Israel Campusano, presidente regional del Partido Liberal y exseremi de Seguridad Pública, criticó la agenda del delegado presidencial tras un nuevo ataque incendiario en Angol. También emplazó al Ejecutivo a entregar respuestas concretas en seguridad, salud primaria y financiamiento municipal.
El incendio de al menos cuatro máquinas forestales en Angol volvió a instalar la seguridad en el centro de la discusión política regional. En ese contexto, Israel Campusano Lobos, presidente regional del Partido Liberal de La Araucanía y exseremi de Seguridad Pública, cuestionó la conducción del delegado presidencial, poniendo el foco en la distancia que —a su juicio— existe entre las actividades políticas de las autoridades y las respuestas que demanda el territorio.
El dirigente criticó que, mientras se registraba el atentado incendiario, el delegado presidencial participara en actividades con el Presidente de la República en Santiago y posteriormente encabezara una reunión política con parlamentarios de oposición. Para Campusano, el problema no radica en la interlocución con otros sectores, sino en la oportunidad, los objetivos y los resultados de esas gestiones.
«Mientras en Angol se destruye maquinaria y las comunidades viven en incertidumbre, vemos fotografías con el Presidente y reuniones políticas. El problema no es reunirse con parlamentarios, sino intentar construir ahora los respaldos y la interlocución política que debieron trabajarse desde el comienzo», afirmó.
A continuación, planteó un cuestionamiento que apunta directamente a la gestión política del Gobierno en la región: «La pregunta es si existe una estrategia para resolver los problemas regionales o un despliegue para apuntalar a una autoridad cuestionada».
Seguridad y gestión regional bajo cuestionamiento.
Las críticas de Campusano no se limitaron al ámbito de la seguridad. El dirigente también advirtió sobre las dificultades que, según señaló, enfrentan los recursos destinados a los Centros de Salud Familiar (CESFAM) y otros dispositivos de atención primaria, además de las restricciones presupuestarias que afectan la capacidad de inversión de los municipios.
En su planteamiento, estas necesidades evidencian un problema que trasciende la contingencia de un nuevo ataque incendiario: la exigencia de que el Gobierno central traduzca sus compromisos en decisiones, recursos y plazos verificables.
«Mientras las comunas enfrentan necesidades urgentes en seguridad, salud primaria y recursos, el Gobierno debe explicar qué hará, qué financiamiento garantizará y qué compromisos asumirá», sostuvo.
En esa línea, destacó el papel del gobernador regional, René Saffirio Espinoza, y del Consejo Regional en la presentación de las demandas del territorio, y emplazó al Ejecutivo a responder con medidas concretas.
«El gobernador René Saffirio Espinoza y el Consejo Regional están poniendo las necesidades del territorio sobre la mesa; el Gobierno central debe entregar respuestas concretas», agregó.
«La seguridad no se escenifica: se demuestra».
En su declaración final, el presidente regional del Partido Liberal puso el acento en la necesidad de que la autoridad presidencial en La Araucanía demuestre capacidad de articulación política y traduzca su gestión en resultados tangibles.
«La seguridad no se escenifica: se demuestra. Gobernar no es administrar una revista de fotografías ni producir una película para sostener la imagen de una autoridad. Es hacerse cargo de la realidad y entregar resultados. La Araucanía necesita conducción, recursos y soluciones, no una puesta en escena», concluyó.
Las declaraciones abren un flanco de cuestionamiento político sobre la conducción regional del Ejecutivo y ponen sobre la mesa una exigencia concreta: que las autoridades expliquen qué medidas adoptarán frente a los hechos de violencia, cómo fortalecerán la respuesta en los territorios afectados y de qué manera garantizarán los recursos necesarios para atender las demandas de los municipios y de la red de salud primaria.
Más allá de la controversia por la agenda del delegado presidencial, el desafío periodístico y político es determinar qué acciones se han adoptado, qué compromisos cuentan con financiamiento y cuáles son los resultados verificables de la gestión gubernamental en La Araucanía.
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