La organización cuestionó la decisión del Gobierno de poner término a la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares (UBAFI), creada hace apenas cuatro meses para cumplir un mandato legal en materia de adopciones ilegales. Advirtió que la medida deja al Estado sin una estructura especializada para responder a las víctimas y llamó a revertir la resolución que desmanteló el equipo.
La decisión de la Subsecretaría de Derechos Humanos de poner término a la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI) generó una inmediata reacción de la Fundación Hijos y Madres del Silencio, organización que manifestó su «profunda preocupación e indignación» por el cierre de la instancia especializada creada en febrero de este año para abordar uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente del país.
Cabe mencionar que la UBAFI nació como una de las principales recomendaciones de la Mesa Interinstitucional sobre Adopciones Ilegales, impulsada por el propio Estado y tenía por misión coordinar la búsqueda de orígenes familiares, apoyar investigaciones administrativas solicitadas por los tribunales, entregar acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, coordinar el trabajo entre organismos públicos y avanzar en la implementación del Banco de Huellas Genéticas, considerado una herramienta clave para facilitar el reencuentro entre madres, hijos e hijas separados mediante adopciones ilegales.
Su creación, además, respondía a un mandato incorporado en la Ley de Reajuste del Sector Público 2026, que encomendó expresamente a la Subsecretaría de Derechos Humanos desarrollar investigaciones administrativas cuando fueran requeridas por el Poder Judicial.
Sin embargo, mediante la Resolución Exenta N°207, la Subsecretaría dejó sin efecto la creación de la unidad apenas cuatro meses después de su puesta en marcha, reasignando sus funciones a otra estructura administrativa.
Desaparece la capacidad del Estado para responder.
A través de una declaración pública, la Fundación Hijos y Madres del Silencio sostuvo que la decisión no elimina las obligaciones legales que el Estado adquirió, sino que deja sin el equipo técnico especializado encargado de cumplirlas.
«La UBAFI no fue creada como un gesto discrecional de buena voluntad del Estado. Su origen responde a un mandato legal explícito», señala la organización.
En ese sentido, advierte que la Resolución Exenta N°207 «no deroga esta obligación legal. Solo deja al Estado sin el equipo técnico necesario para cumplirla», recordando que funcionarios del propio Ministerio de Justicia ya habían advertido que, frente a futuros requerimientos judiciales, la Subsecretaría podría no contar con capacidad institucional suficiente para desarrollar las investigaciones administrativas, el acompañamiento psicosocial y la asesoría jurídica que exige la normativa vigente.
La organización manifestó además su preocupación por la paralización del Banco de Huellas Genéticas, cuya implementación formaba parte del trabajo inicial de la UBAFI y que hasta ahora no ha comenzado a operar.
Por ello, la Fundación solicitó al Gobierno revertir la resolución que puso fin a la unidad, restablecer el equipo especializado, poner en funcionamiento el Banco de Huellas Genéticas, transparentar las razones que motivaron el cierre de la instancia y garantizar que el Estado contará con la capacidad técnica y humana suficiente para cumplir las funciones que la ley le asigna.
Un contraste que preocupa.
La Fundación también llamó la atención sobre el momento en que se adopta esta decisión.
El cierre de la UBAFI coincidió con la entrega al Gobierno de Noruega del informe final de la Comisión de Investigación sobre Adopciones Internacionales (NOU 2026:7), un documento de más de 750 páginas que dedica un capítulo completo al caso chileno y concluye que existieron graves irregularidades en los procesos de adopción internacional desde Chile.
Entre sus antecedentes, el informe establece que 314 niños y niñas chilenos fueron enviados a Noruega entre 1985 y hasta 2016, la mayoría recién nacidos y, en gran parte, de origen Mapuche. Asimismo, concluye que las autoridades noruegas no debieron autorizar la continuidad de las adopciones provenientes de Chile durante la dictadura militar, debido a las condiciones existentes y a la información de la que disponían en ese momento.
El documento también identifica patrones ampliamente denunciados por las víctimas durante décadas: madres informadas falsamente de la muerte de sus hijos, resoluciones judiciales basadas en prejuicios sociales y étnicos, y antecedentes que podrían constituir conflictos de interés en la tramitación de algunas adopciones internacionales.
«El contraste no podría ser más elocuente: mientras un país receptor reconoce con rigor institucional los errores de su Estado, el país de origen de los niños y niñas adoptados desmantela la única unidad especializada en investigar lo ocurrido y ayudar a las familias a reencontrarse», sostiene la declaración.
Para la Fundación Hijos y Madres del Silencio, la decisión constituye una señal preocupante en momentos en que distintos países europeos avanzan en el esclarecimiento de estos hechos, mientras en Chile miles de madres, hijos e hijas continúan esperando respuestas sobre uno de los casos de vulneración del derecho a la identidad más extensos y dolorosos de las últimas décadas.
