El nuevo fiscal regional de La Araucanía reconoció que analiza poner fin a sus labores docentes en la casa de estudios, investigada por el Ministerio Público en el caso Convenios, para resguardar la transparencia institucional. La decisión contrasta con la de su antecesor, Roberto Garrido, quien mantuvo vínculos laborales con la universidad mientras encabezaba la investigación. La nueva administración también enfrenta el desafío de abordar el clima laboral, marcado por denuncias, cuestionamientos y el caso de la abogada Valeria Pérez, fallecida tras ser desvinculada de la Fiscalía.
Una señal de transparencia institucional y, al mismo tiempo, un contraste directo con la administración anterior. El nuevo fiscal regional de La Araucanía, Héctor Leiva, evalúa poner término a sus labores docentes en la Universidad Autónoma, institución que actualmente es investigada por el Ministerio Público en el marco del denominado caso Convenios.
La decisión, que aún no se encuentra formalizada, apunta a evitar eventuales conflictos de interés y cuestionamientos sobre la independencia de la Fiscalía Regional, considerando que la propia universidad figura como persona jurídica investigada, lo que implica examinar también eventuales responsabilidades institucionales, más allá de las personas naturales involucradas.
En conversación y ante una consulta de la periodista Mónica Jara, Leiva reconoció que está considerando abandonar sus actividades académicas una vez concluido el semestre.
«Yo en esta etapa estoy evaluando terminar el semestre y no sé si continúo haciendo clases para evitar cualquier tipo de conflicto, de problemas de que alguien dude de la transparencia del trabajo de la fiscalía», señaló el nuevo fiscal regional.
La declaración marca una diferencia respecto de su antecesor, Roberto Garrido, quien mantuvo una relación laboral con la Universidad Autónoma mientras dirigía el Ministerio Público en La Araucanía, pese a que la institución era objeto de investigación en el caso Convenios.
La permanencia de Garrido en sus actividades académicas generó cuestionamientos públicos, particularmente después de que el gobernador regional René Saffirio solicitara que se inhabilitara, expresando reparos por el ritmo de la investigación y sus resultados.
Sin embargo, Garrido no se apartó de la causa por ese motivo, de acuerdo con los antecedentes expuestos. La situación abrió un debate sobre los estándares de probidad, independencia y apariencia de imparcialidad que deben regir a las máximas autoridades del Ministerio Público, especialmente cuando existen vínculos profesionales con entidades sometidas a investigación.
La decisión que ahora estudia Leiva introduce un elemento distinto en ese debate: no basta con que una autoridad considere que puede actuar con independencia; también resulta relevante evitar circunstancias que puedan generar dudas razonables sobre la transparencia de sus actuaciones.
El contraste con Garrido y las dudas sobre la independencia institucional.
El caso de la Universidad Autónoma constituye uno de los asuntos más delicados que hereda la nueva administración. La investigación, vinculada al caso Convenios, ha puesto bajo escrutinio las relaciones entre instituciones públicas y entidades receptoras de recursos estatales, así como las eventuales responsabilidades penales que pudieran establecerse.
En ese contexto, la relación laboral de Garrido con la universidad mientras dirigía la investigación generó cuestionamientos sobre la conveniencia de mantener simultáneamente ambas funciones.
La controversia se intensificó cuando René Saffirio, entonces gobernador regional, manifestó públicamente sus reparos respecto del desarrollo de la causa y solicitó la inhabilitación del entonces fiscal regional.
La situación plantea una interrogante institucional que trasciende a las personas involucradas: ¿qué estándares deben aplicarse cuando un fiscal que dirige una investigación mantiene, al mismo tiempo, vínculos profesionales con una entidad investigada?
Aunque la existencia de un vínculo laboral no demuestra por sí sola una intervención indebida en una investigación, sí puede generar cuestionamientos sobre la apariencia de imparcialidad, especialmente cuando se trata de la máxima autoridad regional del organismo persecutor.
La evaluación de Leiva de poner término a sus clases podría contribuir a despejar esas dudas, aunque el alcance de esa decisión dependerá de su materialización y de las medidas adicionales que adopte para resguardar la independencia de la institución.
