Los imputados acusaron además, que el Juzgado de Garantía de Purén rechazó una medida cautelar para obligar a la fiscalía a entregar los antecedentes completos.
El debido proceso es un derecho fundamental que le cabe a todo ciudadano, cuando es imputado de algún delito o sometido a un proceso judicial, siendo una piedra angular fundamental del Estado de Derecho.
Por otro lado, la audiencia de preparación de juicio oral (APJO) es una etapa clave, en la cual un juez de garantía define el marco de un juicio oral. En ella, se exponen acusaciones, se ofrecen y depuran las pruebas (testigos, peritos, documentos), se resuelven vicios formales y se concreta el auto de apertura, cerrando la etapa de investigación.
Así, por ejemplo, si una intervención telefónica fue realizada sin la autorización de un juez, en términos generales no es válida y no puede ser utilizada como prueba en el juicio oral. De igual manera, testimonios que tengan un interés en perjudicar o beneficiar una parte u otra, son revisados en esta etapa judicial. En este caso, si algún testigo recibió un pago para ir a testificar, deberá ser descartado y tampoco se podrá utilizar en el juicio oral.
Caso Vegas Centenario.
En la causa Vegas Centenario, donde están imputados, entre otros el hijo del vocero histórico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Pelentaro Llaitul, además de Cristian Tranamil, Claudio Millanao, Alejandro Millanao, Patricio Zapata y José Llanquinao, estos acusados denunciaron públicamente que la fiscalía regional, no le ha permitido a sus abogados conocer de forma previa las pruebas que se analizarán, en la preparación del juicio oral, para luego usarlas en su contra para intentarlos condenar.
«… la causa por la que actualmente estamos procesados se ha gestado desde sus inicios de una manera forzada, sin base lógica, cuyas pruebas derivan de diversas investigaciones entre ellas algunas finalizadas o desformalizadas y además supuestamente de carácter «reservadas»; es decir, otro tribunal habría ordenado intervención de teléfonos y seguimientos desde mucho antes de sucedido los hechos por los que estamos actualmente formalizados«, señalaron en su comunicado.
«Frente a estas irregularidades, nuestros abogados han solicitado a Fiscalía que entregue la información completa antes de la preparación de juicio oral (APJO), la cual no ha sido entregada hasta la fecha«, agregaron.
Cautela de garantías.
Ante lo anterior, la herramienta judicial que corresponde usar, es un requerimiento a la fiscalía a través del Juzgado de Garantía, para que entregue las pruebas, lo que los acusados hicieron, pero según denunciaron, el tribunal también les negó la posibilidad.
«Se presentó una medida cautelar de garantía al Juez de Garantía de Purén, quien rechazó dicha solicitud, dando continuidad a la realización de la APJO sin contar nosotros los acusados, con los antecedentes que dieron origen a esta persecusión, lo que constituye una falta grave al debido proceso«, manifestaron.
«Para nosotros como acusados es importante aclarar esta información ya que como es sabido y demostrado, por ejemplo en el montaje de la Operación Huracán, en que la policía y Fiscalía conseguían con influencia personal órdenes de tribunal aparentemente legales pero sin fundamentos para perseguir a diferentes comuneros mapuche«, puntualizaron los presos mapuche.
Comparecencia personal y publicidad de la audiencia.
Por otro lado, los comuneros mapuche acusan que no se les permitió comparecer personalmente en la audiencia y que tampoco se ha permitido la publicidad de la audiencia que se garantiza por Ley, ya que sus familiares no han podido entrar al juzgado de garantía y tampoco se permitió por vía online.
«Del mismo modo denunciamos a Tribunal de Purén por negarnos el derecho a comparecer presencialmente de esta importante fase del proceso judicial violando nuestro derecho a la Defensa. Por lo cual, nuestros abogados han presentado un recurso de amparo constitucional«, señalaron los imputados en la causa Vegas Centenario, donde se les investiga por un atentado incendiario el día 10 de mayo del año 2021, en Lumaco, contra vehículos particulares y maquinaria agrícola, así como de un enfrentamiento con armas de fuego contra Carabineros.
Finalmente, denunciaron al fiscal que lleva el caso. «Denunciamos al FISCAL HÉCTOR LEIVA, quien junto al juzgado han obstaculizado de forma sistemática no tan sólo el acceso a las audiencias, sino a la información «reservada», garantizando mayor acceso a ministerio de seguridad, fiscalía, ministerio público, mientras que nuestros defensores han tenido acceso restringido únicamente a algunos archivos, lo que parece una acción deliberada del sistema judicial, para tratarnos como culpables a través de la limitación de derechos«, concluyeron. Vía Araucanía Diario.-
Editor: contacto@noticiascomunitarias.cl
«Para pensar, comentar y compartir»
@destacar @seguidores #Temuco #Cautín #Malleco #Araucanía #Chile