Operación Huracán: Seis meses sin revisar recursos de nulidad por inhabilidad de ministros de la Corte de Temuco.

La imposibilidad de conformar una sala mantiene paralizados los cuatro recursos presentados contra la sentencia de la causa, derivada de la fallida operación de inteligencia de Carabineros. La defensa de los comuneros mapuches cuestiona la demora, mientras una de las alternativas es que la revisión quede en manos de la Corte de Apelaciones de Valdivia.

A seis meses de la presentación de los recursos de nulidad contra la sentencia de la causa derivada de la fallida Operación Huracán, el proceso judicial continúa sin que la Corte de Apelaciones de Temuco pueda revisar las impugnaciones. La razón es la inhabilidad de todos sus ministros para conocer los antecedentes, situación que ha impedido conformar una sala y avanzar hacia la vista de los recursos.

El caso se remonta a una de las controversias más graves vinculadas con las operaciones de inteligencia de Carabineros: la investigación que buscó vincular a comuneros mapuches con hechos de violencia mediante antecedentes que posteriormente fueron cuestionados como falsos. A casi nueve años de aquellos acontecimientos, la causa sigue abierta en su etapa de revisión judicial.

Actualmente existen cuatro recursos de nulidad, presentados por igual número de condenados. Mientras no se resuelva su tramitación, la revisión de la sentencia permanece pendiente, prolongando un proceso que ha tenido consecuencias judiciales y una amplia repercusión pública.

Defensa de comuneros acusa falta de compromiso con las víctimas.

La abogada de los comuneros mapuches, Karina Riquelme, cuestionó la demora y sostuvo que la situación refleja una falta de respuesta del sistema judicial hacia quienes fueron afectados por la operación.

“Representa una desidia y una falta de compromiso con las víctimas mapuches que se vieron enfrentadas a una persecución penal y a una gran exposición pública de parte de los medios de comunicación en su momento”, criticó.

Sus declaraciones apuntan a una dimensión que trasciende la tramitación de los recursos: el tiempo que ha transcurrido desde los hechos y las consecuencias que la investigación tuvo para las personas involucradas. La demora en la revisión judicial vuelve a poner en discusión la capacidad de las instituciones para ofrecer una respuesta oportuna en causas de alta complejidad y repercusión pública.

No obstante, la calificación de la demora como una señal de desidia corresponde a la valoración de la abogada. Para establecer las razones procesales concretas del retraso y las medidas disponibles para resolverlo, resulta necesario conocer los antecedentes formales de las inhabilidades y las gestiones realizadas para integrar el tribunal.

Las inhabilidades impiden conformar una sala.

El abogado Cristian Arias, defensor del general de Carabineros en retiro y exjefe nacional de Inteligencia Gonzalo Blu, uno de los condenados, explicó que su parte solicitó la inhabilidad de ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco que habían conocido la causa en etapas anteriores.

Esta situación ha impedido que el tribunal reúna una sala habilitada para revisar los recursos de nulidad. El problema procesal, por tanto, no radica en una decisión de fondo sobre las impugnaciones, sino en la imposibilidad de avanzar hacia su conocimiento por parte de magistrados habilitados.

La falta de una sala que pueda conocer los recursos mantiene pendiente una etapa relevante del proceso. Sin una resolución sobre las impugnaciones, no es posible anticipar cuál será el resultado de la revisión ni qué efectos podría tener sobre la sentencia recurrida.

La alternativa de trasladar la revisión a Valdivia.

Ante la imposibilidad de que la Corte de Apelaciones de Temuco conozca los recursos, se ha planteado la posibilidad de que la causa sea derivada a la Corte de Apelaciones de Valdivia, en calidad de tribunal subrogante legal.

Esa alternativa permitiría buscar una vía institucional para superar el impedimento que mantiene paralizada la revisión. Sin embargo, su aplicación y las condiciones en que podría concretarse deben ser confirmadas por las instancias judiciales correspondientes.

Mientras tanto, el tiempo sigue transcurriendo y las condenas continúan produciendo sus efectos, aunque los condenados se encuentran actualmente en libertad, según los antecedentes disponibles.

La situación deja planteado un problema que exige una respuesta procesal: cómo garantizar que los recursos sean revisados por un tribunal competente e imparcial cuando la totalidad de los ministros de la corte llamada a conocerlos se encuentra inhabilitada.

A casi nueve años de los hechos que dieron origen a la Operación Huracán y seis meses después de la presentación de los recursos, el proceso continúa a la espera de una solución que permita retomar su curso. La definición sobre el tribunal que deberá conocer las impugnaciones será clave para determinar cuándo podrá avanzar esta etapa de una causa marcada por la controversia sobre el uso de antecedentes falsos y sus consecuencias para los involucrados.

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