar artificialmente a colegios municipales y particulares subvencionados. El punto es otro: cuando se utilizan recursos públicos para corregir brechas educativas, el criterio debería ser capaz de resistir una pregunta básica de equidad: ¿Quién necesita el apoyo y dónde está el estudiante que lo requiere?
El debate que falta.
Fortalecer la educación pública puede ser una legítima prioridad de política pública. Pero una prioridad política no debiera transformarse automáticamente en una diferencia de oportunidades para estudiantes que, independientemente de la dependencia de su colegio, pertenecen al mismo sistema educativo y cuyas familias también contribuyen al financiamiento general del Estado.
Los casi $8 mil millones anunciados para La Araucanía representan una oportunidad para mejorar establecimientos y beneficiar a miles de estudiantes. Nadie debería cuestionar ese objetivo.
Lo que sí corresponde preguntar es por qué una parte de los estudiantes que también reciben educación gratuita y financiada por el Estado queda fuera de determinados mecanismos extraordinarios de apoyo.
Porque si el principio rector es mejorar las condiciones en que estudian los niños y jóvenes más allá de su origen social, el apellido administrativo del establecimiento no debiera ser más importante que las necesidades concretas de sus estudiantes.
Y esa es una discusión que, hasta ahora, sigue pendiente.
——&——-
Para cualquier comunicación, entrega de antecedentes de forma privada o denuncia,
a través del teléfono +56 9 9841 47462, WhatsApp +56 9 6419 5500, o al correo contacto@noticiascomunitarias.cl
"Para pensar, comentar y compartir"