La subsecretaria Carolina Rossi cuestionó mediante un correo interno la desvinculación de funcionarios instruida durante la ausencia de la ministra Ximena Lincolao, calificando el procedimiento de «poco ético». El episodio vuelve a tensionar la conducción de la cartera y reabre el debate sobre las atribuciones, las lealtades institucionales y el respeto a las jerarquías dentro del Gobierno.
La crisis interna del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación parece lejos de encontrar una salida. Esta vez, el nuevo foco de tensión tiene como protagonistas a la ministra Ximena Lincolao y a la subsecretaria Carolina Rossi, quien volvió a manifestar públicamente —aunque a través de una comunicación interna que terminó filtrada a la prensa— su desacuerdo con decisiones adoptadas en la conducción de la cartera.
El episodio se produjo mientras Lincolao se encontraba en Estados Unidos y Rossi ejercía como ministra subrogante. En ese contexto, se concretaron desvinculaciones de funcionarios del ministerio, una decisión que provocó la inmediata reacción de la subsecretaria, quien aseguró haberse enterado de las salidas en el mismo momento en que se estaban ejecutando.
La controversia escaló cuando se conoció un correo electrónico enviado por Rossi a colaboradores de la institución, en el que no solo manifestó su desacuerdo con las desvinculaciones, sino que también cuestionó la forma en que se llevaron a cabo, calificándola de «poco ética».
Más allá de las diferencias que puedan existir respecto de la conveniencia de mantener o desvincular a determinados funcionarios, el episodio vuelve a instalar una interrogante institucional de fondo: ¿hasta dónde llega la autonomía de una autoridad subrogante y cuáles son los límites de su capacidad para cuestionar decisiones adoptadas por la titular del ministerio?
Una crisis que viene acumulando capítulos.
Lo ocurrido no puede analizarse como un episodio aislado. El Ministerio de Ciencias arrastra desde hace meses un conflicto entre sus principales autoridades, que ya había tenido como protagonista al entonces subsecretario Rafael Araos, cuya salida se produjo en medio de profundas diferencias con Lincolao respecto de la gestión y las decisiones administrativas de la cartera.
La situación volvió a tensionarse con la llegada de Carolina Rossi, cuya relación con la ministra tampoco logró consolidarse. Las diferencias internas, las desvinculaciones de colaboradores y la pérdida de confianza entre ambas autoridades terminaron obligando al Gobierno a intervenir, incorporando a Carolina Calvo para contribuir a la reorganización y funcionamiento del ministerio.
Sin embargo, los acontecimientos recientes muestran que esa intervención no ha conseguido despejar las diferencias de fondo.
La nueva controversia resulta particularmente delicada porque Rossi se encontraba ejerciendo como ministra subrogante. En esa condición, su cuestionamiento a las decisiones adoptadas durante su período de reemplazo abre una discusión sobre los mecanismos de coordinación, comunicación y ejercicio de autoridad dentro de la institución.
No obstante, también corresponde distinguir entre el derecho de una autoridad a manifestar reparos frente a una decisión administrativa y una eventual vulneración de las atribuciones de quien conduce el ministerio. Para establecer si hubo una insubordinación propiamente tal, es necesario conocer las disposiciones de subrogancia, las competencias delegadas y los procedimientos aplicables a las desvinculaciones.
El correo que volvió a encender el conflicto.
La controversia adquirió dimensión pública luego de que Radio Bío Bío difundiera el contenido de un correo electrónico enviado por Carolina Rossi a sus colaboradores.
«El día de hoy me enteré en el mismo momento de la desvinculación de Agustina Gonzáles, Tomás Rivero y Magdalena Calcagni. Si bien estoy hoy como ministra (s), me hubiese gustado que me lo hubiesen informado, comunicado anteriormente», escribió la subsecretaria.
Posteriormente, dejó constancia de su desacuerdo con la medida:
«Dejo aquí escrito que no estoy de acuerdo con esta decisión por varias razones que podemos conversar el lunes. Además de ello, considero que la forma fue poco ética y creo que hay que tener mucho cuidado porque estamos hablando de personas».
El contenido del mensaje deja en evidencia el nivel de desacuerdo existente entre las autoridades. Pero también plantea una cuestión que merece ser aclarada: si Rossi consideraba que el procedimiento era irregular o contrario a los estándares éticos de la administración pública, ¿cuáles eran concretamente sus fundamentos y por qué decidió expresar su posición mediante un correo dirigido a colaboradores de la institución?
Por otra parte, la discusión no puede limitarse a determinar quién tenía razón en el conflicto personal o administrativo. Lo verdaderamente relevante es establecer si las decisiones se adoptaron conforme a las atribuciones legales, si existieron procedimientos adecuados y si se respetaron los derechos de los funcionarios afectados.
La responsabilidad política y administrativa.
La reiteración de conflictos en una cartera de Gobierno constituye un problema que trasciende las diferencias personales. Un ministerio no puede funcionar permanentemente condicionado por disputas internas, cuestionamientos cruzados y decisiones administrativas que terminan convirtiéndose en controversias públicas.
La conducción institucional exige claridad de atribuciones, coordinación entre autoridades y respeto por los procedimientos establecidos. También exige que las discrepancias se resuelvan mediante los canales correspondientes, sin que los conflictos internos terminen desplazando las prioridades del organismo.
En este escenario, la responsabilidad del Gobierno también queda sobre la mesa. La incorporación de una tercera autoridad para intentar resolver las diferencias entre Lincolao y Rossi demuestra que el problema ya había adquirido una dimensión que excedía una simple discrepancia administrativa.
La pregunta ahora es si La Moneda considera viable mantener esta estructura de conducción o si adoptará decisiones para terminar con una crisis que amenaza con prolongarse indefinidamente.
El regreso de Ximena Lincolao a Chile abrirá una nueva instancia para abordar el conflicto. La continuidad de Rossi, las responsabilidades de quienes intervinieron en las desvinculaciones y la necesidad de restablecer una conducción institucional clara serán materias que inevitablemente deberán resolverse.
Porque, más allá de las diferencias personales, lo que está en juego es el funcionamiento de un ministerio público. Y cuando las disputas entre sus principales autoridades terminan convirtiéndose en el centro de atención, la institución corre el riesgo de dejar en segundo plano la tarea para la cual fue creada: desarrollar y fortalecer la ciencia, la tecnología y el conocimiento en Chile.
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