Lo que debía ser una clase práctica de formación profesional terminó en una tragedia humana e institucional.
La muerte de un estudiante de 34 años de la carrera de Ecoturismo de la Universidad de La Frontera (UFRO) —quien había congelado sus estudios y retomó este semestre con la meta de titularse— transforma un accidente en el río Liucura de Pucón en un cuestionamiento de fondo sobre la gestión del riesgo en las salidas académicas a terreno.
Un arrastre de un kilómetro y la falla en la contención.
El grupo estaba integrado por 14 universitarios y cuatro docentes. Sin embargo, tras la volcadura de la balsa por causas que investiga la justicia, la cadena de respuesta falló en el punto más crítico: mientras la mayoría fue rescatada de inmediato, la corriente arrastró al estudiante aproximadamente un kilómetro río abajo. Pese a que fue hallado y sometido a intensas maniobras de reanimación por parte de los equipos de emergencia, los esfuerzos resultaron infructuosos.
Bajo la lupa penal e institucional.
La Fiscalía dispuso la intervención de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros y del Servicio Médico Legal (SML) para tomar declaraciones a los testigos y determinar las responsabilidades del hecho. El caso abre interrogantes ineludibles para la UFRO y la industria del turismo de aventura:
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Brecha en la respuesta de rescate: ¿Cómo se explica que, en una actividad con cuatro profesores a cargo y guías en el lugar, un alumno terminara a la deriva y fuera del alcance de contención inmediata durante un trayecto de mil metros?
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Certificación y equipamiento: ¿Contaban las balsas, los chalecos de flotación y la logística docente con los estándares mínimos exigidos para operar en ese tramo específico del río Liucura?
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La paradoja de la academia: Resulta inaceptable que una carrera destinada a enseñar la prevención y gestión de riesgos en la naturaleza registre una víctima fatal en una actividad curricular bajo estricta supervisión universitaria.
La muerte de este futuro guía de turismo no puede archivarse como una imponderable «fatalidad del río». La investigación debe transparentar si existió negligencia en la evaluación del cauce o en la ejecución de los protocolos de salvamento, asegurando que la formación de campo no se traduzca en un riesgo letal para los estudiantes.
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