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Víctor Mora fue apartado temporalmente de sus funciones mientras el organismo contralor indaga presuntas irregularidades relacionadas con un vehículo que habría salido del aparcadero municipal y posteriormente quedado a su nombre. El alcalde Pablo Astete confirmó la medida y señaló que se espera una resolución dentro de los próximos 60 días.

Una investigación de la Contraloría Regional de La Araucanía mantiene suspendido de sus funciones al jefe de Control de la Municipalidad de Villarrica, Víctor Hugo Mora, en el marco de una indagatoria relacionada con presuntas irregularidades ocurridas al interior del aparcadero municipal.

La situación fue confirmada por el alcalde Pablo Astete, quien señaló que funcionarios de Contraloría concurrieron recientemente hasta dependencias municipales para informar sobre las diligencias que desarrolla el organismo fiscalizador.

A partir de estos antecedentes, el municipio resolvió suspender temporalmente al jefe de Control, según explicó el jefe comunal, como una medida destinada a favorecer la transparencia del proceso mientras se desarrolla la investigación.

Astete sostuvo que el municipio no puede anticipar conclusiones respecto de las responsabilidades que pudieran establecerse y señaló que se espera que Contraloría adopte una resolución dentro de los próximos 60 días.

Un vehículo bajo la lupa.

El origen del caso se encontraría en una denuncia previamente conocida respecto de eventuales irregularidades en el funcionamiento del aparcadero municipal.

De acuerdo con los antecedentes que dieron origen a la investigación, un vehículo que se encontraba en el aparcadero luego de haber sido retirado de circulación por no mantener su documentación al día habría sido sacado del recinto y posteriormente transferido a nombre de Víctor Mora.

Este punto constituye uno de los elementos centrales que deberá esclarecer la investigación.

La interrogante no es menor, considerando que Mora ocupaba precisamente el cargo de jefe de Control Municipal, función que tiene entre sus responsabilidades la fiscalización interna de la administración comunal.

Por ahora, corresponde a Contraloría determinar si existieron efectivamente irregularidades, establecer las eventuales responsabilidades administrativas y definir las medidas que correspondan.

La pregunta por los controles.

El caso abre además una discusión más amplia sobre los mecanismos de control existentes al interior del municipio y, particularmente, sobre el funcionamiento del aparcadero municipal.

¿Qué controles permitieron que un vehículo ingresado a ese recinto pudiera eventualmente salir y terminar transferido a nombre de una persona vinculada al propio municipio?

¿Quién autorizó su salida? ¿Qué documentación respaldó la operación? ¿Existieron registros internos? ¿Quién debía fiscalizar el procedimiento?

Son interrogantes que deberán ser respondidas a partir de la investigación en curso.

Y existe otro elemento especialmente sensible: la persona actualmente suspendida es quien ocupaba la jefatura de Control del municipio, precisamente una de las áreas llamadas a detectar y advertir eventuales irregularidades administrativas.

Contraloría deberá determinar responsabilidades.

La suspensión no constituye por sí misma una sanción ni significa que exista una responsabilidad administrativa o penal acreditada. Será la investigación de Contraloría la que deberá establecer los hechos y determinar las responsabilidades que eventualmente correspondan.

La expectativa ahora está puesta en los resultados de esa indagatoria y en las medidas que pueda adoptar el organismo fiscalizador.

Mientras tanto, el municipio deberá enfrentar una situación incómoda: explicar cómo funcionaron sus mecanismos de control y qué ocurrió con un vehículo que, según los antecedentes denunciados, pasó desde un recinto municipal a quedar inscrito a nombre de quien ejercía una función directamente relacionada con la fiscalización interna.

Más que el destino de un automóvil, el caso vuelve a poner bajo la lupa la eficacia de los controles municipales y la obligación de resguardar con máxima transparencia los bienes que están bajo administración pública.

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