El recurso judicial contra la PDI en Río Bueno expone un modus operandi de vigilancia ilegal, mientras la Fiscalía blinda la identidad de sus persecutores corporativos bajo un manto de opacidad inédito en democracia.
La maquinaria de hostigamiento estatal contra los defensores de derechos humanos en Chile parece haber reactivado sus peores prácticas resumenlatinoamericano.org. Lo que la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público pretenden tratar como «procedimientos de rutina», la defensa de la reconocida abogada Karina Riquelme lo ha llevado ante los tribunales como una abierta e ilegal vulneración al ejercicio profesional. A través de un recurso de amparo presentado ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, se denunció formalmente que la jurista —querellante en la emblemática causa por la desaparición de la líder mapuche Julia Chuñil interferencia.cl— fue objeto de seguimientos, espionaje y registros fotográficos no autorizados por parte de agentes policiales de civil en las inmediaciones del tribunal de Río Bueno radionuevomundo.cl.
La gravedad de la denuncia radica en que el espionaje se ejecutó el 24 de marzo de 2023 mientras la abogada realizaba labores de defensa técnica en un caso completamente ajeno al de la dirigenta indígena facebook.com. Esto desmonta cualquier intento de justificar las fotos a su vehículo y a su equipo de trabajo como «diligencias derivadas de una investigación» radionuevomundo.cl. Se trata, a todas luces, de un perfilamiento directo a su persona, una práctica de amedrentamiento que contraviene de forma flagrante las directrices de la propia Corte Suprema, que ya ha ordenado taxativamente a las policías abstenerse de perturbar el normal desempeño de los profesionales del derecho araucaniadiario.cl.
«Fiscales sin rostro» y el cerco a la observación internacional.
El entramado de persecución no termina en la PDI. El abogado Rodrigo Pizarro Rosales, patrocinante del recurso, reveló un antecedente alarmante que incrementa el tono oscuro de este proceso: en el marco de las audiencias ligadas a esta controversia, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la reserva de identidad del fiscal adjunto interviniente, quien además compareció de forma telemática radionuevomundo.cl. ¿Por qué la Fiscalía impone la lógica autoritaria de los «fiscales sin rostro» para litigar contra una abogada de derechos humanos a la que, según el propio organismo, ni siquiera están investigando penalmente? [radionuevomundo.cl](https://radionuevomundo.cl/2026/08/la-pdi-la-seguia-y-fotografiaba-defensa-de-karina-riquelme-presenta-amparo-por-seguimientos-policiales-en-rio-bueno/] Esta asimetría procesal no busca proteger la seguridad de un persecutor; busca blindar institucionalmente la opacidad de un montaje o, al menos, de un procedimiento viciado laizquierdadiario.cl.
Para empeorar el panorama, el ente persecutor intentó formalmente prohibir el acceso a las audiencias del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y de observadores internacionales radionuevomundo.cl. Aunque el magistrado a cargo rechazó la pretensión de la Fiscalía y garantizó la publicidad del acto radionuevomundo.cl, la jugada deja en claro la intención corporativa: aislar a la defensa, vetar los ojos de los organismos de control internacional y operar en la absoluta penumbra.
El retorno del amedrentamiento sistemático.
La abogada Karina Riquelme posee un extenso historial de defensa de comuneros mapuches y ya fue blanco de montajes policiales previos, como quedó en evidencia tras el destape judicial de la fraudulenta Operación Huracán laizquierdadiario.cl. Por lo mismo, la actual ofensiva institucional —que incluye una causa paralela por supuesta «violación de reserva procesal» levantada por la fiscal regional Tatiana Esquivel interferencia.cl— se lee en las regiones del sur como un castigo explícito por cuestionar el «sesgo racista» de las indagatorias estatales facebook.com.
Mientras la Corte de Apelaciones de Valdivia define si acoge el recurso y pone freno a las policías, el caso de los seguimientos fluviales y urbanos a los defensores jurídicos trasciende lo técnico. Exponer que los defensores de DD.HH. en el Wallmapu son seguidos y fotografiados en secreto mientras el Estado litiga escondido detrás de una pantalla, configura un preocupante retroceso democrático que la judicatura civil está forzada a sancionar de inmediato.
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