Juan Rojas extendió por un año la continuidad de 20 trabajadores a honorarios vinculados a un programa financiado por el Gobierno Regional. Todos fueron incorporados durante la gestión de la ex seremi Ambar Castro (PC). Mientras la autoridad defiende la decisión por razones técnicas y de continuidad del servicio, dirigentes del oficialismo advierten que existen profesionales de sus sectores disponibles para incorporarse al Gobierno.
Una decisión administrativa del seremi de Bienes Nacionales de La Araucanía, Juan Rojas, abrió un flanco de tensión política al interior de los partidos que respaldan al Gobierno del Presidente José Antonio Kast. La autoridad resolvió renovar por un año los contratos de 20 trabajadores a honorarios que forman parte de un programa de regularización de propiedades, incorporados durante la administración de la ex seremi Ambar Castro, militante del Partido Comunista, bajo el gobierno del expresidente Gabriel Boric.
La determinación generó cuestionamientos en sectores del oficialismo regional, donde algunos dirigentes consideran contradictorio que, en medio del cambio de administración, se mantenga a la totalidad del equipo contratado durante el gobierno anterior, mientras numerosos profesionales vinculados a los partidos que hoy respaldan al Ejecutivo esperan oportunidades laborales en el aparato público.
El asunto no es menor. Se trata de un equipo de 20 personas financiado con recursos públicos del Gobierno Regional de La Araucanía, cuya continuidad fue resuelta por la actual autoridad regional de Bienes Nacionales. La pregunta que surge es por qué se optó por mantener íntegramente al equipo anterior y cuáles fueron los criterios utilizados para evaluar su desempeño y resolver las renovaciones.
La explicación de Bienes Nacionales.
Consultado el equipo de comunicaciones de la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, respecto de si conocía o había autorizado la decisión adoptada por el seremi Juan Rojas, la respuesta fue derivar las consultas a la representación regional de la cartera.
Desde la seremía explicaron que el programa denominado «Regularización en 32 Comunas de la Región de La Araucanía» corresponde a un convenio de transferencia de recursos entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Bienes Nacionales, aprobado mediante Resolución N.º 63, del 26 de julio de 2024.
«Se financia íntegramente con fondos del GORE, por lo que no tiene incidencia en el presupuesto del Ministerio», precisaron.
Asimismo, señalaron que «la prórroga del convenio y la continuidad de los equipos que ejecutan sus compromisos son facultades delegadas en el Seremi, según la Resolución Exenta N.º 1.917 de 1996».
La autoridad regional defendió la decisión argumentando que se trata de personal técnico contratado a honorarios, cuyos pagos fueron establecidos en el convenio original.
«Se trata de personal a honorarios, de perfil técnico, cuyos honorarios fueron fijados y estandarizados en el convenio en 2024. Desde entonces no han sido reajustados. Dar continuidad al equipo responde a un objetivo concreto: asegurar los resultados en regularización de la propiedad que necesita la región», agregaron desde la institución.
En otras palabras, la posición oficial apunta a privilegiar la continuidad de un programa que busca avanzar en la regularización de propiedades en las 32 comunas de La Araucanía.
Sin embargo, esa explicación no despeja todas las interrogantes sobre los criterios de selección y permanencia del personal, las evaluaciones realizadas ni la posibilidad de incorporar nuevos profesionales a los equipos de trabajo.
«Son técnicos»: El argumento que genera cuestionamientos.
Uno de los argumentos utilizados para justificar la continuidad de los trabajadores es precisamente su carácter técnico. Desde la institución sostienen que mantener a los equipos permite evitar interrupciones en la ejecución del programa.
No obstante, un funcionario de la propia seremía, que solicitó mantener su identidad en reserva, cuestionó esa justificación y aseguró que las 20 personas fueron seleccionadas durante la administración de la ex seremi Ambar Castro.
«Son todas personas que entraron a trabajar contratadas por la seremi comunista Ambar Castro y todos sabemos a quiénes eligen ellos. Además, están a honorarios, por lo que no había necesidad u obligación de mantenerlos», afirmó.
El funcionario también puso en duda que las labores desarrolladas por el equipo requieran una especialización que impida buscar otros profesionales.
«Además, no es un trabajo especializado y cualquier otro profesional lo puede hacer, tal y como se hizo cuando fueron contratados. Los administrativos deben armar carpetas, sacar impresiones y fotocopias. Los topógrafos medir las propiedades que se regularizan y los abogados tramitar las carpetas, todo con la orientación nuestra, así que el argumento de no descontinuar el trabajo no es válido», sostuvo.
Sus declaraciones abren otra discusión: si la continuidad del programa exige necesariamente mantener a las mismas personas o si la actual administración tenía margen para revisar los antecedentes profesionales, evaluar los resultados y eventualmente incorporar nuevos integrantes.
Se trata de una cuestión que la autoridad no abordó en detalle en su respuesta institucional.
El silencio de los partidos y las críticas desde Evópoli.
La decisión también fue consultada a dirigentes de los partidos políticos que forman parte del oficialismo regional.
La presidenta regional del Partido Republicano y consejera regional, Marisol Wickel, recibió los antecedentes y fue consultada sobre su posición frente a la renovación de los contratos. Sin embargo, no entregó una respuesta a las consultas realizadas por este medio.
