Por: Marco Antonio Vásquez Ulloa – Contador Público y Auditor de la Universidad de la Frontera es además Ingeniero Comercial, Licenciado en Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma de Chile.
Chile enfrenta una amenaza que no podemos minimizar. El avance del crimen organizado ha transformado la delincuencia tradicional, penetrando territorios, cárceles y economías, y desafiando la capacidad del Estado para garantizar un derecho esencial: vivir seguros.
Por eso, la reforma constitucional impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast merece una discusión seria, alejada de consignas y trincheras políticas. No basta preguntarnos si queremos más seguridad. La respuesta es evidente. La verdadera pregunta es otra: ¿Cuánto poder estamos dispuestos a entregar al Estado para conseguirla?
La filosofía política ofrece una guía útil. Thomas Hobbes, en Leviatán, describió una sociedad dominada por el miedo y la violencia. Frente a ese escenario, las personas aceptan ceder parte de su libertad a una autoridad capaz de garantizar orden y seguridad. Sin seguridad, la libertad corre el riesgo de convertirse en una ilusión.
Pero John Locke introduce una advertencia indispensable. El Estado existe para proteger derechos que no le pertenecen y que no puede vulnerar arbitrariamente. La autoridad recibe poder de los ciudadanos, pero ese poder está limitado por la ley y por los derechos fundamentales.
Entre Hobbes y Locke se sitúa hoy el desafío chileno. Necesitamos un Estado fuerte para enfrentar al crimen organizado, pero un Estado fuerte no es un Estado sin límites.
La reforma propone nuevas herramientas para el Ejecutivo y contempla un estado de excepción de seguridad pública. Es razonable que amenazas extraordinarias exijan facultades extraordinarias. Sin embargo, precisamente por ello debemos definir controles claros.
La discusión no puede centrarse solo en qué podrá hacer el Presidente. También debe abordar qué no podrá hacer, por cuánto tiempo, en qué territorio y bajo qué mecanismos de fiscalización. Ese es el verdadero principio de proporcionalidad del poder.
Las democracias constitucionales no pueden funcionar bajo la lógica de que, frente a una amenaza grave, todo está permitido. La experiencia histórica demuestra que las excepciones mal reguladas pueden transformarse en reglas permanentes. Por eso, los estados de excepción deben ser temporales, proporcionales, territorialmente acotados y sometidos al control efectivo del Congreso y los tribunales.
Tampoco debemos aceptar una falsa dicotomía entre seguridad y derechos fundamentales. La seguridad protege la vida, pero también deben protegerse la libertad personal, la privacidad, la propiedad y la libertad de reunión. Defender estos derechos no significa defender al delincuente; significa proteger al ciudadano tanto de la criminalidad como de posibles abusos del poder estatal.
Chile necesita policías eficaces, inteligencia moderna, cárceles seguras, persecución patrimonial del crimen organizado y capacidad para recuperar los territorios donde el Estado ha retrocedido.
Pero necesita, además, un Estado fuerte porque está sometido al Derecho. Hobbes nos recuerda que sin seguridad la libertad se debilita. Locke nos recuerda que sin límites al poder la seguridad puede transformarse en dominación.
La fortaleza de una República no consiste en que su Presidente pueda hacerlo todo. Consiste, precisamente, en que ningún Presidente pueda hacerlo todo.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿Cómo construimos un Estado lo suficientemente fuerte para derrotar al crimen, pero lo suficientemente limitado para proteger nuestra libertad? Ese equilibrio no es una debilidad. Es la esencia de la democracia constitucional.
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