Un nuevo capítulo de discrecionalidad política mantiene en jaque a las 32 comunas de La Araucanía.
El Consejo Regional (CORE) rechazó la adjudicación de casi $10.000 millones del Fondo 8% FNDR, congelando el financiamiento de 1.271 iniciativas sociales, deportivas y culturales que ya habían superado todas las instancias de evaluación técnica. El freno institucional no respondió a fallas presupuestarias ni a vicios del proceso, sino al abierto intento de los consejeros por alterar la lista de ganadores e imponer un criterio de reparto informal.
El veto a la meritocracia técnica.
La maniobra del cuerpo colegiado expone la resistencia a someter la entrega de fondos públicos a reglas objetivas. Tras haber aprobado en abril las bases del concurso, los consejeros rechazaron el Mensaje N° 160 presentado por el gobernador René Saffirio al percatarse de que la asignación respetaba estrictamente los puntajes obtenidos (iguales o superiores a 51 puntos). Como denunció la autoridad regional, la pretensión de los Cores buscaba un objetivo explícito: descalificar a organizaciones de alto puntaje para subir «a dedo» a entidades seleccionadas bajo criterios de conveniencia política.
Las implicancias del bloqueo regional:
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Rehenes de la política local: Juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, agrupaciones de protección animal y comunidades indígenas ven paralizados sus proyectos por una disputa de cuotas de influencia territorial.
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Vulneración de la fe pública: Alterar las reglas del juego una vez conocidos los resultados invalida el concepto de concurso público y degrada la transparencia en la gestión de recursos del Estado.
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Escalada legal: Ante la negativa del Consejo, el Ejecutivo regional ratificó que recurrirá a las herramientas jurídicas e institucionales disponibles para forzar el respeto a las bases y garantizar los fondos a quienes ganaron la licitación.
El conflicto en La Araucanía trasciende un simple desencuentro administrativo. Al pretender subordinar la evaluación técnica al compadrazgo territorial, el CORE evidencia cómo la distribución de recursos comunitarios continúa siendo disputada como un botín de figuración política a costa de las necesidades de la ciudadanía.
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