Pese al pronunciamiento previo de la Corte Suprema, el Ministerio Público buscará comunicar el cierre de la investigación penal. No obstante, las defensas de los intervinientes solicitarán formalmente la reapertura de las indagatorias debido a diligencias pendientes.
El próximo jueves 9 de julio, el Ministerio Público intentará dar un paso decisivo para cerrar la investigación penal en contra del fiscal adjunto de La Araucanía, Luis Arroyo. A pesar de que la Corte Suprema rechazó previamente el sobreseimiento del persecutor —indagado por su presunta responsabilidad en los delitos de obstrucción a la investigación en el marco de la denominada «Operación Huracán«—, la Fiscalía insistirá en su facultad de no perseverar en el caso.
La causa estuvo marcada originalmente por cuestionamientos hacia su primer fiscal instructor, el ex fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien fue removido de su cargo tras verse involucrado en las filtraciones del caso «Audio» y enfrentar denuncias por presuntos sobornos. Ante este escenario, diversos intervinientes han cuestionado la profundidad y el rigor con el que se investigó penalmente a Arroyo y a otros altos mandos del Ministerio Público en la zona, respecto a la implantación de pruebas falsas que afectaron a comuneros mapuche y a un comunicador audiovisual.
Querella de capítulos ausente.
Actualmente, el caso está en manos del fiscal regional del Maule, Julio Contardo, quien asumió la conducción de las indagatorias. Durante su gestión, la causa penal en contra de Luis Arroyo no llegó a ser formalizada. De igual manera, hasta la fecha no se ha iniciado una «querella de capítulos», el requisito constitucional y procesal indispensable para levantar el fuero de un fiscal adjunto y poder proceder con una imputación formal en los tribunales.
Mediante un escrito ingresado al tribunal, el fiscal Contardo ratificó la citación para este jueves, donde se abrirá el debate tanto para las solicitudes de reapertura como para la postura de la Fiscalía:
«El tribunal fijó audiencia destinada a discutir las solicitudes de reapertura de investigación para el día 9 de julio de 2026 a las 09:00 horas (…) comprendiendo, en consecuencia, tanto la discusión relativa a las solicitudes de reapertura de investigación deducidas por los intervinientes, como la eventual comunicación de decisión de no perseverar por parte del Ministerio Público».
De materializarse esta última opción, implicaría que la Fiscalía, por el momento, declina seguir adelante con la persecución penal en contra de Arroyo al no contar con antecedentes suficientes a su juicio para fundar una acusación.
Defensas jugarán su última carta para reabrir el caso.
La postura del Ministerio Público encontrará una férrea oposición por parte de los querellantes y las defensas del caso. Los abogados Cristián Arias y Claudio Pavlic, representantes del ex general de Carabineros Gonzalo Blu Rodríguez —quien figura como imputado en la arista principal pero reclama la calidad de víctima en esta causa paralela—, ingresaron un requerimiento formal para exigir la reapertura de la investigación.
Los juristas argumentan que la Fiscalía cerró la etapa de instrucción de manera prematura, dejando pesquisas clave sin ejecutar:
«Venimos en solicitar a V.S. se fije audiencia para discutir la reapertura de la investigación (…), en especial, en atención a que la fiscalía no ha agotado todas las diligencias solicitadas oportunamente por los intervinientes en esta causa y que fueron ordenadas por este tribunal en su oportunidad».
Asimismo, el escrito de los defensores advierte que la decisión del Ministerio Público de bajar la cortina al caso contradice el espíritu de los fallos emitidos por el máximo tribunal del país:
«La comunicación del cierre de la investigación no se condice con lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en los Roles N° 11580-2024 y 11581-2024 (…) dejando en imposibilidad de concretar lo resuelto por el máximo tribunal».
Con este escenario, la audiencia del 9 de julio se anticipa compleja y clave. El Juzgado de Garantía deberá resolver si acoge los argumentos de las defensas para forzar a la Fiscalía a cumplir con las diligencias pendientes, o si concede el espacio para que el ente persecutor comunique su decisión de no perseverar, otorgando un respiro judicial al fiscal Luis Arroyo.
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