El gobernador de La Araucanía valoró la ampliación de la querella del Consejo de Defensa del Estado contra su antecesor, Luciano Rivas, y otras 31 personas, en una causa que involucra cerca de $2.100 millones. La autoridad espera que el cambio de fiscal regional permita avanzar en las investigaciones y anunció que el Gobierno Regional insistirá en perseguir las responsabilidades y recuperar los recursos públicos.
El gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, volvió a cuestionar el ritmo de las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos del Gobierno Regional (GORE). Esta vez, sus críticas se produjeron tras la decisión del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de ampliar la querella en el denominado caso Fundación Local, acción que incluye a su antecesor en el cargo, Luciano Rivas, y a otras 31 personas.
Saffirio valoró la iniciativa del organismo estatal, que apunta a esclarecer eventuales responsabilidades en hechos vinculados con la transferencia de aproximadamente $2.100 millones. Al mismo tiempo, emplazó al Ministerio Público a imprimir mayor dinamismo a las investigaciones.
“Valoro la decisión del Consejo de Defensa del Estado de presentar una querella contra el exgobernador y otras 31 personas por los 2.100 millones de pesos que se investigan en la causa denominada Fundación Local”, señaló.
Sin embargo, el gobernador fue más allá y vinculó sus expectativas de avance con el cambio en la jefatura regional del Ministerio Público.
“Confío en que la llegada de un nuevo fiscal regional permita que la Fiscalía suelte el freno de mano que ha afectado el avance de estos procesos judiciales”, afirmó.
La declaración reabre el debate sobre el ritmo de las investigaciones por presuntas irregularidades en la administración y transferencia de recursos públicos en La Araucanía, así como sobre las expectativas de las autoridades regionales respecto de la actuación de los organismos persecutores.
Las críticas que ya había dirigido a la Fiscalía.
Las declaraciones de Saffirio no son aisladas. El gobernador ya había cuestionado la conducción de investigaciones relacionadas con transferencias del GORE a la Universidad Autónoma de Chile y había solicitado la remoción del entonces fiscal regional, Roberto Garrido, según los antecedentes expuestos en torno a esa controversia.
Ahora, con el cambio en la jefatura regional del Ministerio Público, la autoridad deposita sus expectativas en que las causas pendientes registren avances. No obstante, el desarrollo de las investigaciones depende de las diligencias, los antecedentes reunidos y las decisiones que correspondan a los órganos competentes.
La ampliación de la querella del CDE representa una nueva actuación judicial en el caso Fundación Local, pero no constituye por sí misma una determinación de culpabilidad respecto de las personas incluidas en ella. Las eventuales responsabilidades penales deberán establecerse conforme avance el procedimiento.
Recuperar los recursos públicos, el objetivo declarado.
Más allá de las críticas al Ministerio Público, Saffirio aseguró que el Gobierno Regional continuará impulsando las acciones destinadas a determinar responsabilidades y recuperar los fondos que, según sostiene, habrían sido objeto de un uso irregular.
“Como Gobierno Regional vamos a perseverar en la persecución de las responsabilidades civiles y penales, porque necesitamos recuperar el dinero defraudado que pertenece a toda la región”, puntualizó.
El gobernador también apeló al costo de oportunidad que representan los recursos comprometidos en la causa, al plantear que montos de esa magnitud podrían destinarse a responder a necesidades de la población regional.
“Los recursos para las necesidades, no para las amistades. De eso se trata, precisamente, hacer justicia”, concluyó.
La investigación por Fundación Local mantiene bajo escrutinio el destino de recursos públicos y las actuaciones de las personas eventualmente involucradas. El desafío institucional será esclarecer los hechos, determinar si existieron delitos y establecer las responsabilidades que correspondan, sin confundir las imputaciones con condenas.
En paralelo, la exigencia de recuperar fondos públicos plantea otra cuestión relevante: conocer qué mecanismos existen para restituir eventuales perjuicios fiscales y qué medidas pueden adoptarse para reforzar los controles sobre futuras transferencias.
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