La acción de protección presentada ante la Corte de Apelaciones acusa que el retiro del abastecimiento decretado por Interior agravó la crisis hídrica, obligando al racionamiento de agua e incluso a la suspensión de clases.
TEMUCO.— La sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), en conjunto con vecinas y vecinos de la localidad rural de Mañío —camino a Cholchol—, presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco con el fin de restituir y garantizar el acceso al agua potable para cerca de 2.300 personas afectadas por el retiro del suministro de emergencia.
La acción legal está dirigida en contra de la Delegación Presidencial Regional, la Municipalidad de Temuco y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SESS), luego de que el Ministerio del Interior resolviera retirar los camiones aljibe que apoyaban al sistema de Agua Potable Rural (APR) del sector, argumentando que la producción actual del comité local era suficiente.
Sin embargo, las observaciones en terreno del INDH constataron una realidad opuesta: el sector enfrenta un severo racionamiento —con suministro solo día por medio—, lo que en marzo pasado derivó en la suspensión de clases en un establecimiento educacional de la zona por falta de condiciones sanitarias.
«La situación de estrés hídrico ha afectado especialmente a sectores rurales, incluidos niños, personas mayores y personas con discapacidad, grupos respecto de los cuales existen deberes reforzados de debida diligencia para proteger la dignidad de las personas», advirtió el jefe regional del INDH, Federico Aguirre.
Medida paliativa que se volvió indispensable.
El sector Mañío arrastra problemas de abastecimiento desde hace años. Ya en 2018 la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios había advertido la necesidad de mantener el apoyo constante de camiones aljibe durante todo el año.
En el libelo, el INDH invoca los estándares internacionales y los fallos de la Corte Suprema que consagran el acceso al agua potable como un derecho humano, estableciendo una cuota mínima de 100 litros diarios por persona.
Asimismo, la presentación recuerda que, según los datos del Censo 2024, el 4,6% de la población de La Araucanía depende de camiones aljibe para abastecerse, una cifra significativamente superior al 1,3% registrado en regiones vecinas como Biobío, Los Ríos y Los Lagos, lo que evidencia la vulnerabilidad estructural de las zonas rurales frente a la crisis climática.
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