Familiares y comunidad hip hop cuestionan muerte de rapero “Vejetal” y exigen investigación imparcial.

Familiares y amigos de Gabriel Utreras denuncian que no han podido acceder a su cuerpo y cuestionan la decisión de calificar su funeral como de “alto riesgo”. También exigen que se esclarezcan las circunstancias en que el joven murió tras recibir disparos de Carabineros en el sector Maquehue, en Padre Las Casas.

La muerte de Gabriel Eduardo Utreras Sanhueza, conocido en la escena del hip hop de Temuco como “Vejetal”, no termina con los disparos que la noche del 17 de agosto acabaron con su vida en el sector Maquehue de Padre Las Casas. Para su familia, amigos y parte de la comunidad artística local, ahora comienza otra disputa: esclarecer las circunstancias del procedimiento policial y garantizar que puedan despedirlo dignamente.

Los familiares denuncian que, hasta ahora, no han podido ver el cuerpo de Utreras y que Carabineros les habría impedido retirarlo desde el Servicio Médico Legal (SML), argumentando que el funeral fue calificado como de “alto riesgo”.

La situación ha generado indignación entre quienes conocieron al músico, particularmente en la comunidad hip hop de Temuco, que cuestiona que la condición de “alto riesgo” termine, en la práctica, restringiendo el derecho de familiares y amigos a velar y despedir al fallecido.

Pero el cuestionamiento va más allá del funeral. La familia también exige una investigación que permita establecer, con independencia y mediante todas las diligencias necesarias, qué ocurrió aquella noche y si el uso de la fuerza policial se ajustó estrictamente a derecho.

Cuestionamientos a una conclusión anticipada.

Ana Parra, vocera de la familia, sostuvo que existen serias dudas respecto de la forma en que se desarrolló el procedimiento policial y cuestionó que, a pocas horas de la muerte, el Ministerio Público hubiese señalado que los disparos se enmarcarían en una situación de “legítima defensa”.

“Cuestionamos seriamente la forma en que se desarrolló este procedimiento y consideramos fundamental investigar una posible vulneración de derechos, así como el eventual uso indebido o desproporcionado de las facultades que entrega la ley”, afirmó.

Para la familia, el problema no es solamente lo ocurrido durante el operativo, sino también la rapidez con que se habría instalado una explicación sobre la actuación policial antes de que, según sostienen, se realizaran todas las diligencias destinadas a esclarecer los hechos.

“Nos preocupa especialmente que exista, a nuestro juicio, una investigación insuficiente, que a pocas horas de la muerte el Ministerio Público haya señalado que se trataría de una situación de legítima defensa, sin que, según la información que manejamos como familia, se hubiesen realizado todas las diligencias necesarias para aclarar lo ocurrido”, señaló Parra.

La vocera fue categórica al plantear la demanda familiar: “No aceptamos que se establezca una conclusión anticipada, sino una investigación completa, objetiva y transparente”.

El reclamo instala una pregunta central que, más allá de las versiones iniciales, deberá ser respondida por la investigación: ¿qué ocurrió exactamente durante el procedimiento y sobre qué antecedentes se sustenta la calificación de legítima defensa?

Del rap a la estigmatización.

La familia también acusa lo que considera una estigmatización de Utreras después de su muerte, cuestionando que se haya construido públicamente una imagen vinculada a la criminalidad.

Parra reivindicó, en cambio, la trayectoria de “Vejetal” dentro de la escena cultural de Temuco.

“Gabriel fue referente de la música, del rap a través de ella ayudó a muchos niños, niñas y adolescentes, entregando espacios de expresión, contención y oportunidades para sentirse parte de la sociedad”, sostuvo.

Desde esa perspectiva, la familia cuestiona que el relato sobre la muerte termine reduciendo la identidad de Utreras a las circunstancias del procedimiento policial que terminó con su vida, dejando en segundo plano su trayectoria y el trabajo desarrollado en torno a la cultura hip hop.

La disputa, por tanto, también es por la memoria: cómo será recordado Gabriel Utreras y quién tendrá la posibilidad de despedirlo.

“Solo queremos velar a nuestro amigo”.

La decisión de calificar el funeral como de “alto riesgo” ha provocado igualmente molestia entre integrantes de la comunidad hip hop de Temuco.

Alejandro Inostroza cuestionó que se impida a familiares y amigos realizar el velorio.

“No puede ser que no nos dejen velar a nuestro amigo. Nosotros lo único que pedimos es que nos dejen velar a nuestro amigo, nada más”, manifestó.

Inostroza cuestionó que autoridades policiales adopten decisiones sobre el funeral sin considerar, según señaló, la realidad de las organizaciones y personas que integran la comunidad.

“¿En qué mundo están viviendo? No conocen el barrio, no nos conocen a nosotros, no saben quiénes somos”, afirmó.

El dirigente insistió en que la comunidad pretende participar en la despedida y que la familia pueda ejercer su derecho a velar a Utreras de manera digna.

“¿Dónde están los derechos humanos de mi amigo? Eso es lo único que queremos”, expresó.

Según su relato, mientras existiría documentación que permitiría realizar el velorio, Carabineros les habría comunicado que no permitiría concretarlo en los términos que esperan los familiares y cercanos.

“Nosotros somos familia, vamos a reunirnos, vamos a conversar, vamos a presionar hasta el final para que nos entreguen el cuerpo y lo vamos a velar como familia, dignamente, como corresponde”, sostuvo.

Una muerte que exige respuestas.

El caso deja abiertas interrogantes que no pueden resolverse únicamente mediante declaraciones iniciales ni mediante la caracterización de un funeral como “de alto riesgo”. La muerte de un ciudadano durante un procedimiento policial exige establecer con precisión qué ocurrió, qué acciones desplegaron los funcionarios, qué nivel de fuerza utilizaron y cuáles fueron las circunstancias que precedieron a los disparos.

La calificación preliminar de legítima defensa tampoco debería confundirse con el cierre de una investigación. Precisamente porque se trata de una muerte provocada por agentes del Estado, la exigencia de esclarecer los hechos mediante una investigación objetiva, exhaustiva y transparente adquiere especial relevancia.

Mientras esas respuestas no estén sobre la mesa, para la familia y la comunidad que conoció a “Vejetal” persisten dos preguntas fundamentales: qué ocurrió realmente la noche del 17 de agosto y por qué, después de su muerte, se les estaría dificultando incluso despedirlo.

La familia dice que no pide privilegios. Pide conocer la verdad y poder velar a Gabriel Utreras como corresponde.

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