El clima laboral: otra herencia incómoda de la administración anterior.
Pero la relación con la Universidad Autónoma no es el único asunto complejo que enfrenta la nueva jefatura. Otro de los desafíos será abordar el clima laboral al interior de la Fiscalía Regional, donde, según los antecedentes expuestos, persisten cuestionamientos sobre la gestión de los equipos y las relaciones entre las jefaturas y los funcionarios.
Durante la administración de Garrido surgieron controversias por decisiones administrativas y desvinculaciones que generaron preocupación entre trabajadores de la institución. Uno de los casos más sensibles fue el de la abogada Valeria Pérez, de 29 años, quien trabajó durante siete años en el Ministerio Público y fue despedida en noviembre de 2024.
De acuerdo con los antecedentes entregados por este medio, Pérez fue desvinculada con efecto inmediato el 4 de noviembre de ese año. La medida habría sido ejecutada sin una explicación formal que, según sus cercanos, les permitiera comprender las razones de su salida. Además, sus accesos institucionales fueron cancelados y debió retirar sus pertenencias de la oficina en una caja.
La abogada falleció posteriormente en el Hospital de Victoria, luego de un período en que, según los antecedentes proporcionados, dejó de alimentarse.
La secuencia de estos hechos generó especial preocupación por las circunstancias de su desvinculación y sus eventuales efectos personales. No obstante, cualquier relación causal entre el despido, su estado de salud y su fallecimiento requiere antecedentes médicos y otros elementos de verificación que permitan establecerla.
En su momento, Garrido habría atribuido la desvinculación al desempeño laboral de Pérez, mientras que personas de su entorno rechazaron esa explicación y sostuvieron que su salida estaría relacionada con su participación como testigo en una denuncia de acoso laboral en la Fiscalía de Traiguén.
Estas versiones contrapuestas hacen necesario esclarecer los antecedentes administrativos de la desvinculación, los procedimientos aplicados y las circunstancias de la denuncia, evitando dar por acreditadas motivaciones que no hayan sido establecidas documentalmente.
La prueba de Leiva: transparencia, mérito y recuperación de la confianza.
La llegada de Héctor Leiva abre una oportunidad para revisar las prácticas administrativas y los criterios de gestión de personas dentro de la Fiscalía Regional de La Araucanía.
Entre las expectativas planteadas por funcionarios se encuentra la necesidad de mejorar el clima laboral, garantizar procedimientos transparentes en las contrataciones y promociones, y evitar que las decisiones de personal respondan a vínculos o afinidades con grupos externos a la institución.
Este último aspecto resulta especialmente relevante para un organismo cuya legitimidad depende tanto de la independencia de sus investigaciones como de la probidad de sus procedimientos internos.
La nueva jefatura tendrá que demostrar que sus decisiones se sustentan en criterios objetivos, evaluaciones profesionales y mecanismos de control que otorguen garantías a los funcionarios, sin distinciones basadas en relaciones personales o afinidades ajenas al mérito.
La eventual salida de Leiva de la Universidad Autónoma podría convertirse en una primera señal de ese compromiso, particularmente si se acompaña de protocolos claros para prevenir conflictos de interés y transparentar los vínculos profesionales de las autoridades del Ministerio Público.
Sin embargo, el verdadero alcance de este nuevo período no se medirá únicamente por la decisión de abandonar las aulas universitarias, sino también por la forma en que se conduzcan las investigaciones pendientes, se administren los recursos institucionales y se resuelvan los conflictos internos.
El desafío de recuperar la credibilidad.
La Fiscalía Regional enfrenta una etapa en la que la transparencia debe traducirse en decisiones verificables, tanto hacia la ciudadanía como al interior de la institución. La evaluación de Leiva sobre sus labores docentes representa una diferencia respecto de su antecesor, pero también instala una expectativa mayor sobre el estándar de probidad que aplicará a su propia gestión.
La pregunta central es si este cambio de conducción será capaz de establecer una cultura institucional basada en la independencia, el mérito y el respeto a los funcionarios, o si las prácticas cuestionadas durante la administración anterior seguirán condicionando el funcionamiento del Ministerio Público en La Araucanía.
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