Nueve personas fueron detenidas en un operativo de la PDI que incluyó allanamientos en la Región Metropolitana y las regiones de Ñuble, La Araucanía y Los Ríos. La investigación estableció 13 hechos delictivos, cometidos entre marzo de 2025 y febrero de 2026, con un perjuicio económico superior a los $120 millones. Otros tres investigados permanecen recluidos por causas diferentes.
Una organización criminal dedicada a estafar a personas mediante falsas operaciones de compraventa de vehículos, cuyo principal líder coordinaba las maniobras desde el interior de la cárcel de Angol, fue desarticulada por la Policía de Investigaciones (PDI) de La Araucanía, tras una investigación que se extendió por cuatro regiones del país.
El procedimiento permitió detener a nueve personas mediante allanamientos simultáneos en distintos puntos de la Región Metropolitana y en las comunas de San Carlos, en Ñuble; Temuco y Padre Las Casas, en La Araucanía; y Valdivia, en la Región de Los Ríos.
De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la estructura habría concretado al menos 13 hechos delictivos entre marzo de 2025 y febrero de 2026, generando un perjuicio económico que supera los 120 millones de pesos.
El centro de operaciones estaba en la cárcel de Angol.
Uno de los aspectos más relevantes del caso es el mecanismo de coordinación que habría utilizado la organización. Según estableció la investigación policial, el principal cabecilla operaba desde el Centro de Detención Preventiva de Angol, donde permanecía privado de libertad por delitos anteriores de robo con violencia y robo en lugar habitado.
Desde el recinto penitenciario, el individuo habría coordinado las operaciones fraudulentas utilizando plataformas de redes sociales para contactar a personas que ofrecían vehículos en venta.
El comisario Héctor Bravo, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI Temuco, explicó que la organización contaba con distintos colaboradores encargados de ejecutar las operaciones fuera del establecimiento penitenciario.
Según detalló el oficial, los integrantes contactaban a sus víctimas y simulaban operaciones comerciales mediante la utilización de documentos de pago falsificados o fraudulentos, entre ellos vales vista adulterados y cheques sin fondos o sustraídos.
El mecanismo permitía concretar la aparente compraventa de los vehículos sin que sus propietarios recibieran efectivamente el dinero acordado.
Familiares y colaboradores cumplían funciones fuera del penal.
La investigación también identificó una estructura operativa que actuaba en el exterior del recinto penitenciario.
Según los antecedentes policiales, familiares, amigos y otros colaboradores del presunto líder cumplían distintas funciones en las transacciones fraudulentas, incluyendo el retiro de los vehículos y las gestiones para facilitar su posterior comercialización.
De esta manera, mientras la coordinación se habría desarrollado desde el interior de la cárcel, los integrantes que permanecían en libertad ejecutaban las operaciones necesarias para materializar las estafas.
A los nueve detenidos durante los allanamientos se suman otras tres personas que ya se encuentran privadas de libertad por investigaciones y causas diferentes en establecimientos penitenciarios de La Araucanía y Concepción.
Trece estafas y más de $120 millones en perjuicios.
El balance investigativo da cuenta de 13 hechos delictivos identificados durante el período comprendido entre marzo de 2025 y febrero de 2026, con un perjuicio económico superior a los 120 millones de pesos.
El caso vuelve a poner atención sobre los riesgos asociados a las compraventas de vehículos realizadas mediante plataformas digitales, particularmente cuando los mecanismos de pago no son verificados antes de entregar las especies.
Sin embargo, el elemento más delicado de esta investigación trasciende el fraude económico: la presunta utilización de un recinto penitenciario como centro de coordinación de actividades criminales y la participación de una red de colaboradores distribuidos en distintas regiones.
La investigación de la PDI permitió identificar la estructura y concretar las detenciones, mientras las responsabilidades penales individuales deberán establecerse en el correspondiente proceso judicial.
Diario Noticias Comunitarias
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