Las cifras alegres de los gremios productivos suelen ser el mejor refugio para ocultar crisis institucionales crónicas. El último Barómetro de Conflictos, elaborado por la Multigremial de La Araucanía, reveló una drástica disminución del 58% en los atentados y actos de violencia en la Macrozona Sur entre enero y julio de este año. Sin embargo, detrás del optimismo numérico se esconde una realidad incómoda para el Palacio de La Moneda: la región ya acumula más de 1.500 días bajo Estado de Emergencia, evidenciando que la paz social en el sur de Chile hoy depende exclusivamente del blindaje militar permanente.
El desglose estadístico muestra que, durante los primeros siete meses del año, se perpetraron 15 atentados. No obstante, la concentración geográfica del conflicto sigue intacta: el 73% de las acciones violentas se focalizan en las provincias de Malleco y Cautín, las mismas zonas que permanecen bajo el control de las Fuerzas Armadas. Esto demuestra que el despliegue del Ejército no ha logrado disuadir los focos duros de las orgánicas radicales, operando más bien como un dique de contención provisorio que como una solución de fondo.
La violencia muta, no desaparece.
El análisis crítico del reporte sepulta cualquier intento de cantar victoria. Aunque la cantidad neta de eventos disminuyó, la letalidad y el impacto de los ataques registrados en julio demuestran que los grupos armados mantienen su capacidad operativa intacta. El 15 de julio, la zona costera de Valdivia fue escenario del asesinato del suboficial de Carabineros Marco Cosme, un crimen que expone la expansión territorial del conflicto hacia la región de Los Ríos. Apenas dos días después, el 17 de julio, un grupo desbarató la aparente calma quemando maquinaria en una faena forestal en Lautaro.
El propio presidente de la Multigremial, Patricio Santibáñez, debió matizar el éxito de sus cifras al reconocer que, si bien la baja es evidente, la estrategia actual es insuficiente. La desarticulación total de las agrupaciones delictuales sigue siendo una promesa incumplida.
Operativos masivos y el factor judicial.
Entre fines de enero y julio, las policías —en coordinación con la Infantería de Marina en el Biobío y el Ejército en La Araucanía— ejecutaron siete operativos masivos. La ofensiva judicial culminó con la detención de 16 imputados, de los cuales seis pertenecen a la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) y dos a la Weichan Auka Mapu (WAM).
Aunque estas capturas golpean las cúpulas logísticas de los grupos que reivindican la causa mapuche, abren una interrogante analítica crucial para los próximos meses: ¿Son estas detenciones el inicio del fin de las orgánicas o simplemente generarán un vacío de poder que precipitará una nueva oleada de liderazgos más violentos y fragmentados en el corazón rural de la región?
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