Youssef Tahiel Guerrero González falleció el 29 de septiembre en el Hospital Regional de Temuco. Sus familiares cuestionan la atención que recibió previamente en la Posta de Queule y el Hospital de Toltén, y buscan acceder a sus antecedentes clínicos para reconstruir las horas previas a su muerte. El caso también vuelve a poner sobre la mesa las dificultades de acceso oportuno a la salud que enfrentan comunidades aisladas.
La muerte de Youssef Tahiel Guerrero González, un niño de tres años que falleció el pasado 29 de septiembre en el Hospital Regional de Temuco, abrió una serie de interrogantes sobre la atención médica que recibió antes de llegar al principal recinto asistencial de La Araucanía. Su familia denuncia posibles fallas en el proceso de atención y exige que se esclarezca si las decisiones adoptadas durante las primeras consultas influyeron en el desenlace.
Según el relato de su madre, Constanza González, el menor llevaba varios días con fiebre cuando fue atendido inicialmente en la Posta de Queule y posteriormente trasladado al Hospital de Toltén. En este último establecimiento, de acuerdo con la denuncia familiar, le realizaron exámenes y autorizaron su salida pese a que todavía presentaba una temperatura superior a los 38 grados.
La situación habría empeorado durante las horas siguientes. Ante el deterioro del niño, la familia solicitó una ambulancia al día siguiente. Cuando llegó nuevamente a un centro asistencial, el pequeño presentaba una baja saturación de oxígeno y un estado de salud considerablemente deteriorado, por lo que fue derivado al Hospital Regional de Temuco. Allí falleció.
La secuencia relatada por sus familiares plantea preguntas que deberán ser esclarecidas mediante los antecedentes clínicos y las investigaciones correspondientes: ¿Cuál era el estado del niño en cada evaluación?, ¿Qué resultados arrojaron los exámenes practicados?, ¿Qué criterios médicos justificaron el alta? y ¿Qué medidas se adoptaron frente a la persistencia de la fiebre y la evolución de su cuadro?
Por ahora, la versión de la familia constituye una denuncia que requiere ser contrastada con las fichas clínicas, los registros de atención y las explicaciones de los establecimientos involucrados. Determinar si existieron errores de evaluación, decisiones inadecuadas o incumplimientos de los protocolos exige una revisión técnica de los antecedentes.
La familia exige respuestas y pide establecer responsabilidades.
El dolor por la pérdida del niño se ha convertido también en una exigencia de transparencia. Constanza González sostiene que la atención recibida no habría sido la adecuada y reclama que se investigue la actuación del personal de salud desde las primeras consultas.
“No tenemos palabras que expliquen el cómo nos sentimos nosotros en estos momentos, porque nuestra familia está destruida. Que se responsabilice a quien tenga culpa en todo esto, empezando por la posta de Queule. No recibimos la atención que correspondía porque, al verlo con fiebre, con los antecedentes que él tenía, debieron haber llamado enseguida a una ambulancia o haber llamado al médico para ver qué procedía”, sostuvo.
La madre busca acceder a las fichas clínicas para reconstruir lo ocurrido, conocer las decisiones adoptadas por los equipos médicos y determinar si existen antecedentes que permitan establecer eventuales responsabilidades. La entrega y revisión de esos documentos resulta fundamental para esclarecer la atención que recibió el menor y evitar que las interrogantes de la familia queden sin respuesta.
Nicolás Yáñez, representante legal de los afectados, confirmó que el reclamo fue ingresado a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS). También explicó que se encuentran reuniendo antecedentes y avanzando en las gestiones previas a una eventual acción judicial.
“Es una causa que recién va a empezar la vía judicial. Aún falta la mediación. Estamos recabando la información necesaria, la ficha clínica y, por supuesto, también estamos esperando que el mismo recinto hospitalario realice las investigaciones del caso. Existen denuncias ya de una negligencia médica y hay que ver qué va a pasar en la vía administrativa con las responsabilidades que tengan los funcionarios en este lamentable deceso”, señaló.
La mediación y las eventuales acciones judiciales forman parte de un proceso que aún debe avanzar. Por ello, la existencia de una denuncia no equivale, por sí sola, a que se haya acreditado negligencia médica. El esclarecimiento del caso dependerá de los antecedentes disponibles, las evaluaciones técnicas y las conclusiones de las instancias competentes.
Vivir en una isla: Otra barrera para acceder a la atención médica.
El caso también pone de relieve una dificultad adicional denunciada por la familia: las condiciones geográficas en las que viven los afectados, en Isla Los Pinos, cuya conexión con el continente requiere utilizar una balsa y ajustarse a sus horarios de funcionamiento.
Según lo expuesto por sus familiares, esta condición representa un obstáculo para acceder oportunamente a los servicios de salud, especialmente cuando se presenta una urgencia. La situación abre una discusión que trasciende el caso particular: cómo se garantiza una respuesta sanitaria oportuna para quienes viven en localidades aisladas y dependen de medios de transporte sujetos a horarios o condiciones de conectividad.
Sin antecedentes adicionales sobre los recursos de emergencia disponibles, los tiempos de traslado y los protocolos de derivación aplicados en este caso, no es posible establecer qué incidencia concreta tuvo el aislamiento geográfico en el desenlace. Sin embargo, la denuncia vuelve necesario examinar las condiciones de acceso a la atención de urgencia en territorios donde la distancia y la conectividad pueden convertirse en factores críticos.
Una manifestación para exigir que el caso se esclarezca.
En medio de las gestiones administrativas y legales, la familia convocó a una manifestación pacífica para el próximo 19 de noviembre, frente al Hospital Regional de Temuco. La movilización busca visibilizar la muerte del niño y exigir respuestas sobre las circunstancias que precedieron a su fallecimiento.
Más allá de la investigación que pueda desarrollarse, el caso deja una exigencia central: esclarecer qué ocurrió durante cada etapa de la atención, determinar si se cumplieron los procedimientos correspondientes y establecer las responsabilidades que eventualmente procedan.
Para la familia, la búsqueda de respuestas es inseparable del duelo. Para los establecimientos involucrados, el desafío es entregar antecedentes claros y permitir que los hechos sean examinados con rigor. Y para las autoridades sanitarias, la situación plantea la necesidad de que las denuncias de posibles fallas en la atención sean investigadas de manera transparente, especialmente cuando involucran a un niño cuya condición, según sus familiares, se deterioró antes de llegar al hospital donde finalmente murió.
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