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La región del sur peruano, donde la mandataria electa obtuvo menos del 10% de los votos frente a Roberto Sánchez, rechaza la legitimidad del nuevo gobierno. Dirigentes y analistas advierten que una eventual visita oficial desataría fuertes tensiones en la zona.
LIMA.– A pocas semanas de que Keiko Fujimori asuma la Presidencia del Perú el próximo 28 de julio, su administración ya enfrenta un categórico foco de resistencia territorial. La región de Puno, ubicada en la sierra sur y fronteriza con Bolivia, se consolidó formalmente como el principal bastión electoral y político contrario al fujimorismo, donde diversos sectores gremiales y sociales anunciaron que no reconocerán la legitimidad del Ejecutivo entrante.
De acuerdo con las cifras oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fujimori obtuvo en Puno solo 96 mil sufragios en la segunda vuelta electoral, frente a los 600 mil alcanzados por su rival político, Roberto Sánchez. Este resultado implica que casi el 90% de los votantes de la región rechazó la opción de la coalición de derecha, abriendo un escenario de profunda polarización de cara a la instalación del nuevo régimen.
Denuncias de fraude y quiebre institucional.
Desde el plano dirigencial, las respuestas ante el desenlace de los comicios no se hicieron esperar. «Nosotros desconocemos y rechazamos los resultados de la segunda vuelta porque para nosotros ganó Roberto Sánchez y, consecuentemente, desconocemos a un eventual gobierno de la señora Keiko Fujimori porque ella tiene ilegitimidad», afirmó Alexander Pilco Ticona, secretario general del Sutep Regional Puno, quien calificó el proceso como un «fraude planificado», pese a no presentar evidencias judiciales de aquello.
Por su parte, el periodista Liubomir Fernández, corresponsal del diario La República, explicó que el fenómeno responde a una demanda de reivindicación histórica y no meramente material. Fernández recordó que en 2023, durante las protestas sociales contra el gobierno de Dina Boluarte, al menos 18 personas murieron en Puno a manos de las fuerzas de orden, hechos en los que el partido de Fujimori (Fuerza Popular) brindó un cerrado respaldo político al régimen desde el Congreso de la República. 
Resistencia histórica y veto a visitas oficiales.
El rechazo de la provincia del sur al fujimorismo no es un fenómeno nuevo, sino una constante estadística. Desde su primera postulación presidencial, la líder de Fuerza Popular ha perdido consecutivamente en Puno: frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016), Pedro Castillo (2021) —donde Castillo obtuvo 645 mil votos frente a 77 mil de Fujimori— y, finalmente, en este último balotaje ante Roberto Sánchez.
Debido a esta alta animadversión, voceros locales consideran inviable cualquier despliegue de la mandataria electa en la zona. Raúl Samillán, representante de la asociación de víctimas de las protestas de 2023, advirtió que una eventual presencia de Fujimori recrudecería la confrontación puesto que «las heridas siguen abiertas». En esa línea, el magisterio y organizaciones sociales ya programaron jornadas de movilización en la región que se extenderán hasta la víspera de la toma de mando en Lima.
Identidad colectiva e independencia económica.
Desde la perspectiva académica, el comportamiento particular de esta zona del mapa electoral peruano posee profundas raíces socioculturales. Lady Sihuay, antropóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, argumentó que Puno cuenta con una sólida independencia económica impulsada por dinámicas comerciales locales exitosas. Esto le permite relacionarse de manera horizontal con el poder central, rechazando visiones paternalistas estatales vigentes en otras provincias del país.
A este factor se suma la alta cohesión social de sus comunidades. La herencia cultural de los pueblos quechua y aimara genera una estructura social que reacciona de manera colectiva y unificada ante las crisis políticas. Expertos e investigadores coinciden en que la fisonomía del conflicto obligará a la administración de Fujimori a prescindir de la presencialidad en el sur andino durante los primeros meses de su mandato, priorizando canales de gobernabilidad alternativos para evitar desbordes sociales.
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