La asignación de más de 10.000 millones de pesos del Fondo de Vinculación con la Comunidad (8% del FNDR) desató una crisis institucional en La Araucanía. El choque entre el gobernador René Saffirio y la totalidad del Consejo Regional (Cores) expone la tensión entre la evaluación técnica objetiva y la insistencia del poder político por conservar márgenes de discrecionalidad en la entrega de recursos públicos.
La maniobra del Consejo: La «pertinencia» como llave maestra.
Los 20 consejeros regionales rechazaron la propuesta oficial aludiendo a un resquicio normativo: sostienen que superar el piso de 50 puntos otorga admisibilidad, pero no obliga a respetar un orden de prelación por puntaje. Escudándose en la «pertinencia territorial» y en supuestas faltas de garantías de prepago, el cuerpo colegiado defendió su atribución de filtrar qué proyectos financiar.
Para la gobernación, la postura de los Cores oculta un intento deliberado por descalificar iniciativas de alto puntaje para beneficiar a organizaciones afines seleccionadas arbitrariamente.
Las implicancias del bloqueo regional.
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Quiebre de la fe pública: Modificar los criterios de selección tras la publicación de los resultados invalida el esfuerzo de cientos de organizaciones sociales que compitieron bajo reglas supuestamente objetivas.
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Parálisis presupuestaria: El rechazo institucional deja en pausa miles de millones de pesos destinados a proyectos comunitarios en una región fuertemente golpeada por rezagos socioeconómicos.
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Resistencia al control técnico: La disputa transparenta la pugna de los caudillismos locales por retener la caja regional como herramienta de figuración territorial, desafiando los estándares de transparencia en la gestión del gasto público.
La disputa en La Araucanía excede un mero desacuerdo reglamentario. Al pretender ignorar la prelación técnica, el Consejo Regional sienta un peligroso antecedente que degrada los concursos públicos a meras listas de recomendados.
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