Por: Gloria Romero Astorga, Administradora Pública. Mag. (C) En Gobierno y Dirección Pública en la UA, Postítulo en Ciencia Política UDEC, Diplomada en Entorno Estratégico U.A.
La investigación por la difusión de fotografías y videos íntimos de mujeres sin su consentimiento en grupos de Telegram de La Araucanía no puede abordarse como un hecho puntual de “mal uso de redes sociales”. Se trata de violencia de género digital, con víctimas en Temuco, Padre Las Casas y Gorbea, imágenes obtenidas desde redes sociales, aplicaciones de citas y archivos privados, y un grupo que habría superado el millar de integrantes.
Lo que revela el caso.
Los antecedentes conocidos son graves: el grupo funcionaba mediante el aporte de material íntimo para ingresar, circulaba imágenes y datos personales de mujeres, y habría incluido casos de menores de edad. La fiscalía regional de La Araucanía abrió una investigación de oficio y encomendó diligencias a la unidad de Cibercrimen de la PDI.
No se trata, por tanto, de una “filtración” anónima sin consecuencias. Es una red organizada que expone, acosa y humilla a mujeres, convirtiendo su intimidad en contenido de intercambio. Esa dimensión colectiva y machista debe estar en el centro de la respuesta institucional.
Una respuesta institucional tibia.
La actual Seremi de la mujer en la Araucanía, calificó los hechos como violencia y expresó su expectativa de que la investigación permita identificar a los involucrados; el Ministerio de la Mujer, por su parte, esperó que todos los responsables sean sancionados. Esas declaraciones son correctas, pero insuficientes.
Cuando una autoridad regional se limita a “esperar” que la investigación avance y que existan sanciones, deja fuera lo más urgente: garantizar protección inmediata a las víctimas, orientación jurídica, acompañamiento psicosocial, gestión del retiro de contenidos y una denuncia pública clara contra la normalización de la violencia digital. La tibieza no es neutral: puede reforzar la sensación de abandono que ya habrían experimentado algunas mujeres al denunciar.
La Cámara de Diputados acordó oficiar a cinco instituciones —entre ellas el Ministerio de la Mujer, el Ministerio Público, la PDI y la Agencia Nacional de Ciberseguridad— para establecer si hubo denuncias previas sin respuesta oportuna, qué mecanismos existen para retirar imágenes y qué vacíos legales impiden una protección efectiva. Ese cuestionamiento es pertinente: la respuesta del Estado no puede depender de que las víctimas se organicen y hagan visible públicamente su propia victimización.
SernamEG debe liderar, no solo rechazar SernamEG La Araucanía rechazó la difusión no consentida de fotografías de mujeres por redes sociales, lo cual es necesario, pero no alcanza. El servicio debe asumir un rol protagónico: activar rutas de atención, coordinar con Fiscalía y PDI, entregar información clara sobre cómo preservar evidencias y asegurar que ninguna mujer quede sola frente a la exposición digital.
Una postura categórica debiera decir sin ambigüedad que compartir, guardar, solicitar o difundir imágenes íntimas sin consentimiento es violencia de género y delito; que las víctimas no son responsables; y que el Estado se compromete con medidas concretas de protección.
Presupuesto: menos recursos, más riesgo.
Esta emergencia ocurre mientras las políticas para mujeres enfrentan menor capacidad. Para 2026, el Ministerio de la Mujer tuvo un recorte de $2.741 millones, equivalente a cerca del 3% de su presupuesto, concentrado principalmente en SernamEG.
Entre las áreas afectadas están la atención inicial de las violencias de género, la recuperación de autonomía para víctimas y sobrevivientes, y la prevención de las violencias. Reducir esos recursos mientras crecen las formas digitales de acoso y exposición significa debilitar precisamente los dispositivos que deberían responder ante casos como el de Temuco.
Lo que debe hacerse:
- Declarar públicamente que los hechos constituyen violencia de género digital, sin eufemismos ni relativizaciones.
- Crear una ruta regional de atención inmediata para víctimas, con acompañamiento legal, psicológico y orientación para preservar evidencias.
- Coordinar con Fiscalía, PDI, Carabineros y plataformas digitales la identificación de responsables y el retiro urgente de contenidos.
- Investigar por qué eventuales denuncias previas no recibieron respuesta institucional oportuna.
- Fortalecer presupuestariamente los programas de prevención y atención de violencias de SernamEG, en lugar de reducirlos.
Temuco necesita una Seremi que no solo espere resultados de la Fiscalía, sino que exija y garantice protección efectiva. La violencia digital no termina cuando se publica una condena: termina cuando las mujeres cuentan con respuestas rápidas, recursos suficientes e instituciones que las creen y las protejan.
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