Los diputados de las comisiones de Economía y Minería oficiaron al Gobierno exigiendo reservas estratégicas ante el colapso del suministro. Mientras las familias del sur se congelan en filas, la quiebra de firmas clave y el desbalance del mercado revelan el desamparo de una matriz energética impuesta por el Estado.
El relato de la «estrechez estacional» diseñado por el Gobierno para matizar la crisis del pellet en el sur de Chile terminó por derrumbarse frente a sus propios datos. De acuerdo con el último balance del Ministerio de Energía, durante el mes de julio la industria produjo poco más de 15.000 toneladas, pero las ventas se dispararon por sobre las 26.662 toneladas. Este brutal desbalance comercial, que obligó a devorar los inventarios de seguridad hasta dejar apenas unas trágicas 7.000 toneladas de reserva nacional al 31 de julio, desnuda un quiebre de stock estructural que mantiene a La Araucanía, Biobío, Los Ríos y Los Lagos al borde del apagón térmico domiciliario. [1]
La ofensiva parlamentaria: Oficios sobre la marcha.
Ante las kilométricas filas de ciudadanos racionados a un puñado de sacos por persona y el floreciente mercado negro, la Cámara de Diputados activó una fiscalización transversal que apunta directamente a la inoperancia ministerial.
El diputado por La Araucanía e integrante de la Comisión de Economía, Tomás Kast (Evópoli), lideró la arremetida despachando un oficio exigiendo planes de contingencia urgentes y transparencia en los inventarios locales:
«Oficié al Ministerio de Energía y a las autoridades sectoriales competentes, con el fin de conocer en detalle los planes de contingencia, las fiscalizaciones al mercado local y las medidas concretas que se están adoptando para asegurar el abastecimiento continuo y regular de este combustible en nuestra región», fustigó Kast.
Por su parte, el diputado del Biobío, Patricio Briones (PDG), elevó la presión al solicitar un mapeo de las comunas rurales aisladas con mayor riesgo de congelamiento. Briones puso sobre la mesa dos elementos clave que la cartera energética ha intentado esquivar: el impacto en el mercado local tras la quiebra y liquidación de la empresa Innapel —un golpe letal a la capacidad manufacturera de la zona— y la urgente necesidad de legislar para implementar reservas estratégicas estatales y sistemas públicos de monitoreo en tiempo real para evitar la usura de precios.
¿Negligencia cíclica? «El Estado obligó al recambio y desapareció».
La molestia en las regiones del sur no es una reacción impulsiva; responde a un patrón de abandono institucional reiterativo. El diputado por La Araucanía, Stephan Schubert (REP), arremetió contra la falta de memoria y prevención del Ejecutivo, recordando que esta crisis ya se vivió en inviernos pasados sin que se moviera un solo papel para corregir el modelo:
«Aquí la pregunta es: ¿Por qué el Estado que llevó a los ciudadanos a cambiarse a pellet no asegura el suministro de esta fuente importante de energía? No podemos abordarlo únicamente como una dificultad coyuntural», cuestionó Schubert, quien además emplazó a los grandes productores a decretar el bloqueo del uso industrial del pellet para priorizar de manera absoluta el consumo residencial de las familias vulnerables.
Schubert abrió además una arista crítica de mediano plazo: la urgencia de diversificar la matriz de materias primas para fabricar el pellet y terminar con la dependencia exclusiva de los desechos de las grandes forestales, cuyo stock de aserrín fluctúa según los vaivenes de la economía global.
Reportes quincenales: Reaccionar cuando el invierno ya se va.
Frente al acorralamiento político y de la opinión pública, el Ministerio de Energía anunció como gran medida de salvataje que durante los meses de agosto y septiembre realizará reportes quincenales para monitorear los despachos.
La medida, analíticamente, llega tarde y roza la burocracia inútil. Emitir informes cada 15 días cuando las familias necesitan calefaccionarse cada hora demuestra que el Estado chileno sigue operando bajo una lógica reactiva. Monitorear con planillas de Excel cómo se vacían las bodegas no va a producir una sola tonelada extra de biocombustible. Lo que el sur demanda no son termómetros estatales para medir su crisis; son medidas de fuerza que regulen un mercado desbocado que dejó a miles de chilenos pagando el costo de haber creído en la promesa de la descontaminación pública.
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