Organizaciones de cinco sectores rurales y periurbanos ingresaron un reclamo formal denunciando interrupciones prolongadas, nula respuesta corporativa y desamparo en invierno. Exigen un plan de prevención, compensaciones y la intervención de autoridades.
La precariedad en el suministro eléctrico volvió a tensionar a las comunidades de La Araucanía. Dirigentes de diversas juntas de vecinos de Cunco y Vilcún formalizaron una dura acción colectiva contra la empresa distribuidora Frontel, acusando cortes de luz sistemáticos, interrupciones prolongadas y una persistente falta de información oportuna, deficiencias que impactan de manera crítica a las familias durante la temporada invernal.
La presentación agrupa a residentes de Caivico, Cruz del Sur, San Conrado, Los Notros y el Condominio Río Caivico, quienes advierten que las fallas dejaron de ser eventos fortuitos para convertirse en una condición de vulnerabilidad permanente. «No se trata de una situación excepcional, sino de un hecho grave y persistente», denunció Jaime Godoy, vecino del sector Cruz del Sur, al visibilizar la molestia ante la ausencia de soluciones definitivas por parte de la compañía.
Ejes del conflicto y petitorio comunitario:
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Vulnerabilidad rural e impacto invernal: La discontinuidad del suministro en zonas periurbanas y rurales interrumpe servicios básicos como sistemas de agua potable rural (APR), calefacción y conservación de alimentos o medicamentos, afectando gravemente la calidad de vida.
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Opacidad en la atención a clientes: La comunidad critica la ineficacia de los canales de comunicación de Frontel, exigiendo avisos previos claros y tiempos de reposición certeros en lugar de la incertidumbre actual.
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Exigencia de compensaciones e investigación: El petitorio demanda la aplicación rigurosa de las indemnizaciones por daños a artefactos y horas sin servicio, además de instar a investigar formalmente la eventual incidencia de terceros o falta de poda/mantenimiento en las líneas de transmisión.
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Mesa técnica en terreno: Los firmantes exigen una fiscalización activa que reúna en el territorio a ejecutivos de la empresa, autoridades de Gobierno y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para fijar compromisos con plazos vinculantes.
El reclamo de las comunidades de Cunco y Vilcún expone las falencias en la fiscalización del monopolio de distribución eléctrica rural, exigiendo que la continuidad del servicio deje de ser un privilegio y vuelva a garantizarse como un derecho básico.
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