La farsa de las «sillas musicales» en Fiscalía: «El abandono de La Araucanía y el sucesor clave».

TEMUCO.– El espíritu de la ley en el Ministerio Público volvió a ser vulnerado bajo el amparo de la letra chica. La huida del exfiscal regional Roberto Garrido hacia la Fiscalía Regional del Biobío —donde aseguró otros ocho años con el sueldo más alto del escalafón— dejó en evidencia la fragilidad institucional de La Araucanía. Garrido abandonó un mandato que expiraba en 2029, traicionando el compromiso ético ante la Corte de Apelaciones de Temuco que en 2021 le otorgó cinco votos bajo el supuesto de que completaría su periodo. Si Garrido hubiese transparentado su plan de fuga territorial, el respaldo de los ministros de la Corte habría sido nulo.

Este movimiento expone un vicio estructural: la prohibición legal de reelección inmediata se esquiva mediante renuncias anticipadas para concursar en otras regiones. Lo grave no es solo la artimaña, sino el quiebre de las promesas de la máxima autoridad de la institución. En enero de 2023, al asumir el mando, el Fiscal Nacional Ángel Valencia anunció con bombos y platillos once medidas urgentes. La principal de ellas era «poner fin al juego de las sillas musicales» y erradicar la rotación de jefaturas regionales, una práctica calificada por la Asociación Nacional de Fiscales como una violación al espíritu de la norma. Hoy, la realidad demuestra que la promesa de Valencia fue solo pirotecnia comunicacional.

Con la vacante abierta por el abandono de Garrido, la Corte de Apelaciones de Temuco deberá confeccionar una nueva terna. Hasta el momento, tres fiscales adjuntos de la zona ya confirmaron su postulación, todos con un factor común estratégico: ninguno estuvo salpicado por el fraude de la «Operación Huracán».

El proceso entra ahora en tierra derecha con las audiencias públicas ante los ministros de la Corte de Apelaciones. Más allá de los discursos técnicos y los currículums, el tribunal de alzada local está obligado a ejercer un control de calidad ético mínimo: exigir a los tres candidatos un compromiso firmado y explícito de permanencia por los ocho años constitucionales. La Araucanía, afectada por una crisis de seguridad crónica, no puede seguir siendo utilizada como un trampolín de conveniencia salarial o una sala de espera para mejores ofertas en la zona central.