«Mientras Noruega reconoce, Chile cierra la puerta»
Fundación Hijos y Madres del Silencio hace pública su más profunda preocupación e indignación ante la decisión de la Subsecretaría de Derechos Humanos de poner fin a la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI), mediante la Resolución Exenta N°207 del 22 de junio de 2026.
Esta decisión se toma el mismo día en que el Comité de Investigación sobre Adopciones Internacionales de Noruega entregaba a su gobierno un informe final de más de 750 páginas, que dedica un capítulo completo al caso chileno. El contraste no podría ser más elocuente: mientras un país receptor reconoce con rigor institucional los errores de su Estado, el país de origen de los niños y niñas adoptados desmantela la única unidad especializada en investigar lo ocurrido y ayudar a las familias a reencontrarse.
El informe documenta que, entre 1985 y 2016, 314 niños y niñas chilenos fueron enviados a Noruega, la mayoría recién nacidos y de origen mapuche, tramitados en su gran mayoría a través del juzgado de menores de Temuco. El comité concluyó de manera categórica que “no fue apropiado conceder la autorización para la mediación a Chile en ese momento”, dado que el país se encontraba bajo dictadura militar y las autoridades noruegas tenían conocimiento de ello.
El documento describe patrones que esta Fundación ha documentado durante años a través del testimonio directo de nuestras madres: mujeres a quienes se les informó que sus hijos habían nacido muertos, sin que se les entregara jamás un cuerpo ni un certificado de defunción verificable. Resoluciones judiciales que describían a estas madres —pobres, jóvenes, en su mayoría indígenas— con lenguaje despectivo, atribuyendo su situación a un supuesto “atraso social y cultural”.
El informe revela, además, un hecho hasta ahora no conocido públicamente: el representante legal que gestionaba las adopciones desde Chile hacia Noruega —quien percibía hasta mil dólares por cada niño enviado al extranjero— otorgó un préstamo personal a la misma jueza que decidía qué niños podían ser declarados adoptables y a qué familia se les entregaba. El propio comité noruego calificó esta situación como un riesgo real de corrupción en el proceso.
LA OBLIGACIÓN LEGAL QUE EL ESTADO CHILENO DECIDE NO CUMPLIR
La Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares no fue creada como un gesto discrecional de buena voluntad del Estado. Su origen responde a un mandato legal explícito, establecido por la Ley de Reajuste del Sector Público 2026, que obliga a la Subsecretaría de Derechos Humanos a desarrollar investigaciones administrativas cuando el Poder Judicial lo requiera, junto con acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica a las víctimas. Esta obligación constituye, además, la vía institucional para dar cumplimiento al derecho a la identidad reconocido en los artículos 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990, así como al principio de subsidiariedad consagrado en el Convenio de La Haya de 1993.
La Resolución Exenta N°207 no deroga esta obligación legal. Solo deja al Estado sin el equipo técnico necesario para cumplirla. Como han advertido funcionarios del propio ministerio, basta un requerimiento judicial para que quede en evidencia que hoy no existe capacidad institucional para responder.
NUESTRAS EXIGENCIAS
Frente a estos hechos, Fundación Hijos y Madres del Silencio exige formalmente al Gobierno de Chile:
1. La reversión inmediata de la Resolución Exenta N°207 y el restablecimiento de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares, con los recursos humanos y técnicos necesarios para cumplir su mandato legal.
2. La puesta en marcha efectiva del Banco de Huellas Genéticas, comprometido desde febrero de 2026 y que, a la fecha, no ha comenzado a operar.
3. Una explicación pública y detallada de los criterios que llevaron a la Subsecretaría de Derechos Humanos a desmantelar esta unidad apenas cuatro meses después de su creación, y del destino de las funciones y casos que esta tenía en curso.
4. La revisión de los casos de adopciones hacia Noruega a la luz de los hallazgos del informe NOU 2026:7, en coordinación con la investigación penal actualmente a cargo del Ministro en Visita Alejandro Aguilar.
5. Garantías concretas de que la reasignación de funciones al gabinete de la Subsecretaría contará con capacidad real —no meramente nominal— para atender los requerimientos judiciales y las solicitudes de búsqueda de origen que la ley exige.
No es casualidad que esta decisión se tome justo cuando Europa comienza, país por país, a mirar de frente su responsabilidad histórica en este capítulo doloroso. Es, en cambio, una señal preocupante sobre las prioridades del Estado chileno frente a miles de familias que aún buscan respuestas.
Seguiremos exigiendo lo que corresponde: verdad, memoria, y que ninguna resolución administrativa pase por encima de una obligación legal hacia las víctimas.
FUNDACIÓN HIJOS Y MADRES DEL SILENCIO
«Por la verdad, la justicia y el derecho a la identidad»
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