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Lo que debía ser una jornada de aprendizaje práctico en las aguas del río Liucura terminó en fatalidad.

El volcamiento de una embarcación de rafting cobró la vida de un estudiante del campus Pucón de la Universidad de La Frontera (UFRO), un hecho que conmociona a la zona y reabre de inmediato el debate sobre los estándares de prevención y gestión de riesgos en las actividades académicas al aire libre.

El accidente y el despliegue de emergencia.

El grupo estaba integrado por 14 estudiantes y cuatro docentes de la casa de estudios quienes realizaban un descenso curricular en el cauce. Por causas que se encuentran bajo investigación, la balsa capotó durante el trayecto. Pese al rápido despliegue de equipos del SAMU, Bomberos, Carabineros y la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), y a las intensas maniobras de reanimación aplicadas en la ribera, el universitario falleció en el lugar. El resto de los expedicionarios logró salir a salvo.

Bajo la lupa: La responsabilidad institucional y los estándares de seguridad.

Tratándose de una zona insigne para el turismo de aventura como Pucón, el desenlace fatal de una actividad organizada por una institución de educación superior impone interrogantes que van más allá del imponderable hídrico:

  • Evaluación previa del terreno: Corresponderá determinar si las condiciones del cauce y del clima al momento del descenso eran las idóneas para una actividad pedagógica con alumnos.

  • Supervisión y Ratios: Aunque la delegación contaba con la presencia de cuatro docentes para 14 alumnos, la investigación deberá precisar si se cumplió con los estándares normativos y la dotación de guías certificados exigidos para el rafting de aguas blancas.

  • Protocolos de la casa de estudios: La tragedia obliga a revisar los filtros institucionales con los que las universidades autorizan e inspeccionan las salidas a terreno de alto riesgo, garantizando que el equipamiento y la logística no dejen margen a la improvisación.

La muerte del estudiante en el río Liucura no puede quedar reducida a la categoría de mero «accidente fortuito». Exige una investigación rigurosa y transparente que determine responsabilidades y siente un precedente sobre la seguridad de los universitarios en expediciones de terreno.

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