Una situación similar ocurrió con el presidente regional de la UDI, Gino González, quien tampoco respondió las preguntas sobre la continuidad de los trabajadores.
Quien sí entregó una opinión fue Ignacio Tobar, secretario regional de Evópoli, quien destacó la existencia de profesionales de su colectividad con experiencia y capacidades para colaborar con el Gobierno.
«Tenemos un partido activo a lo largo de la región, con actividades constantes y un crecimiento de su militancia permanente. Más allá de aquellos que ya han ingresado a Gobierno, que creemos que están realizando un tremendo trabajo, tenemos muchos más profesionales que pueden ser un tremendo aporte», manifestó.
Tobar agregó que Evópoli ha apostado por la renovación de la política y que su estructura regional reúne tanto a personas con experiencia en la administración pública como a jóvenes profesionales.
«Nos destacamos por ser un partido que ha apostado por renovar en la política y, en ese sentido, en Evópoli Araucanía convergen personas de amplia experiencia en Gobierno y asuntos públicos, como también muchos jóvenes profesionales con capacidad de sobra para ser un aporte sustantivo», señaló.
Consultado directamente por la controversia de Bienes Nacionales, el dirigente evitó cuestionar de manera frontal la decisión del seremi, pero puso énfasis en la importancia de que los funcionarios cuenten con la confianza de las autoridades.
«Por supuesto, esperamos que todo funcionario público cuente con la confianza de la autoridad respectiva, que tenga las capacidades para llevar adelante su trabajo de buena forma y pueda trabajar de conformidad con las directrices de la administración», sostuvo.
Finalmente, manifestó la disposición de su partido a colaborar con el Ejecutivo: «Por supuesto que son asuntos complejos, pero desde Evópoli tenemos toda la voluntad de aportar al Gobierno».
Los contratos y los recursos comprometidos.
Según los antecedentes proporcionados por funcionarios de la seremía, las 20 personas cuyos contratos fueron renovados son las siguientes:
| Profesional o trabajador | Honorarios mensuales informados |
|---|---|
| Javiera Huenchulaf Lagos | $2.050.000 |
| Hugo Castillo Torres | $1.550.000 |
| Catherine Cuevas Larenas | $1.550.000 |
| Elizabeth Huircalaf Salazar | $1.550.000 |
| Catalina González Meza | $1.550.000 |
| Alfonso Cruz de La Cruz | $1.550.000 |
| Catalina Cuevas Cárcamo | $1.550.000 |
| Cristian Paillaleo Paine | $1.250.000 |
| Claudio Concha Roa | $1.250.000 |
| Catherine Gutiérrez Carvajal | $1.250.000 |
| Marcia Carrasco Namoncura | $1.250.000 |
| Lily Guzmán Alcamán | $1.250.000 |
| Diego Hernández Becerra | $800.000 |
| Servando Voisier Sandoval | $800.000 |
| Paula Reyes Barra | $800.000 |
| Karen Grey González | $800.000 |
| José Martínez Sepúlveda | $800.000 |
| José Alvarado Barra | $800.000 |
| Benjamín Marileo Barrueto | $800.000 |
| Elson Ferreira Silva | $800.000 |
Montos informados por una fuente interna de la institución. Deben contrastarse con los respectivos contratos y antecedentes oficiales antes de su publicación.
La nómina representa un compromiso económico que merece ser examinado en función de los resultados del programa, las funciones asignadas a cada trabajador y los criterios utilizados para determinar su continuidad.
Una decisión administrativa con consecuencias políticas.
El caso deja en evidencia una tensión que comienza a instalarse en distintos sectores del oficialismo regional: la expectativa de que el cambio de Gobierno también permita incorporar nuevos cuadros profesionales y técnicos a la administración pública.
Pero la discusión no debería reducirse exclusivamente a la militancia política de quienes fueron contratados durante el gobierno anterior. La continuidad de un programa financiado con recursos públicos debe responder a criterios objetivos, como la experiencia, el desempeño, las competencias profesionales y el cumplimiento de las metas comprometidas.
En ese contexto, la decisión de Juan Rojas merece una explicación más completa que la sola invocación de la continuidad técnica del programa.
¿Por qué se renovó a la totalidad del equipo? ¿Existieron evaluaciones individuales de desempeño? ¿Se revisaron los resultados alcanzados desde 2024? ¿Se consideró la posibilidad de abrir nuevas oportunidades para otros profesionales de la región?
Son preguntas legítimas cuando se trata de recursos públicos y de decisiones adoptadas por una autoridad que representa a una nueva administración.
Por ahora, la explicación de Bienes Nacionales apunta a garantizar la continuidad del trabajo. Sin embargo, la controversia política permanece abierta y deja una interrogante que el seremi Juan Rojas deberá enfrentar: si la renovación de los contratos obedeció exclusivamente a criterios técnicos, ¿qué antecedentes objetivos respaldan la decisión de mantener a todo el equipo seleccionado durante la administración anterior?
Diario Noticias Comunitarias
Información, participación y compromiso con nuestras comunidades.
&//Fcc
Para cualquier comunicación, entrega de antecedentes de forma privada o denuncia,
a través del teléfono +56 9 9841 47462, WhatsApp +56 9 6419 5500, o al correo contacto@noticiascomunitarias.cl
"Para pensar, comentar y compartir"